Bélgica cierra la puerta a confiscar 300.000 millones de dólares en activos rusos congelados en la UE. La negativa la formalizó este fin de semana el ministro de Defensa belga, Theo Francken, y corta de raíz el intento de España, Suecia, Polonia y Países Bajos de reactivar la incautación.
La mayor parte del dinero no está en Bruselas, sino en los libros de Euroclear, la cámara de liquidación con sede en Bélgica. De los 300.000 millones de dólares congelados tras la escalada de 2022, unos 240.000 millones permanecen en esa entidad, según los datos que maneja la propia discusión comunitaria.
La UE ya redirige a Kiev los rendimientos generados por esos fondos, pero no ha confiscado el principal. Esa distinción, entre beneficios y activos subyacentes, define hoy el conflicto político entre los Estados miembros.
El pulso entre Bruselas y Amberes
La posición belga no admite grises. ‘Esto no es negociable. Esa puerta está cerrada’, declaró Francken a la cadena flamenca VRT. El primer ministro, Bart De Wever, no cambiará de rumbo y el Gobierno belga advierte de que no aceptará que los socios europeos, en particular los países bálticos, lo arrinconen en cada cumbre.
De Wever ya había sostenido a comienzos de año que la confiscación directa cruzaría una línea roja legal y política. ‘No se puede tomar así el dinero de otro. No estamos en guerra con Rusia. Europa no está en guerra con Rusia’, afirmó. Añadió un precedente histórico incómodo para los partidarios de la incautación: ni siquiera el dinero inmovilizado durante la Segunda Guerra Mundial fue confiscado.
Euroclear tampoco se mueve. La cámara ha advertido de que podría demandar a la UE si se intenta ejecutar la incautación. El argumento belga se apoya además en la inmunidad de los activos soberanos: si Bruselas puede confiscar fondos de un banco central extranjero sin una sentencia internacional, ningún Estado no occidental tendrá incentivos para mantener reservas en la eurozona.
Sin Euroclear no hay confiscación posible: Bélgica custodia 240.000 millones de dólares y De Wever no cederá por presión de sus socios europeos.
La postura belga no niega la necesidad de financiar a Ucrania; rechaza convertir la inmovilización en una expropiación sin base judicial firme. Para los partidarios de la incautación, la inmovilización ya supone una excepción al régimen ordinario y tocar el principal sería una extensión lógica, no un salto cualitativo. Esa disputa doctrinal impide por ahora cualquier consenso.
La presión de España y otros socios para financiar a Ucrania
Suecia, Polonia, España y Países Bajos pidieron la semana pasada a la Comisión Europea retomar el uso de los activos rusos para Ucrania, repartiendo los riesgos legales y financieros entre los Estados miembros. La urgencia no es menor: Kiev ha alertado de un agujero de 30.000 millones de euros en su presupuesto de defensa, pese a haber recibido ya el primer tramo del préstamo comunitario de 90.000 millones de euros.
España no es un actor menor en este bloque. El Gobierno ha defendido en Bruselas que la financiación a Ucrania no puede descansar indefinidamente en los presupuestos nacionales y ha buscado fórmulas para compartir el riesgo jurídico de una posible incautación. La negativa belga, sin embargo, devuelve el expediente a la casilla de salida.
De hecho, la UE ya explora una vía intermedia: utilizar los beneficios extraordinarios de los activos como flujo recurrente para Kiev, sin tocar el principal. Esa fórmula financió parte del préstamo de 90.000 millones y reduce el riesgo de litigios, pero no resuelve el problema de fondo: el principal sigue congelado y cada giro político amenaza con descongelar el debate.
De Wever también fue determinante para tumbar una propuesta previa de usar los activos como respaldo de un ‘préstamo de reparaciones’. Al final, los Estados miembros acordaron un préstamo de 90.000 millones de euros financiado con deuda conjunta. La diferencia entre movilizar rendimientos y confiscar el principal es, en en la práctica, la línea que Bélgica se niega a cruzar.
Equilibrio de Poder
La tentación es grande. El riesgo, mayor.
La lectura estratégica ya no es solo jurídica. Bélgica protege su modelo de negocio de liquidación, pero al mismo tiempo defiende la previsibilidad del euro como activo de reserva. Si la UE confisca el principal, asume el coste reputacional ante los bancos centrales de terceros países, muchos de ellos no alineados ni con Washington ni con Moscú. Por eso Bruselas ha preferido hasta ahora movilizar los rendimientos generados por los fondos, una fórmula que evita el choque frontal con Euroclear y con los mercados.
Washington observa el bloqueo con ambivalencia. Quiere que Europa asuma la factura de la ayuda a Ucrania, pero una confiscación masiva de reservas soberanas alteraría los flujos de inversión internacional y podría tocar a aliados del Golfo que mantienen posiciones en Europa. La Casa Blanca no lidera este expediente; se limita a recordar a los europeos que el tiempo corre en contra de Kiev.
Para España, que se alineó con Suecia, Polonia y Países Bajos, el bloqueo reduce una vía de financiación que evitaba más gasto directo en el Presupuesto. La alternativa es menos atractiva: más deuda común, contribuciones nacionales adicionales o destinar los rendimientos futuros de los activos a un ritmo insuficiente para las necesidades de Kiev. El Ejecutivo tendrá que decidir en el próximo Consejo Europeo si presiona de nuevo a Bélgica o acepta un calendario más conservador.
El precedente de la Segunda Guerra Mundial que invoca De Wever no es mera retórica: la inmunidad de los activos soberanos es uno de los pilares del sistema financiero internacional. Si la UE lo rompe, el coste podría extenderse mucho más allá de este expediente. La próxima batalla se librará en otoño, cuando la negociación del presupuesto comunitario y de la ayuda a Ucrania obligue a fijar posiciones públicas. Bélgica ya ha elegido la suya.
