El Govern de Salvador Illa encara el otoño político más delicado de la legislatura. Las cuentas de 2026 siguen sin atar y la hipótesis de una prórroga presupuestaria ha dejado de ser un rumor de pasillo. La negociación con ERC y los comunes mantiene abiertos dos frentes que tocan la línea de flotación del soberanismo y de la izquierda: la financiación singular y la vivienda. Un escenario que, según Vozpopuli, va camino de consolidarse.
Los socialistas aprobaron sus primeros Presupuestos tras una negociación dilatada con Esquerra. Los republicanos habían tumbado la primera tentativa de Illa situando la cesión del IRPF como línea roja, y poco después dieron luz verde a cambio de otras piezas de soberanía: la musculación de la Hacienda catalana y la gestión de la Zona Franca de Barcelona.
Pero a la vuelta del verano, el PSC debe cumplir las promesas efectuadas a Oriol Junqueras. La principal es la obtención de la llamada financiación singular con su elemento más polémico, el principio de ordinalidad: las comunidades que más impuestos pagan nunca reciben menos que las que aportan menos, independientemente de las necesidades. Es una rara avis en el escenario internacional, solo aplicada en Suiza, y su menoscabo a la solidaridad interterritorial lo convierte en un asunto espinoso.
Primero debe aprobarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera este septiembre. Después la reforma legal tendrá que pasar por el Congreso, donde Junts, receloso de otorgar un activo semejante a ERC, podría acabar tumbándola. El partido de Carles Puigdemont no quiere regalarle a Esquerra una victoria estructural que consolide su espacio soberanista.
El Ejecutivo de Illa ha sido acusado de haber adoptado el nacionalismo gradualista de la antigua Convergència y de multiplicar los guiños a Jordi Pujol. Pero las diferencias con CiU son notables: el caos en la gestión del ecuador de la legislatura, con Rodalies ralentizada y los docentes en guerra, no rima con la era convergente.
Hemos revisado el calendario que maneja el Palau de la Generalitat. Sin una aprobación exprés, Cataluña no verá a corto plazo los 5.000 millones adicionales que, según el acuerdo, llegarían con el nuevo sistema. Ese montante es, tal vez, el principal argumento para acallar a la facción crítica de ERC que reniega de los pactos con los socialistas.
El otoño de Illa no se mide en presupuestos, sino en la capacidad de convertir cesiones políticas en calendario cierto.
La última palabra la tendrá ERC. Y, por ahora, no descarta validar unas segundas cuentas a Illa siempre que los socialistas materialicen la nueva financiación antes de que acabe el año. No está garantizado en absoluto.
Dejémoslo en un ‘ya veremos’.
La vivienda, el otro frente abierto con los comunes
La prohibición de la compra especulativa de vivienda fue la cesión con la que el PSC logró el aval de los comunes. La medida limita a los grandes tenedores la compra de inmuebles si no se destinan a residencia habitual. Sin embargo, el Consell de Garanties Estatutàries la juzgó incompatible con la Constitución. Técnicamente, consideró que la medida colisionaba con derechos constitucionales de los propietarios.
Ahora, socialistas y ecosocialistas deben hallar una fórmula que no conculque los derechos de los propietarios. La vivienda es el principal campo de batalla de los comunes y ningún pacto de Presupuestos puede darse por cerrado sin resolver ese flanco. El Govern necesita reformular la cesión sin perder el apoyo de los comunes, un equilibrio complicado.
El otoño político de Illa: por qué la prórroga ya no es un escenario menor
El Govern ha vivido la primera mitad de la legislatura con una dependencia acusada de sus socios. Las decisiones parecen diseñadas para complacer a ERC y a los comunes. Las diferencias con la vieja CiU son notables, sobre todo en gestión: las incidencias en Rodalies y la conflictividad docente no riman con la era Pujol.
En este contexto, la prórroga presupuestaria emerge como el escenario más probable si la financiación singular no se materializa antes de final de año. Los republicanos no quieren negociar en vísperas de las municipales, pero su disposición a validar segundas cuentas está condicionada a hechos concretos. No basta con con promesas.
La comparativa con otras comunidades es elocuente: el principio de ordinalidad implicaría que Cataluña no reciba menos de lo que aporta, un planteamiento que choca con el modelo territorial común. Es un debate que trasciende al Palau de la Generalitat y pone presión directa sobre el Gobierno central y sobre Moncloa.
La presión sobre Moncloa es directa. Si Illa no logra arrancar compromisos claros en financiación, la legislatura catalana se complica y el PSOE puede ver erosionado el flanco catalán justo cuando mide fuerzas con el Gobierno central.
El próximo Consell Executiu y la comisión bilateral prevista para después del verano serán los termómetros. La legislatura no está rota, pero una prórroga de las cuentas abriría un segundo curso político con más ruido que obra.
