El Consorcio Provincial contra Incendios de Ourense ha reconocido una deuda de jornada a sus 72 bomberos y, al mismo tiempo, ha decidido recortarla descontando bajas, permisos y horas sindicales. La resolución, fechada el 30 de junio de 2026, busca evitar el abono íntegro de las 144 horas anuales que el convenio obligaba a reducir desde enero de 2025.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Consorcio de Ourense admite el exceso de jornada de 2025, pero descuenta bajas, permisos y horas sindicales antes de pagar las horas extra.
- ¿Quién está detrás? El organismo está integrado por la Deputación de Ourense y la Xunta de Galicia; los bomberos han acudido a los tribunales.
- ¿Qué impacto tiene? La plantilla de 72 efectivos reclama el pago íntegro y algunos sindicatos añaden indemnización por daños morales.
Un convenio sin aplicar y una resolución con rebajas
Los cuatro parques comarcales —A Rúa, O Carballiño, Verín y Xinzo— empezaron 2025 con un cuadrante anual de 1.776 horas: 73 turnos de 24 horas y otras 24 horas de formación. El 24 de marzo de aquel año, tras una huelga que afectó a los consorcios de las cuatro provincias gallegas, el boletín oficial de la provincia publicó el primer convenio provincial del sector.
El acuerdo incluía la reducción de la jornada anual de 73 a 67 turnos —1.608 horas más 34 de formación— con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Ese recorte, de 144 horas anuales, nunca llegó a aplicarse en los cuadrantes. Desde la CIG recuerdan que el Consorcio ni siquiera aceptó la propuesta sindical de modificar sólo los meses posteriores al acuerdo ni la definición de qué servicios contarían como horas extras.
El año terminó sin que se abonaran esos seis turnos de diferencia. Mientras tanto, la provincia de Ourense sufrió la peor ola de incendios de la historia reciente de Galicia: ardieron 90.000 hectáreas, el 80% de toda la superficie quemada en la comunidad.
La resolución del Consorcio llegó meses después, a 30 de junio de 2026. En ella aceptaba pagar el exceso de jornada, pero con una condición: del total de guardias recogidas en los cuadrantes debían descontarse todas las situaciones que impidieron a cada trabajador superar las 67 guardias, porque ya habían sido retribuidas en sus nóminas. La lista incluye bajas por incapacidad temporal, reducciones voluntarias de jornada, permisos retribuidos y licencias.
El Consorcio reconoce la deuda, pero descuenta de ella precisamente los días en que sus bomberos no pudieron trabajar por enfermedad o por acogerse a permisos legales.
El recorte alcanza también a las horas sindicales, calculadas según la jornada de 73 turnos y no de 67. Para la CUT, la exclusión de las bajas equivale a tratar las ausencias por salud como si fueran ausencias injustificadas. Esa lógica, señala el sindicato, recuerda al discurso de la Xunta sobre el absentismo y las incapacidades temporales.
La respuesta sindical y el precedente de abril
La central considera la decisión una discriminación por razón de salud y, en la demanda de su representado, reclama el pago proporcional de las horas extra y una indemnización por daños morales. Ismael Vázquez, representante de la CIG en el parque de Verín, resume el malestar: «No, no lo comprendemos. Intentamos dialogar y explicárselo de todas las formas posibles, modificar los cuadrantes…».
Ante la falta de respuesta, los bomberos optaron por acudir a los tribunales. «No queremos vivir en un conflicto permanente; queremos trabajar, pero nos están quitando derechos», añade Vázquez. La conflictividad es recurrente en Ourense: en abril de 2026 retomaron los paros y se negaron a hacer horas extras para denunciar la lentitud con la que la Deputación presidida por el popular Luis Menor aplicaba el convenio.
El principal desencadenante era la creación de 17 nuevas plazas de bombero conductor, el equivalente a la plantilla de cualquiera de los cuatro parques, cuya fase de oposición arrancó este verano. El Consorcio no ha respondido a las preguntas de elDiario.es, el medio que publicó la información original.
El Laboratorio Gallego
El conflicto sitúa a dos administraciones gobernadas por el PPdeG —la Deputación de Ourense y la Xunta de Galicia— frente a una plantilla de servicios esenciales. No es un episodio aislado: en los consorcios provinciales de bomberos de Galicia ya se vivieron huelgas en 2025 por las condiciones del primer convenio colectivo. El BNG y el PSdeG, los dos principales partidos de la oposición, no se han pronunciado aún sobre esta resolución concreta, pero el caso alimenta el debate sobre cómo se reconocen las jornadas extraordinarias en la administración pública autonómica.
La lectura nacional tiene un componente laboral evidente. La interpretación restrictiva de las bajas y de los permisos a la hora de calcular horas extra puede reabrir la discusión sobre la protección de los trabajadores de emergencias en toda España. Galicia ha sido presentada en múltiples ocasiones como un modelo de gestión de servicios públicos por parte del PP nacional; el desenlace judicial de estas demandas individuales puede convertirse en un precedente que otras comunidades sigan.
La proyección inmediata pasa por los juzgados de lo contencioso o social y por la respuesta de la Deputación y la Xunta a las demandas. Si los tribunales dan la razón a los bomberos, el Consorcio tendría que abonar las 144 horas de exceso de jornada sin descuentos y, en su caso, indemnizaciones por daños morales.
Ficha del Caso
- El caso: El Consorcio Provincial contra Incendios de Ourense reconoce una deuda por las 144 horas de jornada que no redujo en 2025, pero descuenta bajas, permisos y horas sindicales antes de pagar las horas extra.
- Datos importantes: 72 bomberos, cuatro parques, 73 turnos de 24 horas en vez de 67, 90.000 hectáreas quemadas y una resolución del 30 de junio de 2026.
- Resumen: La plantilla ha acudido a los tribunales; el resultado puede marcar un precedente sobre el tratamiento de las bajas en el cálculo de horas extraordinarias en los servicios públicos autonómicos.
