El Pleno del Congreso ha aprobado este miércoles, 16 de septiembre, de forma definitiva la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad tras su paso por el Senado. La nueva regulación, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, vincula una inyección adicional de 6.200 millones de euros para las comunidades autónomas entre 2026 y 2027.
La Cámara Baja ha ratificado con su voto buena parte de las enmiendas introducidas por el Senado, pese al voto en contra del PSOE en varias de ellas. Sí ha rechazado la enmienda del PP que proponía eliminar de la LOMLOE la prevalencia de la educación inclusiva frente a la especial, según recoge la crónica de Europa Press.
Las medidas que entran en la reforma
El texto modifica la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley de Dependencia. El objetivo, de acuerdo con la fuente oficial, es reforzar la autonomía personal, ampliar los servicios y corregir restricciones introducidas en etapas anteriores.
- Elimina las incompatibilidades entre prestaciones y servicios de dependencia.
- Reconoce de forma automática la discapacidad a partir del grado de dependencia.
- Incorpora la figura del asistente personal y amplía los cuidados más allá de la familia directa: vecinos o amigos podrán ser cuidadores reconocidos.
- Convierte la teleasistencia en un derecho subjetivo y reduce de seis a tres meses el plazo máximo para resolver el procedimiento de dependencia.
- Modifica la Ley de Propiedad Horizontal para obligar a las comunidades de vecinos a solicitar ayudas de accesibilidad.
- Prohíbe subir el precio de los seguros a las personas con discapacidad.
La teleasistencia cambia de estatus. El respaldo no fue unánime: el Gobierno vetó otras ocho enmiendas del PP y de Junts.
El blindaje financiero y las enmiendas vetadas
La reforma blinda por ley la financiación estatal del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD, el sistema público que coordina las prestaciones autonómicas). La Administración General del Estado asumirá el 50 por ciento del coste.
El texto llegó al Pleno sin ocho de de las enmiendas que PP y Junts introdujeron en el Senado. El Gobierno las vetó el martes alegando que suponían un aumento de los gastos previstos en los Presupuestos.
La reforma blinda por ley el 50 por ciento de la financiación estatal, pero el veto del Gobierno deja fuera prestaciones reclamadas por las familias.
Entre los cambios bloqueados figuraban extender al ámbito tributario la asimilación de las personas en situación de dependencia a la discapacidad, fijar un IVA reducido del 4 por ciento para adaptar viviendas o vehículos eximir del copago a los dependientes con grado III+ y ampliar más allá de los 26 años la prestación por cuidado de hijo con cáncer u otra enfermedad grave (CUME).
La oposición ha centrado las críticas en ese veto. La diputada del PP Violante Olivares lo consideró ‘inconstitucional’ y denunció la ‘falta de humanidad’ de impedir el debate. Según sus cálculos, las enmiendas vetadas habrían costado 2,3 millones de euros.
Vox reprochó a PSOE y Sumar caminar ‘hacia el precipicio’ y comparó el veto a la CUME con los 118 millones movilizados para la acogida de inmigrantes en Ceuta. PNV, ERC, EH Bildu y Junts también denunciaron el bloqueo. No hay consenso unánime.
Las reacciones de Bustinduy y del CERMI
El ministro Pablo Bustinduy ha calificado la norma como ‘la mayor reforma social en décadas’. Ha apelado a las comunidades para que reduzcan las listas de espera de la dependencia: ‘deben desaparecer para 2028’. Bustinduy ha recordado que las autonomías recibieron 517.444.324 euros adicionales en julio y agosto vía real decreto-ley (norma con rango de ley aprobada por el Gobierno en casos de urgencia, sin pasar primero por el Congreso).
Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Personas con Discapacidad (CERMI), ha valorado la aprobación como una ‘buena noticia’ y ha subrayado que no entró ninguna enmienda ‘peligrosa’. El sector estará ‘vigilante’ ante los desarrollos reglamentarios. El consenso no fue completo.
Lo esencial
- 📌 ¿Qué ha ocurrido? El Congreso ha aprobado este miércoles la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, con 6.200 millones adicionales para las comunidades.
- 👤 ¿Quiénes están implicados? El Ministerio de Derechos Sociales, el Congreso, el Senado y las comunidades autónomas como gestoras del sistema.
- ⏭️ ¿Qué pasa ahora? La norma se publicará en el BOE y las comunidades deberán aplicar los nuevos plazos de tres meses y los derechos de teleasistencia.
