La Casa Blanca estudia invocar la Ley de Producción de Defensa para ampliar la capacidad de refino de Estados Unidos, una vía legal que no se ha utilizado nunca con ese propósito desde 1950.
Una ley de 1950 que nunca se ha usado para ampliar el refino
La administración de Donald Trump evalúa cómo emplear la Defense Production Act (DPA) para reforzar una industria que opera prácticamente al límite. En la semana que terminó el 4 de septiembre, las refinerías americanas funcionaron al 97,8% de su capacidad, según datos de la Energy Information Administration (la agencia estadística energética de Estados Unidos). El objetivo de de fondo es claro: aumentar la oferta de gasolina y diésel en un mercado con precios disparados.
El movimiento no está decidido. Según fuentes anónimas citadas por Reuters, en una reunión reciente los directivos de refino dijeron a los funcionarios que el dinero federal debería destinarse a mejorar o ampliar plantas existentes, no a construir una refinería nueva. Una instalación desde cero costaría bastante más y tardaría años en completarse, advirtieron.
Diésel por encima de seis dólares y el bloqueo del estrecho de Ormuz
Los números explican la urgencia. El diésel promedió 6,06 dólares por galón el viernes, la primera vez que la media nacional supera los seis dólares, frente a los 5,85 dólares del 4 de septiembre y los 3,71 dólares de hace un año, según la AAA. La gasolina regular se situó en 4,29 dólares. Donald Trump afirmó el miércoles que los precios del petróleo no bajarán antes de las elecciones legislativas de noviembre.
El contexto geopolítico presiona el mercado. Irán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz desde que comenzó la guerra el 28 de febrero. Ese paso transportaba alrededor de una quinta parte del petróleo y de los productos petrolíferos que consumía el mundo en 2024 y principios de 2025, según la agencia energética.
Washington está activando herramientas de economía de guerra para un mercado energético que el presidente considera parte de la seguridad nacional.
Hay un proyecto concreto en liza: la refinería que America First Refining propone en el puerto de Brownsville, Texas. Sería la primera planta nueva en el Golfo en casi cincuenta años, con capacidad de 168.000 barriles diarios. Donald Trump Jr. tiene una participación minoritaria pasiva en la empresa, según ProPublica.
La operación tiene otro vínculo financiero relevante. Cantor Fitzgerald, la firma que lideró Howard Lutnick antes de asumir como secretario de Comercio, actúa como asesora financiera del proyecto.
El plan incluye más oferta extranjera. La Oficina de Capital Estratégico del Pentágono controla el 35% de North American Blue Energy Partners, una compañía venezolana con derechos sobre 17 campos de petróleo. La Casa Blanca asegura que esa producción se procesará finalmente en refinerías estadounidenses.
La Lógica de Washington
Detrás de esta evaluación hay una premisa que la Casa Blanca viene defendiendo desde la primavera. El 20 de abril, Donald Trump firmó un memorando presidencial (una instrucción de máxima prioridad para un departamento) que declaraba la producción, el refino y la logística de petróleo como esenciales para la defensa nacional. Ese es el anclaje legal para activar la Defense Production Act de 1950, una norma nacida para la guerra de Corea que autoriza al presidente a dirigir recursos industriales y ofrecer incentivos financieros en sectores considerados críticos para la seguridad del país.
La ley se ha utilizado para fabricar acero, respiradores o semiconductores, pero nunca para incorporar capacidad de refino. Por eso el solo hecho de que se estudie es una señal de que la Casa Blanca considera la gasolina y el diésel no como un asunto de mercado, sino como una palanca de seguridad nacional. El argumento interno es coherente con la política energética trumpista: menos dependencia de suministros exteriores, rápido, y con dinero federal como respaldo.
Para España, el efecto no llegaría por un canal directo, sino por precios. Estados Unidos es el mayor consumidor mundial de crudo y un formador de precio en los mercados atlánticos. Si la Casa Blanca activa instrumentos extraordinarios para contener los precios internos, la prima geopolítica sobre el diésel y la gasolina puede moderarse también al otro lado. En cambio, si la medida encarece algunos crudos o tensiona los fletes, la factura energética española puede resentirse. Repsol y Cepsa operan buena parte de la capacidad de refino española y compran crudo en mercados internacionales; no compiten directamente con la nueva refinería texana, pero sí se ven expuestas a la misma tensión de precios globales.
El calendario político, en cualquier caso, impone su propia urgencia. Donald Trump ya ha dicho que no espera una bajada del crudo antes de las elecciones de noviembre, y la Casa Blanca mantiene abiertas todas las opciones sobre la DPA. Habrá que vigilar próximos anuncios, nuevos desembolsos federales o cualquier orden ejecutiva que convierta la evaluación en una decisión formal.
Ficha del Caso
- El caso: La Casa Blanca estudia usar una ley de 1950 para ampliar la capacidad de refino de Estados Unidos, sin decisión final confirmada.
- Datos clave: Refinerías al 97,8% de capacidad; diésel en 6,06 dólares por galón; gasolina regular en 4,29; ley de 1950 nunca usada para refino; proyecto de Brownsville de 168.000 barriles/día.
- Para España: Un mercado energético atlántico tenso por el bloqueo de Ormuz influye en los precios de importación de crudo y gasóleo; la activación de la DPA puede moderar o distorsionar las cotizaciones que afectan a la factura energética española.
