EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Berlín y Madrid han cruzado non papers en Bruselas sobre cómo interpretar las reglas del Made in Europe en el Industrial Accelerator Act (IAA), la futura ley industrial europea que la Comisión presentó en marzo.
- ¿Quién está detrás? Alemania, arropada por la propuesta original de la Comisión, contra España y Francia. Irlanda, que preside el Consejo de la UE, busca un puente entre ambos bloques.
- ¿Qué impacto tiene? De la definición dependerá el acceso de la industria española —acero, cemento, renovables, automoción— a los contratos y fondos públicos europeos.
Berlín y Madrid libran en Bruselas un pulso por la definición del Made in Europe en el Industrial Accelerator Act (IAA). Las dos capitales han cruzado non papers —documentos oficiosos que los Gobiernos hacen circular antes de cualquier negociación formal— para marcar territorio sobre la futura ley industrial europea. Sus tesis, de momento, son incompatibles.
Non papers en Bruselas: Berlín quiere 80 socios y Madrid solo tres escalones
La Comisión Europea presentó el IAA en marzo para orientar la contratación pública y los programas de ayuda hacia tecnologías verdes, industria intensiva en energía y automoción, y competir así con los exportadores chinos. En juego hay mucho dinero público. Seis meses después, los Veintisiete siguen sin base común.
Alemania tira del eje exportador. Su papel defiende un enfoque amplio, un ‘Made with Europe’ que incorpore a socios comerciales externos. El documento reclama incluir a los países con acuerdos comerciales, de contratación o de unión aduanera con la UE —hasta 80 países— y una vía de ‘opt-in’ para quienes den a las firmas europeas un trato equivalente. ‘Alemania rechaza el proteccionismo y la discriminación’, sostiene el texto, que insiste en que la UE ‘debe seguir siendo un socio fiable’ de sus tratados de libre comercio. Ningún otro Estado ha firmado esa posición.
Francia y España empujan en sentido contrario. El ministro de Industria francés, Sébastien Martin, admitió que Europa debe permanecer abierta, pero marcó la línea roja: el dinero público tiene que ir a producción en suelo europeo. ‘También en el futuro será posible tener productos donde parte del valor añadido venga de terceros países, pero la producción tiene que ocurrir en Europa para optar a las ayudas’, dijo a su llegada a la reunión del jueves en Bruselas.
Madrid ha puesto negro sobre blanco su modelo con un sistema escalonado de tres niveles —el llamado ‘sistema de cebolla’— recogido en su non paper. El primer escalón sería la propia UE; el segundo, los socios del Espacio Económico Europeo y otros actores ‘fiables’; y el tercero, los países con acuerdos con Bruselas. ‘Un enfoque más diferenciado y basado en el riesgo mejoraría tanto la eficacia como la aceptación política del texto’, defiende el documento español.
La batalla del Made in Europe no va de aranceles: va de quién se sienta a la mesa cuando Europa reparte sus contratos públicos.
El pulso no es solo técnico. La industria alemana teme que un cierre proteccionista le bloquee mercados en terceros países donde ya vende; la española —acero, cemento, renovables, automoción— quiere blindar su cuota en la contratación pública europea antes de que el dinero se reparta.
La fractura llega a la Eurocámara y a la presidencia irlandesa
La misma grieta que separa a los Gobiernos atraviesa los grupos del Parlamento Europeo. El ala alemana y el ala española del PPE (Partido Popular Europeo), la mayor familia política de la Eurocámara, defienden posiciones opuestas sobre el IAA. Los ponentes principales debatirán su borrador de informe el 28 de septiembre, y los eurodiputados podrán presentar enmiendas hasta el 7 de octubre, una semana más de plazo que la prevista inicialmente a petición del propio PPE.
El Consejo y la Eurocámara deben fijar sus posiciones antes de sentarse a negociar. Irlanda, que preside el Consejo de la UE hasta final de año, intenta desatascar el expediente: ha convocado a los embajadores adjuntos el 7 de octubre y planea presentar una nueva propuesta de compromiso a mediados de mes. La esperanza oficial es cerrar un acuerdo en noviembre. El objetivo de la Comisión de tener una ley este mismo año suena, cada vez con más fuerza, a quimera.
El debate se sigue con lupa en Londres. El Gobierno del nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, ha trasladado su inquietud por quedar fuera del Made in Europe. Bruselas responde de manual: no anticipará el resultado del proceso legislativo del IAA.
El Eje del Poder Europeo
El IAA condensa el nuevo mapa de fuerzas de la UE. Alemania vuelve a hablar el idioma del libre comercio porque es su interés nacional: es exportadora neta y teme el cierre de mercados. Francia y España alinean proteccionismo inteligente y política industrial. Los frugales del norte, —Países Bajos, Dinamarca, Suecia— miran con recelo cualquier subsidio que distorsione el mercado único, mientras el eje del este (Polonia, Chequia, Eslovaquia) juega a dos bandas: quiere fábricas, pero no quiere cerrar la puerta a sus proveedores asiáticos.
Para España el envite es directo. De la definición dependerán contratos de renovables, obra pública, automoción y fondos verdes que aterrizan en Asturias, Andalucía o el País Vasco. Un Made in Europe estrecho beneficia a la siderurgia y al cemento nacionales; una versión ancha deja entrar a Turquía, Reino Unido o los Balcanes. La Moncloa apuesta por rentabilizar su sintonía con París, con quien ya ha coordinado posición.
Hay un precedente que Bruselas no olvida: la Inflation Reduction Act estadounidense, aprobada en 2022, disparó las alarmas europeas por su paquete de subvenciones verdes y el temor a una fuga de fábricas. El IAA nació, en parte, como respuesta a aquel golpe. Pero donde Washington actuó con una sola voz, la UE vuelve a exhibir veintisiete.
Nuestra lectura es que el pulso no se resolverá en un trílogo de urgencia —la negociación a tres entre Comisión, Consejo y Parlamento que cierra la versión final de cada ley europea—, sino con la geometría de siempre: Alemania cede en los gestos y gana en la letra pequeña. El riesgo es un texto tan ambiguo que cada capital lo interprete a su manera y los tribunales europeos acaben decidiendo qué es Made in Europe. La próxima cita, la reunión de embajadores del 7 de octubre; la prueba de fuego, la propuesta irlandesa de mediados de mes.
