La confrontación política entre el Gobierno central y las comunidades autónomas ha dejado de librarse solo en los plenos y las conferencias de presidentes para instalarse en el Tribunal Constitucional. En los últimos meses, Moncloa ha plantado varios recursos contra normas autonómicas aprobadas por mayorías de PP y Vox, mientras que algunas regiones gobernadas por el Partido Popular han hecho lo propio con leyes estatales. Esta lista reúne tres de esas disputas, elegidas no por su visibilidad mediática, sino porque muestran con claridad cómo el choque institucional se ha convertido en una batalla por el relato y por el margen de decisión de cada administración.
El criterio que ordena estas tres batallas es temático y, a la vez, simbólico. No se trata de cualquier recurso técnico: cada uno toca un eje central del debate público, desde la memoria histórica hasta el derecho a la vivienda y la ordenación del territorio. En los tres casos subyace una misma pregunta: hasta dónde llega la legislación básica del Estado y dónde empieza la competencia autonómica. Y en los tres, detrás de los argumentos jurídicos asoman proyectos políticos opuestos, lo que convierte al Constitucional en árbitro de una contienda que desborda lo puramente normativo.
2El polvorín inmobiliario: la insumisión con la Ley de Vivienda
Si la memoria democrática es la batalla ideológica, la vivienda es la guerra en espejo: aquí no es Moncloa quien recurre una norma autonómica, sino las comunidades del PP las que intentaron tumbar ante el Tribunal Constitucional la ley estrella del Ministerio de Vivienda. La operación fracasó en lo esencial. El TC avaló los topes al alquiler en zonas tensionadas y, en febrero de 2026, desestimó el último asalto, el de la Comunidad de Madrid contra once apartados de ocho artículos, después de resolver los de Andalucía, Cataluña y Baleares. A los recurrentes solo les concedió la anulación del trámite que obligaba a los grandes tenedores a acreditar la vulnerabilidad del inquilino antes de un desahucio, por chocar con la tutela judicial efectiva. Agotada la vía, Moncloa blande los fallos como aval y reclama a las autonomías que aparquen sus intentos de zancadillear la norma.
La insumisión, eso sí, persiste y se ha vuelto pasiva: la ley dejó en manos de las comunidades la potestad, no la obligación, de declarar zonas tensionadas, y las autonomías del PP se niegan en redondo. El Gobierno contraataca con una partida de 35 millones en incentivos y el cálculo de que solo en Madrid un millón de inquilinos y pequeños caseros pagarían menos si se aplicara. El mapa es de dos velocidades: Cataluña, con 271 municipios, País Vasco, Navarra y Galicia contienen rentas; el resto, no. Mientras, los precios acumulan una subida cercana al 30% desde 2023 y el alquiler de temporada, fuera del paraguas de la norma, copa el 40% de los anuncios —el 63% en Cataluña—, la vía de escape que Moncloa ya persigue peinando decretos autonómicos de vivienda turística y suelo. Hecha la ley, hecha la trampa: el choque competencial ha derivado en una guerra de relatos sobre quién alimenta el colapso del alquiler.
