El nuevo pacto entre el PP y Vox en Castilla y León incorpora la ‘prioridad nacional’ y más colaboración público-privada en la prevención de incendios. El acuerdo, rubricado a principios de junio, suma 19 ejes y 324 medidas en 62 páginas.
Qué incluye el pacto y qué defiende Vox
El texto reproduce los grandes ejes de Aragón y Extremadura, pero consolida un reparto de poder relevante: dos vicepresidencias, una por partido, y diez consejerías, siete para el PP y tres para Vox. Carlos Pollán asume una de las vicepresidencias. Vox dirigirá Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, y Cultura, Turismo y Deporte.
El acuerdo llega después de la ruptura del pacto de gobierno de 2022, disuelto a los dos años. Aquella experiencia dejó lecciones: el PP exigió esta vez fórmulas cerradas en inmigración y Vox aceptó dejar fuera asuntos que dificultaban la gestión. El resultado es un documento en el que la palabra ‘estabilidad’ se repite como hilo conductor.
Dentro de la consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Vox gestionará inmigración, juventud y cooperación al desarrollo. La exclusión de la gestión de incendios de la consejería de Agricultura evita un choque directo con las demandas de los bomberos, pero mantiene la impronta de Vox en la política ambiental.
El apartado de inmigración es la pieza central del pacto. El documento recoge de forma literal: ‘No más menores extranjeros no acompañados (MENAS). Rechazo frontal a la política de inmigración del Gobierno central’. A ello se suman la verificación de edad, la supresión de subvenciones que favorezcan la inmigración irregular y la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos.
La ‘prioridad nacional’ vertebra el capítulo social. Vox sostiene que los recursos públicos deben atender primero a los españoles y a quienes residen legalmente, ante la saturación que el propio Alfonso Fernández Mañueco reconoció con datos: 130 plazas y 186 menores no acompañados, por encima de la capacidad disponible.
La ‘prioridad nacional’ se consolida como criterio de gobierno: ya no es una propuesta periférica de Vox, sino una cláusula que el PP firma.
Críticas sindicales y el debate sobre los incendios
Los sindicatos reaccionaron con dureza. Óscar Lobo, secretario general de UGT, denunció un ‘falso problema’ en torno a la inmigración y criticó la reducción al 50 por ciento de las subvenciones a los sindicatos. Lobo recordó que la justicia ya obligó a la Junta a revertir esa medida tras el pacto de 2022.
El sindicato defiende que la inmigración no es el problema en uno de los territorios más despoblados de la Unión Europea. Vox, en cambio, lo sitúa como una cuestión de capacidad y orden público, no de ideología. La disputa no es nueva: en 2022 el recorte sindical ya acabó en los tribunales.
En prevención de incendios, el acuerdo apuesta por incrementar ‘de forma efectiva la colaboración público-privada’ para la limpieza, el mantenimiento y la repoblación forestal. Vox asume Política Ambiental, pero la gestión de incendios queda en manos del PP. Las asociaciones de bomberos forestales reclamaban un operativo cien por cien público tras las 172.000 hectáreas quemadas el verano anterior.
El pacto tampoco incluye referencias al aborto, a la ley de violencia de género ni a los derechos LGTBIQ+. Sí prevé bonificaciones fiscales para ‘víctimas de violencia contra la mujer’. Esa ausencia no es casual: Vox prioriza las medidas de control migratorio y de prioridad social que considera más rentables para su electorado.
La estrategia: un modelo exportable al resto de España
Manuel Gavira, líder de Vox en Andalucía, calificó el pacto de ‘magnífico acuerdo’ y avisó de que ‘Andalucía no puede ser menos’. La frase condensa la estrategia: cada pacto autonómico sirve de precedente y de presión sobre el PP de cara al próximo ciclo electoral.
La dirección nacional de Vox observa un dato de fondo: Génova ya no discute la entrada de sus socios en los gobiernos autonómicos, sino el grado de concreción de sus medidas. La ‘prioridad nacional’ y el control migratorio han dejado de ser propuestas excéntricas para convertirse en cláusulas de gobierno. Castilla y León normaliza un modelo que el partido quiere extender a otras comunidades.
