Miles de personas han vuelto este domingo a llenar el centro de Barcelona contra la ampliación del aeropuerto de El Prat. La marcha ha salido al mediodía del Passeig de Gràcia y ha terminado en la plaça de Sant Jaume, cinco años después de la última gran protesta contra el mismo proyecto.
Las cifras de asistencia son las de siempre. La Guàrdia Urbana ha contabilizado unas 5.500 personas; los convocantes elevan la horquilla hasta las 30.000. En convocatorias así, la mayoría de los convocantes calcula a ojo sobre la ocupación de toda la vía y la policía local cuenta cabezas en un punto fijo del recorrido. Entre ambos registros queda la foto real: un domingo de septiembre con el Eixample lleno de pancartas. El resto es coreografía.
Detrás de la convocatoria está la plataforma Zeroport, que ha sumado el apoyo de más de 200 entidades sociales, vecinales y ambientales y de unos 130 académicos. Hasta el punto de partida han confluido columnas procedentes de Barcelona y de municipios del área metropolitana, unas a pie y otras en bicicleta, metro o tren. Desde la plaça d’Espanya se ha incorporado una columna de ciclistas y tractores.
El lema, ‘No a la ampliación, ni ahora ni nunca’, resume la posición de los convocantes. Antes de arrancar, Jaume Osete, de Zeroport, ha defendido que los participantes llegaban ‘de todo el país para mostrar el rechazo frontal de la ciudadanía’ a un proyecto que, a su juicio, empeoraría la crisis de la vivienda, la emergencia climática y la masificación turística.
Los números que maneja la plataforma apuntan a un salto de escala. El aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat cerró el año pasado con 57,4 millones de pasajeros y, según las estimaciones de Zeroport, podría llegar a los 80 millones en 2033: 25 millones de viajeros adicionales, de los que al menos 15 millones serían turistas. La plataforma vincula ese crecimiento a un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Del DORA III a la ampliación: 1.760 millones para preparar el terreno
La protesta ha llegado la misma semana en que el Consejo de Ministros ha aprobado el DORA III, el Documento de Regulación Aeroportuaria que ordena las inversiones de Aena entre 2027 y 2031. El plan reserva unos 1.760 millones de euros para El Prat en cinco años, unos 350 millones anuales y el equivalente a 220 euros por catalán, e incluye actuaciones preparatorias vinculadas a una futura ampliación. El grueso de la obra no cabe en este periodo: queda para después de 2031.
La ampliación no se decide en 2033, se decide ahora, en la letra pequeña de unas obras preparatorias que nadie va a llamar ampliación.
En la marcha han participado representantes de ERC, los Comuns y la CUP. La dirigente republicana Diana Riba ha defendido que Catalunya no necesita la ampliación y ha reclamado que la gobernanza del aeropuerto se aborde desde Catalunya. Desde los Comuns, Gerardo Pisarello ha calificado el proyecto de ‘del pasado’ y ‘nefasto desde el punto de vista social y ambiental’, mientras que la presidenta del grupo en el Parlament, Jèssica Albiach, ha pedido a Pedro Sánchez que reflexione. La candidata de la CUP a la alcaldía de Barcelona, Laure Vega, ha sido más directa: ‘Los catalanes no necesitan ampliar este aeropuerto en una ciudad ahogada por el turismo’.
El tablero político: tres partidos en la calle y un Govern en el centro del dilema
La foto política deja una paradoja que conviene mirar de frente. ERC reclama frenar lo que avaló en 2021, cuando el Govern y el Gobierno central anunciaron el acuerdo para impulsar la ampliación. Entonces la protesta fue la respuesta social a un pacto institucional; ahora el partido que sostiene la investidura de Salvador Illa camina junto a quienes sostienen que el proyecto hipoteca el territorio para las próximas décadas.
El PSC, socio principal del Govern, no ha tenido que explicarse en la calle, pero tampoco puede ignorar el calendario. Aena defiende la inversión como motor económico y buena parte del tejido empresarial la respalda. En el municipio de El Prat de Llobregat, donde el aeropuerto es el primer activo económico, cualquier parón se lee en clave de empleo. El Govern de Illa evita convertir El Prat en bandera, y esa prudencia es en sí misma una posición política: cada palabra sobre el aeropuerto divide a sus socios.
Por qué el aeropuerto vuelve cada cinco años al debate catalán
El pulso por El Prat tiene un patrón reconocible. En 2021, el anuncio del acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat activó una protesta masiva y, después, un largo compás de espera. La plataforma Zeroport, que ya lideró aquella contestación, ha vuelto a la calle con el mismo diagnóstico y mejores datos: más pasajeros, más turistas y más emisiones acumuladas.
La lectura económica ayuda a medir lo que está en juego. Los 1.760 millones del DORA III son una inversión notable, pero sobre todo son una señal: el marco inversor mantiene viva la ampliación sin ejecutarla. Quien imponga su relato en los próximos años, quien consiga que la obra se perciba como inevitable o como evitable, condicionará la decisión que se tome a partir de 2031. A eso se suma el turismo: un aeropuerto que ya mueve 57,4 millones de pasajeros discute si quiere recibir 15 millones más.
El próximo hito no es una pista ni una máquina. Es el despliegue de las actuaciones preparatorias previstas entre 2027 y 2031, que Aena ejecutará sin haber decidido la ampliación completa, y el pulso que se librará en el Parlament, en los ayuntamientos afectados y en los despachos de la empresa concesionaria. Otra vez, la calle se ha movido antes que las instituciones.
