Manuel Gavira exige revisar el pacto de Gobierno PP-Vox en Andalucía por la acogida de menores migrantes de Ceuta.
La petición se ha formalizado este lunes mediante la solicitud de convocatoria de la comisión de seguimiento del acuerdo, según la información publicada por elDiario.es Andalucía. El dirigente de Vox en la comunidad y vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía considera que la crisis migratoria de Ceuta obliga a revisar los términos del documento firmado hace poco más de un mes.
Gavira ya advirtió a principios de agosto que Andalucía no recibiría a esos menores. Lo resumió con una frase directa: ‘Que vuelvan con sus padres’. Ahora reclama que el pacto se interprete con firmeza tras la entrada irregular de unos 80.000 inmigrantes en Ceuta, con 145 fallecidos en el Estrecho y cerca de 5.000 personas en situación de calle, según las cifras oficiales citadas por la misma información.
El acuerdo entre PP y Vox recoge de forma expresa ‘no más MENAS’ —menores extranjeros no acompañados— y compromete a la Junta a oponerse por todos los medios, también legales, a su llegada. Eso sí, el propio párrafo matiza que el Ejecutivo autonómico cumplirá la legalidad vigente. Sobre esa dualidad se mueve ahora la negociación interna.
El detonante ha sido el respaldo del Gobierno andaluz a la ayuda extraordinaria de 25 millones de euros propuesta por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para atender a los menores llegados a Ceuta. Vox considera que ese gesto anticipa una aceptación del reparto que el pacto rechaza. El Gobierno central no ha comunicado aún a la Junta cuántos menores enviará a Andalucía.
La respuesta del Gobierno andaluz y el choque de lecturas
La reacción del PP andaluz no ha tardado en llegar. Antonio Sanz, vicepresidente primero y consejero de Presidencia, ha negado que exista ‘ningún conflicto real’ con los socios de Vox. Lo ha hecho tras la petición pública de convocatoria urgente de la comisión de seguimiento formulada por Gavira.
El pacto PP-Vox mide ahora su consistencia: para el PP es normalidad; para Vox, una prueba de firmeza ante la acogida de menores.
La portavoz del Ejecutivo, Carolina España, ha respondido a cinco preguntas sobre la convivencia en el seno del Gobierno y ha asegurado: ‘De momento, no tenemos tensiones entre los socios de gobierno y esperemos que así siga’. La Junta, sin embargo, no ha concretado cuántas plazas de acogida tiene disponibles ni cuántas están ocupadas.
El clima político se amplía este martes con una izada de bandera convocada por la presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, en solidaridad con Ceuta. Las formaciones de izquierda han anunciado que no acudirán por considerar que PP y Vox instrumentalizan la crisis.
La lectura estratégica: Vox marca perfil ante el PP
La exigencia de Gavira no es un gesto aislado. Es la primera fricción pública del pacto de Gobierno PP-Vox en Andalucía y responde a un patrón que la formación de derecha nacional ha venido aplicando en otras comunidades: utilizar los acuerdos de coalición como correa de transmisión de su discurso migratorio. En este caso, la presión se dirige al PP de Andalucía para que no se deslice hacia el marco del Gobierno central. Es una reivindicación política que va más allá de la comisión de seguimiento.
El precedente es claro: el acuerdo se firmó hace poco más de un mes y ya se enfrenta a su primera prueba de fuego por una crisis humanitaria imprevista. La dirección de Vox entiende que no convocar la comisión de seguimiento equivaldría a vaciar de contenido el documento. La portavoz de la Junta ha insistido en que se cumplirá el acuerdo y la ley; Vox rechaza que ambas cosas entren en contradicción.
Mientras tanto, el Ejecutivo de Moreno gana tiempo y evita posicionarse sobre el reparto de menores. La próxima reunión de la comisión de seguimiento será el termómetro real del pulso. De su resultado depende no solo la legislatura andaluza, sino la credibilidad de futuros acuerdos territoriales con Vox. Vox lo ha dejado claro desde el primer minuto.
