El Palau de la Generalitat ha escenificado este viernes un acuerdo de mínimos contra la crisis educativa en Cataluña. El president Salvador Illa y la consejera Esther Niubó han reunido a todos los grupos parlamentarios, todos menos Vox, y de la cita ha salido un compromiso modesto: dos espacios de trabajo y ninguna fecha para el gran pacto de país que se venía anunciando.
Dos mesas de trabajo y ningún calendario para el pacto de país
El primer espacio sentará en la misma sala a un representante de cada grupo parlamentario y al presidente del Consell de l’Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, exconsejero de Educación entre 2006 y 2010. La función de esta mesa es seguir de cerca y alimentar con propuestas el proceso de deliberación que ese órgano ha abierto a petición de Illa.
El segundo será una mesa entre los departamentos de de Educació i Economia y los grupos para abordar el compromiso del 6% del PIB en gasto educativo, fijado por la Llei d’Educació de Catalunya, con el objetivo de establecer un calendario.
Niubó ha comparecido tras el encuentro con agradecimiento para los asistentes y un dardo para el ausente. ‘Autoexcluirse de una convocatoria así parece incompatible con cualquier vocación de servicio público’, ha dicho sobre la ausencia de Vox.
Ha descrito la reunión como un debate ‘cordial y enriquecedor’, con ‘espíritu constructivo’, llamado a producir una hoja de ruta que dé al sistema la ‘estabilidad’ que necesita. Los temas centrales son la acogida del alumnado recién llegado, la educación inclusiva, la formación y la carrera docente, el papel de la tecnología en los centros y la autonomía de los centros.
En algunas carpetas el consenso ha sido más sencillo. Recuperar las lecturas obligatorias en bachillerato, elevar la exigencia lectora en Primaria y ESO, rescatar el cálculo mental, racionalizar las herramientas digitales con menos pantallas y más papel y escritura a mano o limitar el uso de la inteligencia artificial en los menores de catorce años.
La lengua catalana como vehicular quedó fuera de ese consenso y la consejera la cerró en seco: no es negociable y no se reabrirán debates que ya se cerraron en el pasado.
El Govern ha cambiado la fotografía por el calendario: dos mesas, cero fechas y un 6% del PIB que ni el propio Ejecutivo cree alcanzable esta legislatura.
El sindicato mayoritario de maestros, USTEC, sostiene que el Consell de l’Educació es un intento de sustituir la negociación sindical. Niubó lo niega, asegura que los canales de diálogo siguen abiertos y añade que hay una Mesa Sectorial convocada en los próximos días. Desde el sindicato responden que no se les ha comunicado nada.
El 6% del PIB: el objetivo que el propio Govern considera inalcanzable
La consejera ha admitido que el Govern tiene una previsión de calendario, pero ha añadido la frase que desactiva cualquier urgencia: ‘difícilmente en una legislatura se podrá alcanzar’.
La mesa con Economia servirá para compartir la hoja de ruta de Illa, que debe reunir ‘viabilidad y sostenibilidad’ y pasa por un contacto previo con el Gobierno del Estado. El aviso es relevante: el 6% no depende solo de una decisión catalana, sino del margen fiscal que salga de la negociación de la financiación singular con Moncloa.
Niubó ha avisado de que una medida así exige el máximo consenso entre formaciones. Y ha recordado que no se trata de una cifra menor, ni nueva: lleva años escrita en la ley.
El veto a Niubó, el ‘contrato de país’ y el ‘mea culpa’ de Illa
Junts ha salido del Palau con el gesto torcido. Su líder en el Parlament, Mònica Sales, ha calificado la reunión de ‘muy inconcreta’ y ‘vacía de contenido’, y ha advertido de que mantener a Niubó al frente del Departament dificulta cualquier acuerdo de país, dado que el Parlament ya pidió su destitución. ‘Con la comunidad educativa podemos estar, no para salvar al Govern o para hacer de muleta’, ha resumido.
ERC pone el foco en otro sitio. Su portavoz adjunto, Jordi Albert, reclama un ‘contrato de país’ estable y avisa de que la crisis no se resolverá únicamente desde el Palau. Los republicanos limitan la cita a una ‘toma de contacto’ y mantienen sobre la mesa su propuesta de que un grupo de expertos lidere el Departament durante doce años, aunque no concretarán nada hasta cerrar el proceso de escucha con la comunidad educativa.
El PP acudirá a las primeras reuniones, pero Lorena Roldán avisa de que su grupo no participará en una ‘operación de maquillaje’. Reclaman hablar del modelo y de lo que consideran una ‘imposición ideológica’ del catalán en las aulas. Según la portavoz popular, Illa ha entonado por primera vez el ‘mea culpa’ y ha reconocido que el modelo ‘ha fracasado’.
Lo que observamos es una operación de gestión del tiempo más que de resolución del fondo. El precedente pesa: en 2006 el Govern impulsó un Pacte Nacional per a l’Educació que se presentó como el gran acuerdo de país y que no evitó que el umbral del 6% fijado por la Llei d’Educació en 2009 siguiera sin cumplirse. Diecisiete años después, el listón sigue igual de alto y el consenso, igual de pendiente.
Hay además un problema de diseño. El Consell de l’Educació delibera, pero sus conclusiones no son vinculantes. ERC quiere que un grupo de expertos dirija el Departament durante más de una década, una fórmula que vaciaría de poder político la conselleria. Junts tiene un incentivo claro para no firmar nada que sostenga a Niubó. Y el PP puede permitirse participar sin comprometerse.
La lectura no es que el pacto sea imposible, sino que su parte decisiva no está en el Palau. Sin financiación no hay 6%, y sin 6% el gran acuerdo educativo se queda en la foto de un viernes. El calendario que Educació i Economia deben presentar en las próximas semanas y la Mesa Sectorial ya convocada serán los dos primeros exámenes. Después llegará el pleno del Parlament y, antes o después, la negociación con Moncloa.
