El fiscal Anticorrupción adscrito al Tribunal Central de Instrucción 2, Luis Pastor, está harto. Y se le nota. En un escrito enviado al juzgado que investiga la pieza de Contratos de Obra Pública, desgajado del Caso Cerdán, el fiscal considera «improcedente» la petición de Joseba Antxon Alonso, considerado por la UCO el empresario socio de Santos Cerdán en la empresa Servinabar, que cobró por su asesoría en la concesión de obras públicas a algunas constructoras.
Alonso pretendía, como ya contamos en MONCLOA, acceder a su teléfono móvil y tarjeta SIM custodiadas por la UCO. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dictaba un oficio el 7 de septiembre para el juez Ismael Moreno, donde recomienda a Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, que no pinchase en un enlace malicioso que se hace pasar por su compañía telefónica habitual. Lo hacía después de que la defensa de Alonso preguntase por el teléfono móvil y la tarjeta SIM de su defendido y si la cadena de custodia se había roto.
El 4 de septiembre el juez Ismael Moreno dictaba una providencia en la que recogía que «se libre oficio a la fuerza policial actuante (UCO) a fin de que informe sobre el estado y custodia del terminal telefónico a Joseba Antxon Alonso, así como de su tarjeta SIM, a la vista de las manifestaciones efectuadas por su representación procesal». La Fiscalía Anticorrupción no se oponía a esta petición dos días antes, el 2 de septiembre: «a fin de alejar cualquier sombra de duda sobre la custodia y conservación de los efectos intervenidos procede librar oficio a la unidad policial encargada de las investigaciones para que informe sobre el estado y custodia del terminal telefónico en cuestión, así como de su tarjeta SIM».
El agente encargado de las investigaciones respondía que «sobre este particular, se informa que la evidencia (…) correspondiente al teléfono móvil Apple Iphone 15 Pro con número de serie (…) ha permanecido en dependencias policiales desde su intervención, habiéndose garantizado en todo momento la cadena de custodia de la misma».
De esta manera, el investigador ya había cumplido con la orden judicial, pero añadió una explicación al suceso que reseñaba Antxon Alonso en su escrito: «No obstante, atendiendo al hecho de que al solicitar un duplicado de tarjeta SIM queda inutilizada la tarjeta original -imposibilitando cualquier tipo de conexión-, así como las direcciones URL recogidas en el mensaje aportado por el investigado (…) y (…), se recomienda no acceder a ninguno de los enlaces por poder tratarse de intentos de estafa, comúnmente conocidos como phishing«.
Es decir, que Antxon Alonso habría realizado un duplicado de la tarjeta SIM y habría recibido algún tipo de mensaje malicioso. El abogado del empresario recurrió esas explicaciones solicitando de nuevo poder acceder al móvil.
Pero Anticorrupción aclara ahora al juzgado que «el informe policial de 7 de septiembre es lo suficientemente expresivo sobre la cuestión planteada por la indicada representación procesal en su anterior escrito, indicándose que la tarjeta telefónica intervenida se halla debidamente custodiada y que el mensaje recibido pudo obedecer a un intento de phishing».
Sin embargo, en el escrito «ahora presentado se dice que las explicaciones dadas en el oficio policial «no permiten esclarecer el origen de los referidos mensajes ni la razón por la que fueron recibidos por nuestro representado», cuestión que no tiene por qué ser aclarada por la unidad policial, ni mucho menos por este órgano judicial, siendo totalmente improcedente la personación de la representación procesal junto al investigado en la sede de la unidad policial para ver como la tarjeta SIM en cuestión y el terminal telefónico se encuentran depositados en el interior de una bolsa precintada».
