EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Tribunal Constitucional ha rechazado este martes la ponencia del magistrado conservador José María Macías sobre el recurso de amparo de Jordi Turull contra la negativa del Supremo a amnistiarle la malversación.
- ¿Quién está detrás? El presidente del órgano de garantías, Cándido Conde-Pumpido, que llevará al Pleno del 6 de octubre su propia ponencia sobre el caso de Dolors Bassa, llamada a fijar la doctrina que fuerce al Supremo.
- ¿Qué impacto tiene? La doctrina obligará a la Sala de lo Penal a aplicar la amnistía a Carles Puigdemont, Toni Comín, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa tras casi dos años de resistencia judicial.
El Constitucional ha encarrilado la amnistía del procés al tumbar la ponencia del magistrado conservador José María Macías sobre el caso de Jordi Turull. El Pleno del 6 de octubre se convierte así en la fecha clave para que el órgano de garantías imponga su doctrina y fuerce al Tribunal Supremo a aplicar la medida de gracia a los dirigentes independentistas.
La decisión se adoptó en el Pleno de este martes, donde se rechazó el texto que avalaba la maniobra de la Sala de lo Penal para no amnistiar el delito de malversación. El magistrado conservador ha anunciado que redactará una nueva ponencia plegada a los argumentos de la mayoría, pero ha advertido de que votará en contra y firmará un voto particular contra su propio texto.
Qué ha pasado en el Pleno y por qué Macías se ha quedado solo
El Constitucional ha dado el primer paso para desbloquear la aplicación de la amnistía. La ponencia de Macías, que defendía el argumento del Supremo de que los encausados se enriquecieron al destinar fondos públicos al referéndum del 1-O, ha sido rechazada por la mayoría progresista del órgano de garantías.
El presidente Cándido Conde-Pumpido, que tiene entre sus atribuciones la fijación del orden del día, ha anunciado que llevará a la sesión del 6 de octubre su propia ponencia sobre el recurso de amparo de Dolors Bassa. La jugada es determinante: se debatirá primero la nueva redacción de Macías sobre Turull y, acto seguido, el texto del presidente, que previsiblemente saldrá adelante con el respaldo de los siete magistrados de la mayoría progresista. Siete votos bastan.
Fuentes del órgano de garantías consultadas por este medio advierten del riesgo que encierra la estrategia de Macías. Al redactar los argumentos de la sentencia y, a la vez, un voto particular discrepante contra su propio texto, el magistrado introducido en el Constitucional a propuesta del PP podría tratar de desvirtuar el fallo. La mayoría progresista sospecha de esa argucia.
La doctrina del Constitucional no rescata a nadie: obliga al Supremo a cumplir una ley que el propio Estado aprobó hace dos años.
El Supremo ha perdido el pulso que abrió contra el legislador. Lo que se dirime el 6 de octubre no es solo la suerte de Turull o Bassa, sino la primacía del Parlamento frente al activismo de una Sala de lo Penal,que intentó reescribir la ley a su gusto.
La ponencia de Bassa: el camino que fuerza al Supremo a rectificar
La sentencia del caso Bassa es la pieza central del engranaje. Sus argumentos fijarán el criterio para resolver el resto de recursos de amparo, incluido el de Carles Puigdemont. El Constitucional abordará primero los de los dirigentes condenados —Oriol Junqueras, Raül Romeva, Turull y Bassa—, que reclaman levantar la pena de inhabilitación, aparejada a la malversación, y después los de los procesados, Puigdemont y Toni Comín, que piden dejar sin efecto la orden de busca y captura dictada por el instructor Pablo Llarena.
El tribunal de garantías considera que la interpretación del Supremo fue diseñada para impedir que la ley surtiera efectos, en contra de la voluntad del Parlamento. Entre los derechos fundamentales vulnerados figuran el principio de legalidad, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, su otra cara —la retroactividad de las favorables— y el derecho a la tutela judicial efectiva.
El Supremo construyó su negativa sobre la tesis del enriquecimiento: sostuvo que los condenados habían desviado fondos públicos a fines independentistas para lucrarse. Incluso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desmontó parte de ese razonamiento al apreciar que la amnistía buscaba rebajar la tensión política en Cataluña y no contravenía el derecho europeo. La ley, además, ha sido avalada por el Constitucional en 19 sentencias.
El alto tribunal abordará primero los recursos de los condenados y después los de los procesados. Si la sentencia de Bassa abre el camino, todos los amparos se estimarán con los argumentos que contenga.
El Eje del Poder Socialista
La resolución del Constitucional es algo más que un episodio jurídico. Es la validación institucional definitiva de una de las decisiones más controvertidas del Gobierno de Pedro Sánchez: la ley de amnistía que permitió al PSOE recabar los apoyos suficientes para la investidura de noviembre de 2023. Aprobada en el Congreso en junio de 2024, la norma ha resistido el asedio del Supremo, del PP y de Vox, y ahora recibe el espaldarazo del órgano que tiene la última palabra sobre la constitucionalidad de las leyes.
En Ferraz la lectura estratégica es nítida. El Ejecutivo siempre sostuvo que la amnistía era una medida de normalización política en Cataluña, no un privilegio. La doctrina del 6 de octubre confirma ese marco: no se trata de rescatar a nadie, sino de obligar a los tribunales a cumplir la ley que el Parlamento aprobó. El artículo 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial obliga a los jueces a aplicar las normas conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional.
El aterrizaje territorial es evidente en Cataluña, donde el PSC de Salvador Illa gobierna la Generalitat. Una vez cerrado el frente judicial, el Ejecutivo socialista podrá consolidar la etapa de convivencia abierta tras los años más duros del procés. Los barones autonómicos del PSOE, empezando por Emiliano García-Page, habían expresado reservas internas sobre el alcance de la medida, pero el cierre constitucional despeja las dudas sobre su encaje legal.
El riesgo inmediato está en la Sala de lo Penal. En el Constitucional no descartan que los magistrados del Supremo se nieguen a aplicar la doctrina a todos los encausados y solo lo hagan a medida que el órgano de garantías vaya estimando recurso a recurso. El margen es escaso: la ley es clara y el precedente, incontestable.
El precedente histórico invita al optimismo institucional. Como ocurrió con la reforma del Código Penal de 2022 que derogó la sedición, la última palabra ha vuelto a estar en manos de los tribunales constitucionales. El pulso que el Supremo abrió contra el legislador tiene ahora su respuesta. El Constitucional ha hablado.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: La amnistía no es un privilegio, sino la aplicación de una ley avalada por el Constitucional y por Europa; el Ejecutivo defiende el Estado de derecho frente al activismo judicial.
- Protagonista: Cándido Conde-Pumpido (presidente del Tribunal Constitucional) y Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE).
- Próximo hito: Pleno del Constitucional del 6 de octubre, en el que previsiblemente se aprobará la ponencia de Bassa y se fijará la doctrina aplicable a todos los encausados.
