Canadá y la Unión Europea negocian un estatus que no figura en ningún Tratado: el de ‘miembro asociado’. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha ofrecido a Ottawa convertirse en el primero de esa nueva categoría y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha salido a respaldar la operación. Varios gobiernos europeos, sin embargo, siguen sin saber qué implica exactamente la etiqueta.
Costa lo dijo con franqueza en una entrevista con Politico Europe: la UE quiere ‘hacer más’ y ‘actuar tanto como sea posible’ con Canadá. El dirigente portugués reconoció el obstáculo obvio — ‘existe el pequeño problema de que geográficamente no son un país europeo’ y, por tanto, no pueden solicitar la adhesión — antes de desplegar el argumentario: defensa, seguridad, inversión en inteligencia artificial, computación cuántica y defensa de la democracia.
El acercamiento no es casual. El primer ministro canadiense, Mark Carney, lleva meses buscando anclajes en Europa para reducir la dependencia de su país respecto a Estados Unidos. Donald Trump impuso nuevos aranceles a Canadá el mes pasado y ha repetido que quiere convertirlo en el ‘estado número 51’. Para Ottawa, Bruselas ha dejado de ser un socio comercial lejano para convertirse en un seguro estratégico.
Qué significa ‘miembro asociado’: la categoría que Bruselas aún no ha definido
La oferta de Von der Leyen, formulada la semana pasada, sorprendió a la mayoría de las capitales, que aún desconoce el alcance real del modelo. No existe un procedimiento cerrado para crear ese estatus ni un artículo del TFUE que lo regule con precisión. Los servicios jurídicos de la Comisión trabajan sobre un modelo híbrido: derechos de participación en determinados foros, cooperación sectorial reforzada y acceso preferente a programas de investigación, pero sin voto en el Consejo ni escaños en la Eurocámara.
La ambigüedad es deliberada. Bruselas quiere evitar la palabra ‘adhesión’ — imposible para un país de otro continente — sin renunciar al gesto político que exige la Casa Blanca. Cuando se le preguntó directamente por la definición, Costa tiró de perífrasis: ‘este concepto significa básicamente que queremos hacer más y actuar tanto como sea posible con Canadá’. La precisión jurídica queda para los técnicos.
Bruselas ha inventado una categoría diplomática para esquivar dos tabúes a la vez: la ampliación imposible y la dependencia comercial de Washington.
Europa y Canadá ya firmaron en 2016 un acuerdo comercial que parecía romper moldes. El CETA entró en vigor de forma provisional en 2017, pero sigue sin ratificación completa: diez Estados miembros — entre ellos Francia, Italia y Bélgica — no lo han aprobado en sus parlamentos nacionales. Esa herida abierta explica por qué Costa insiste ahora en que la relación ‘puede ir mucho más allá del comercio’. Puedes consultar el contenido del pacto en la ficha del acuerdo CETA.
Por qué Ottawa necesita a Europa justo ahora
El calendario aprieta. La próxima cumbre UE-Canadá, fijada para el 29 y 30 de octubre en Montreal, se ha convertido en la cita donde Bruselas y Ottawa deberán concretar el contenido del nuevo estatus. Antes de esa fecha, Costa comparte este lunes escenario con Carney y con el presidente de Kenia, William Ruto, en un acto público sobre multilateralismo en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU. Es la puesta en escena de un alineamiento que va más allá de lo comercial.
Para España, el movimiento tiene doble filo. El sector exportador español — con peso en automoción, agroalimentario y químico — se beneficiaría de un marco que profundice el acceso al mercado canadiense, hoy lastrado por la ratificación incompleta del CETA. Pero Moncloa mira con recelo cualquier fórmula que abra la puerta a estatus flexibles para terceros países: si Canadá puede ser ‘miembro asociado’, alguien preguntará tarde o temprano por qué no Ucrania, por qué no Moldavia o por qué no los vecinos del sur del Mediterráneo.
El Eje del Poder Europeo
El eje franco-alemán asiste al anuncio con incomodidad. París, que no ratificó el CETA por la oposición de su sector agrícola, contempla con distancia un estatus que podría sortear los controles parlamentarios nacionales. Berlín, más pragmático, ve en Canadá un proveedor de materias primas críticas y un aliado tecnológico, pero teme que la fórmula se convierta en un precedente incontrolable. Los frugales del norte, en cambio, celebran cualquier acuerdo que mueva mercancías sin abrir la caja de la ampliación.
Los socios del sur, con España e Italia a la cabeza, empujan en dirección distinta. Ambos exportan a Canadá, ambos quieren reglas estables y ambos ven en Ottawa un contrapeso al proteccionismo estadounidense. El problema es la precedencia. Cabe recordar que Bruselas ya inventó categorías híbridas con la Asociación Oriental y con los acuerdos de asociación que precedieron a la ampliación de 2004: cada vez que se improvisa un marco intermedio, la promesa de adhesión se difumina.
La lectura a cinco años es la de una Europa que externaliza parte de su política comercial. Mientras Washington juega la carta arancelaria, Bruselas responde construyendo una red de socios afines que comparten tecnología y valores, pero no derechos políticos. Es una estrategia defendible y, al mismo tiempo, frágil: sin ratificación parlamentaria, cualquiera de esos acuerdos vive en el alambre.
Costa tiene razón en una cosa. La relación con Canadá puede ser mucho más que aranceles. Pero inventar un estatus a golpe de rueda de prensa no es lo mismo que diseñar una arquitectura jurídica sólida. El reloj corre hacia Montreal y, de momento, nadie ha puesto por escrito qué significa exactamente ser ‘miembro asociado’.
