La huelga educativa en Cataluña marca el primer día de curso con una protesta que los sindicatos mantienen contra el Govern. La convocatoria de este lunes 7 de septiembre no era la opción favorita de muchos docentes en los pasillos, pero ha logrado centrar el debate: el curso no arranca con normalidad.
La Consejería de Educación y FP defiende un esfuerzo presupuestario que califica de histórico: ha movilizado más de 2.600 millones de euros entre los acuerdos de marzo y mayo. Esa cifra incluye un plus de 700 euros anuales por docente y la incorporación de más de 6.400 profesionales para reforzar la educación inclusiva en cuatro años. La administración pide confianza y tiempo. La calle docente no concede ninguna de las dos cosas.
Una huelga que compite con el fiasco de PISA
El estreno del calendario escolar llega, además, con el fiasco de PISA como telón de fondo. Un error no subsanado —pese a los siete avisos que dio el Ministerio de Educación— dejó fuera de la muestra al 23% del alumnado con alguna dificultad, y los resultados de Cataluña ya no serán comparables. La OCDE publica este martes, 8 de septiembre, unas pruebas que Cataluña no podrá utilizar. El cese de la número dos de la Consejería de Educación y FP por aquel episodio ya anticipó la dureza del golpe.
Las novedades académicas de este curso también vienen impuestas por la vía judicial. En 4.º de ESO quedan prohibidos los ámbitos y todas las materias curriculares deberán ofrecerse de forma independiente. El alumnado tendrá que elegir entre Matemáticas A y B, según el bachillerato que quiera cursar. En Bachillerato, el Treball de Recerca deja de valer un 10% de la nota global y pasa a computar como cualquier otra materia. A eso se suma la prohibición del uso de la inteligencia artificial en el aula hasta los 14 años y la introducción del permiso parental para utilizarla entre los 14 y los 18.
El ‘no’ que deja a Ustec en tierra de nadie
El centro del conflicto, sin embargo, no está en el currículo: está en la relación entre el Govern y el profesorado. Ustec, el sindicato mayoritario, había firmado el preacuerdo de mayo con la Consejería. La consulta a las bases lo tumbó con un 65% de votos en contra. Los docentes consideraron que la propuesta era insuficiente y que los parches no bastaban para gestionar la complejidad de las aulas.
Ese ‘no’ se gestó en las asambleas de centro, coordinadas por la Assemblea Educativa de Catalunya (AEC), un actor clave que ya comparte interlocución con la Consejería y que acudió a la reunión del jueves junto a Ustec y la CGT. Para Ustec, el resultado ha sido incómodo: después de defender el acuerdo durante cuatro días ante sus bases, la victoria del ‘no’ le obliga a volver a la calle codo con codo con quienes le llamaban ‘vendido’. La lectura política es que aquel resultado no solo censuraba el pacto, sino también la hoja de ruta de la dirección sindical.
La huelga no es solo salario: el profesorado pide un cambio profundo en la organización de las aulas.
Recursos, aulas y modelo lingüístico: la tensión de fondo
Las demandas que los convocantes ponen encima de la mesa sitúan al Govern ante una reivindicación de máximos: el blindaje del modelo de escuela catalana y la inversión del 6% del PIB en educación, tal y como recoge la Llei d’Educació de Catalunya (LEC, Ley de Educación de Cataluña). La reivindicación no es nueva, pero reaparece con una intensidad inusual al inicio del calendario escolar, justo cuando la Generalitat intenta vender que la etapa de los recortes ha terminado.
La Consejería insiste en que la recuperación es real. En 2026 asegura que se recuperan niveles de inversión en centros que no se veían desde 2008, con 237 millones de euros destinados a infraestructuras educativas. Ha creado, además, un mapa de recursos educativos en el que, centro a centro, se pueden consultar las mejoras en plantilla, infraestructuras y atención a la inclusión.
Ahí aparece el choque de relatos. El Govern pide tiempo para desplegar los acuerdos de marzo y mayo; los sindicatos responden que el malestar se resuelve con recursos y con una reorganización de la jornada docente. La situación no es nueva: el primer día de curso se ha convertido en el escaparate de un sistema que arrastra años de desinversión. La mayoría de los docentes consultados confiesa que el actual ritmo de mejoras no resuelve la complejidad cotidiana de las aulas. En esta redacción entendemos que la huelga funciona como termómetro de un descontento que ni la administración ni el sindicato mayoritario logran medir con precisión.
A esa tensión se suma el factor térmico. El Govern ha reservado 20 millones de euros para instalar ventiladores fijos en casi 400 centros y 100 millones de euros para sistemas de climatización de frío y calor. Las temperaturas al inicio del curso ya no son cosa del pasado y la sensación en los claustros es que la climatización llega tarde. En paralelo, el sistema espera la decisión del Tribunal Constitucional sobre el modelo lingüístico catalán aprobado en 2022 para evitar la aplicación general del 25% de castellano. La sentencia no es menor: el blindaje de la escuela 100% en catalán figura entre las exigencias de los convocantes de la huelga.
El curso será recordado, según cómo evolucionen las cosas, como aquel en el que la escuela pública perdió a parte de sus docentes o como el de la regulación de la inteligencia artificial en las aulas. Por ahora, la huelga ha servido para que el inicio del curso hable más de condiciones laborales que de pedagogía.
La próxima cita relevante llega este martes, con los resultados de PISA y la lectura política de un sistema que no quiere medirse solo por el conflicto. Los docentes, mientras tanto, vuelven a las aulas este lunes con la protesta como mensaje. El curso 2026 ha empezado exactamente como temía la Consejería: con la escuela como debate y las aulas como escenario.
