El pleno del Ajuntament de Barcelona ha aprobado inicialmente subir a 24 euros el recargo que pagan los cruceristas de escala. La votación ha salido adelante con el apoyo de Junts, PSC y ERC y con el rechazo de BComú, PP y Vox; el expediente inicia ahora un trámite de información pública antes de regresar al Plenario del Consell Municipal para su aprobación definitiva.
No es una tasa nueva, sino un recargo municipal sobre el Impuesto sobre las Estancias en Establecimientos Turísticos (IEET), la tasa turística catalana que gestiona la Generalitat. Barcelona decide cuánto añade por encima para los pasajeros que pasan menos de doce horas en la ciudad y duermen, literalmente, en el barco.
El objetivo declarado es desincentivar ese perfil de visitante, y no es la única pieza del acuerdo. La aprobación inicial reproduce los mismos apoyos que ya se dibujaron el martes pasado en la sesión extraordinaria de la Comisión de Economía y Hacienda: allí el gobierno municipal anunció un pacto con Junts para acelerar el Programa de Sombras —tendales en zonas de juego, más arbolado y fuentes públicas— y otro con ERC para impulsar un refuerzo escolar gratuito. La fiscalidad turística ha servido de envoltorio a una mayoría que se reconstruye tema a tema.
Cuánto pagará cada crucerista y cuándo entra en vigor
La subida será progresiva hasta 2030, según el informe del Consell Tributari municipal que avala la fórmula y blinda su aplicación con seguridad jurídica. En la práctica, el recargo alcanzará los 24 euros por escala y subirá hasta los 30 euros en 2030. Si el número de cruceristas de corta estada se mantiene estable, el Ajuntament calcula que ingresará 23,7 millones de euros anuales a partir de ese ejercicio, alrededor de 65.000 euros al día.
Ahora el expediente encara el trámite de información pública, el periodo en el que el texto se expone a alegaciones antes de la votación final, y no volverá al plenario hasta que ese plazo concluya. Si el calendario no se tuerce, el recargo entrará en vigor en abril de 2027, tal y como recoge la nota oficial del Ajuntament. El pleno también ha aprobado de forma definitiva mantener en 4 euros el recargo de los albergues de juventud, con una figura específica que los deja al margen de la subida aplicada desde abril de este año al resto de alojamientos turísticos.
El IBI a los hoteles de lujo se queda como estaba
La segunda pata de la fiscalidad turística ha caído. El pleno ha rechazado la modificación de las ordenanzas fiscales para elevar el IBI diferenciado de Ocio y Hostelería del 1,17% actual al 1,30% que permite la ley. El incremento afectaba al 10% de los inmuebles con mayor valor catastral dedicados a esa actividad, alrededor de 200 hoteles, y habría reportado 4,7 millones de euros: 3,8 por el cambio normativo y 0,9 por la revisión catastral de 2018. PSC y ERC lo apoyaban; Junts, PP y Vox votaron en contra y BComú se abstuvo.
Barcelona grava la escala del crucerista que no duerme en la ciudad y deja intacto el IBI del hotel que sí cobra cada noche.
Determinante fue la abstención de los comunes: el teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, señaló a ese grupo por haber bloqueado la subida a los hoteles de lujo, según recoge Metrópoli Abierta. La paradoja es notable. La formación que más ha insistido en poner límites al turismo votó contra el recargo a los cruceristas y dejó pasar la subida del IBI hotelero.
El pulso turístico que Collboni libra por la vía fiscal
Nada de esto llega aislado. En los últimos años el Ajuntament ha puesto en marcha la Zona Bus 4.0 para ordenar el aparcamiento de autocares turísticos, ha elevado la entrada del Park Güell hasta los 18 euros, ha pactado con el Port de Barcelona reducir las terminales de cruceros de siete, a cinco y ha decidido extinguir las licencias de viviendas de uso turístico a partir de 2028. El patrón es reconocible: el consistorio prefiere encarecer el turismo de paso antes que prohibirlo, y prefiere hacerlo con instrumentos fiscales, que se aprueban en el pleno y no dependen de autorizaciones externas, antes que con normas urbanísticas que acaban en los tribunales.
Este tipo de recargos no son un invento barcelonés. El marco catalán permite a los municipios añadir un suplemento sobre la tasa que recauda la Generalitat, y varias localidades costeras lo han activado en los últimos años. Lo diferencial aquí es el volumen: Barcelona concentra buena parte del tráfico de cruceros del Mediterráneo occidental y cualquier movimiento en su fiscalidad turística tiene eco inmediato en el sector. El propio consistorio admite la incógnita: sus cálculos de ingresos solo se sostienen si el número de cruceristas de corta estada se mantiene estable.
Y hay una coincidencia que nadie en el gobierno municipal subraya. Si el recargo entra en vigor en abril de 2027, lo hará apenas un mes antes de las elecciones municipales de mayo de ese año. El PSC de Collboni podrá exhibir una medida que tensiona al sector turístico sin tocar el bolsillo del barcelonés; Junts y ERC podrán reclamar su parte del pacto; y los comunes tendrán que explicar por qué dijeron no. El próximo hito, la aprobación definitiva, llegará después del trámite de información pública y marcará si la foto de este viernes aguanta hasta las urnas.
