El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha anulado el decreto de normalización del euskera por defectos de forma. La sala atiende así un recurso de Vox y no entra en el fondo de la política lingüística.
El decreto se aprobó en febrero de 2024 por el Gobierno Vasco, entonces presidido por Iñigo Urkullu. La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, integrada por los magistrados José Antonio González Saiz, Trinidad Cuesta y Paula Platas, ha concluido que el texto carecía de una memoria económica suficiente.
Qué motiva la anulación del decreto
El fallo no discute las medidas de impulso lingüístico ni valora si eran o no adecuadas. La nulidad se apoya en un informe previo de la Oficina de Control Económico, un órgano interno del Ejecutivo, que advirtió de las consecuencias financieras del reglamento.
Según los magistrados, ese dictamen era ‘amplio, detallado, muy elaborado y desde luego razonablemente convincente incluso para profanos’. El Gobierno Vasco afirmó en un primer momento que la norma no tendría repercusión económica y presentó después una memoria insuficiente, sin los créditos presupuestarios necesarios para atender las exigencias.
La sala afea al Gobierno la forma de tramitar el texto y menciona la ‘ausencia de los necesarios créditos presupuestarios’ para hacer frente a las obligaciones. El control formal prevalece así sobre el contenido de la normalización lingüística, según la propia sentencia.
Qué alcance tenía la norma y qué posición mantienen los actores
El decreto regulaba el uso del euskera en la Administración autonómica, incluidos los funcionarios de Lakua, sede del Ejecutivo, la Ertzaintza, Osakidetza y las sociedades públicas. Afectaba a unas 140.000 personas y contaba con el respaldo expreso de consejeros del PNV y del PSE-EE. El texto final también excluyó algunos puntos que habían sido objeto de procedimientos judiciales anteriores.
La anulación se produce por un defecto de tramitación económica y no por el contenido de las políticas de normalización lingüística.
Vox, con un solo escaño en el Parlamento Vasco, y el PP han recurrido de forma habitual las normativas de impulso al euskera. En paralelo, colectivos de la llamada euskalgintza, EH Bildu y sectores del PNV han denunciado una ‘ofensiva’ contra la lengua vasca.
Las formaciones recurrentes han puesto el foco en el encaje presupuestario y normativo de estas medidas. Los colectivos del euskera, por su parte, consideran que los recursos forman parte de una ‘ofensiva’ contra la lengua.
El lehendakari, Imanol Pradales, ha apelado a ‘fomentar el apego emocional positivo’ hacia el euskera y a situarlo fuera del ‘ámbito del conflicto’. La responsable actual de Política Lingüística es Ibone Bengoetxea; Bingen Zupiria, consejero del ramo en 2024, ocupa la Consejería de Seguridad.
Contexto judicial y próximos pasos
En el pasado verano, el Tribunal Constitucional inadmitió una cuestión de inconstitucionalidad del propio TSJPV contra la ley de 2022 de la que emana este decreto, un procedimiento también instado por las formaciones de la derecha. Entonces, aunque quedaban recursos pendientes, el Gobierno Vasco consideró su política lingüística respaldada.
El PNV promovió una modificación de la norma de 2022 para reforzar su seguridad jurídica, aunque sin consenso con el PSE-EE, su socio en el Ejecutivo. El nuevo texto requiere otro decreto, en el que ya trabaja el Gobierno Vasco.
La decisión del TSJPV no es firme. El Ejecutivo puede presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo, un trámite que determinará si la anulación se confirma o si la norma recupera vigencia.
Mientras tanto, el decreto de 2024 queda anulado por un defecto formal, no por una revisión del fondo de la política lingüística. El tribunal no ha entrado a valorar si las medidas de impulso del euskera eran correctas.
