El Ministerio de Vivienda negocia con Junts vetar los desahucios y la compra de pisos por fondos de inversión para aprobar el decreto este martes. Las conversaciones, adelantadas por el diario Ara y confirmadas por elDiario.es, buscan cerrar el texto antes del Consejo de Ministros del 29 de septiembre y asegurar después su convalidación en el Congreso.
Qué negocia exactamente Vivienda con Junts
El paquete que el ministerio ha trasladado a Junts se articula en torno a tres bloques:
- Prohibir la compra de vivienda a los fondos de inversión, una medida que el PSOE había rechazado hasta ahora.
- Vetar los desahucios de inquilinos vulnerables que alquilen un piso propiedad de una de estas empresas.
- Bonificaciones fiscales para los propietarios, la contrapartida que Vivienda usa como moneda de cambio.
El departamento trabaja contra reloj. El texto tiene que estar cerrado para llegar al Consejo de Ministros del próximo martes, 29 de septiembre, y el Ejecutivo necesita los votos de Junts para convalidarlo (ratificarlo o derogarlo) después en la Cámara Baja.
El cambio de posición de ambas partes
Las dos medidas principales suponen un giro para los dos socios. Hace un par de semanas, el PSOE se abstuvo en la toma en consideración en el Congreso de una proposición de ley de Sumar que pretendía iniciar la tramitación de una norma para prohibir la compra de viviendas a personas jurídicas, entre ellas los fondos buitre.
Junts, por su parte, tumbó a principios de este año —junto al PP y Vox— el escudo antidesahucios que estaba vigente desde la pandemia. Los independentistas se negaron entonces a rectificar, pese a que el Gobierno intentó reactivar la protección recortándola para que no alcanzara a los caseros con una o dos viviendas en propiedad.
La medida no restaura el escudo antidesahucios que cayó a principios de año: lo sustituye por una versión limitada a los pisos de los fondos.
El límite: solo afecta a pisos de empresas
El alcance de la protección es reducido. Solo beneficiaría a las familias que vivan alquiladas en pisos propiedad de empresas y fondos, que son la minoría. El parque de vivienda en alquiler en España pertenece mayoritariamente a particulares.
Para tapar ese agujero, el Gobierno negocia una solución intermedia entre la demanda de la izquierda de prohibir los desahucios de forma indefinida, y el argumento de Junts sobre la inseguridad jurídica de los propietarios ante la llamada inquiokupación. El desalojo de familias vulnerables de inmuebles de particulares se paralizaría hasta que el inquilino tenga una alternativa, pero el coste recaería en la administración competente y no en el dueño del piso.
Es, en esencia, la propuesta que Junts planteó hace meses: que sea el Estado quien abone a los caseros la renta que dejan de percibir para suspender el lanzamiento.
La negociación sigue abierta.
Qué pasa ahora con el decreto
Si el texto sale adelante como real decreto-ley (norma con rango de ley que el Gobierno puede aprobar por urgencia, sin pasar antes por el Congreso), su convalidación dependerá de la aritmética parlamentaria. El Ejecutivo no tiene mayoría garantizada sin Junts.
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha asegurado este viernes que el PSOE ve con buenos ojos las demandas de su grupo sobre el decreto de vivienda, según el teletipo de Europa Press. Fuentes de la negociación no han concretado todavía el coste fiscal de las bonificaciones ni la redacción final de las prohibiciones.
Lo esencial
- 📌 ¿Qué ha ocurrido? El Ministerio de Vivienda negocia con Junts vetar desahucios y compras de fondos en el decreto, según elDiario.es.
- 👤 ¿Quiénes están implicados? El Ministerio de Vivienda, Junts, el PSOE y Sumar, en una negociación parlamentaria abierta.
- ⏭️ ¿Qué pasa ahora? El texto debe llegar al Consejo de Ministros del martes 29 de septiembre y después convalidarse en el Congreso.
