El Tribunal Constitucional anticipa su aval a la amnistía de la malversación. La mayoría progresista aparta la ponencia que negaba el amparo (la vía para proteger derechos fundamentales ante el Constitucional) a Jordi Turull.
Vox queda como única parte contraria en la causa del procés. El Constitucional enmienda por primera vez la doctrina del instructor, Pablo Llarena, que negó la amnistía a varios exmiembros del Govern al entender que se enriquecieron ilícitamente. La decisión allana el regreso del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig.
El origen del conflicto es la interpretación de la malversación. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo avaló que los encausados no pusieron de su bolsillo los fondos para costear el referéndum ilegalizado del 1 de octubre de 2017. Eso, a juicio del alto tribunal, encaja en la excepción de enriquecimiento ilícito y excluye el olvido penal. El tribunal de garantías camina ahora en dirección contraria.
El recurso de Vox y el argumento que el Constitucional esquiva
Vox mantiene que la ley de amnistía no puede alcanzar el uso irregular de fondos públicos. En el recurso que sostiene contra la norma, el partido defiende que la propia ley excluye los supuestos de lucro personal y que amnistiar la malversación equivale a vaciar el control del dinero público. La tesis del partido es que el olvido penal rompe la igualdad ante la ley.
La posición de Vox no es testimonial. En la causa del procés, la Fiscalía es favorable a aplicar la amnistía a todos los líderes independentistas, de modo que el partido queda como única parte contraria personada. Eso le permitiría recurrir en reforma ante el propio Llarena o en apelación ante la Sala de lo Penal cualquier archivo de la causa de Puigdemont, Comín y Puig.
El recurso de Vox no depende solo de su fuerza parlamentaria: en la causa del procés es hoy la única voz que se opone a que la malversación quede impune.
Qué hará el Supremo y qué recorrido tiene la batalla
El siguiente hito está fechado. El magistrado conservador José María Macías debe presentar una nueva ponencia sobre el recurso de Turull. El texto se votará en el Pleno del 6 de octubre y deberá ajustarse al parecer de la mayoría. Y, por si no convence, el presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, llevará también al Pleno su propia ponencia estimatoria del amparo de la exconsellera Dolors Bassa.
Después de ese Pleno, el foco pasa a Pablo Llarena. Según trascendió el pasado 10 de septiembre en los corrillos del acto de apertura del año judicial, el instructor prevé aplicar la doctrina del tribunal una vez publicado el primer fallo y extenderla a todos los encausados. Su primer paso sería levantar las órdenes nacionales de detención; el segundo, dictar un auto de archivo del sumario.
Al Tribunal Supremo le quedaría una vía para dilatar el proceso: plantear nuevas cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea antes de cerrar el sumario. La opción parece improbable, porque la instancia europea ya avaló la ley este verano.
La lectura estratégica: Vox, la única parte que resiste
Vox traslada así su batalla contra la amnistía del terreno parlamentario al judicial. El partido lleva meses denunciando lo que describe como un pacto de impunidad entre el Gobierno y el independentismo, y ahora encuentra en la causa del procés un escenario donde su papel es irrepetible: nadie más ejerce la acusación. En el pulso con el PP, esa posición refuerza su discurso de firmeza frente a cualquier amnistía.
El calendario juega en contra de las tesis de Vox. Si el Pleno del 6 de octubre consolida la doctrina, la cascada alcanzará también a otros inhabilitados. Entre ellos figuran Oriol Junqueras, Josep Maria Jové, Lluís Salvadó y los encausados en el Tribunal de Cuentas. El expresidente independentista maneja tres ventanas para volver, y el próximo 30 de octubre se cumplen nueve años de su autoexilio en Bélgica.
Vox no controla esos tiempos, pero conserva una baza. Mientras la Fiscalía y el Supremo allanan el retorno, el recurso del partido seguirá siendo el último obstáculo formal a la amnistía de la malversación.
