Renfe y Adif mantienen las instalaciones ferroviarias de Ourense con chatarra y maleza, pese a su certificación ambiental ISO 14001. La denuncia la publica La Región y pone cifras al contraste: 600 millones de euros invertidos en estaciones gallegas.
Un pasivo ambiental que viene de medio siglo
Hace medio siglo, La Región ya denunciaba los vertidos de Renfe sobre el río Miño: restos de aceite de las locomotoras diésel formaban un reguero de contaminación, desde el entorno de la estación hasta el cauce, visible desde el Puente Nuevo incluso sin bajarse del coche.
Aquel episodio no fue el único. En abril de 2008, un vertido de 55.000 litros de gasoil procedente de los depósitos de la estación de Ourense alcanzó la red de saneamiento urbano y acabó en la depuradora de la ciudad, que evitó con su filtrado un desastre ambiental en el Miño; aun así, parte del combustible pasó al río.
El caso más reciente con sentencia se remonta a agosto de 2020. Varios vagones de un tren de mercancías descarrilado en Sobradelo, en Carballeda de Valdeorras, fueron arrojados al Sil por operarios que trabajaban en la reparación de la línea. Un vídeo grabado por uno de ellos se hizo viral, y Adif fue condenada a pagar 10.000 euros a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y 45.000 a la Consellería de Medio Ambiente (la consejería autonómica de medio ambiente de la Xunta), además de retirar el material y restituir el cauce.
El paisaje del abandono se extiende también a las vías. Ocho incendios atribuidos a un mismo tren de mercancías durante el pasado mes de julio afectaron a los municipios de Ourense, Punxín, Amoeiro y Maside. La rápida intervención evitó una tragedia como la ocurrida once años antes en Boborás, que calcinó 180 hectáreas y por la que Renfe y Adif fueron condenadas por su responsabilidad.
El colofón está en O Carballiño, donde Renfe, con la complicidad de Adif, acumula vagones de mercancías fuera de uso y trenes desechados. Algunos de los viejos automotores alquilados a Portugal se han convertido en chatarra y acentúan un aspecto siniestro en estaciones donde la maleza y el material abandonado se acumulan.
La certificación ambiental de Renfe y Adif no se traduce en una política de mantenimiento coherente en Ourense.
La paradoja de invertir sin mantener
Ambas empresas públicas cuentan con la ISO 14001 de gestión ambiental. Sin embargo, el expediente ourensano muestra que la norma no se aplica con el mismo rigor en el mantenimiento diario de las vías. El texto de La Región apunta que los planes de prevención de incendios de Renfe y Adif se activan cada verano, pero se quedan a medias: los trenes herbicidas secan la materia vegetal con productos químicos y, después, no se retira ese material, que se convierte en combustible peligroso durante los episodios de sequía.
La maleza y la chatarra elevan el riesgo de incendio. Los 600 millones invertidos en estaciones gallegas no impiden que parte del material ferroviario fuera de servicio siga convirtiendo la red en un pasivo ambiental. El contraste es especialmente llamativo en una comunidad que disputa a Madrid el trazado del AVE y la modernización de la red convencional.
El Laboratorio Gallego
Galicia asiste a esta situación desde una posición política singular. PPdeG (el Partido Popular de Galicia, la formación gobernante con mayorías absolutas consecutivas desde 2009) gobierna la Xunta de Galicia (el gobierno autonómico gallego, con sede en Santiago de Compostela), mientras el BNG (el Bloque Nacionalista Galego, primera fuerza de la oposición) ejerce como principal partido de la oposición. La reivindicación de infraestructuras ferroviarias es un eje recurrente en el Parlamento de Galicia (la cámara legislativa gallega, con 75 diputados), al margen de siglas, y Ourense se ha convertido en un símbolo de las promesas pendientes del AVE.
PSdeG (el Partido Socialista de Galicia, la federación gallega del PSOE) y el BNG compiten por capitalizar el malestar ourensano, mientras el Gobierno central defiende que la inversión ferroviaria en Galicia es una de las más altas de los últimos años. La lectura nacional es directa: Renfe y Adif son empresas estatales, y lo que ocurre en Ourense abona la tensión sobre si la España del noroeste recibe la financiación prometida.
La proyección inmediata no pasa por una votación concreta, sino por la revisión de los planes de prevención de incendios de cara al próximo verano y por la vigilancia del Ministerio de Transportes sobre el cumplimiento de las sanciones. Si las carencias se repiten, la conversación sobre el abandono ferroviario gallego volverá al debate nacional en cuanto ardan las primeras hectáreas.
Ficha del Caso
- El caso: Renfe y Adif acumulan en Ourense material ferroviario fuera de servicio, maleza y residuos pese a la certificación ISO 14001 y a la inversión de 600 millones en estaciones gallegas.
- Datos importantes: Vertido de 55.000 litros de gasoil en 2008; multas de 10.000 y 45.000 euros por el caso del Sil en 2020; ocho incendios en julio de 2026; 180 hectáreas calcinadas en Boborás.
- Resumen: La brecha entre inversión y mantenimiento alimenta el debate sobre la deuda ferroviaria con Galicia y el riesgo ambiental de la red.
