Los afectados por las oposiciones a 141 plazas de la Policía Canaria han llevado su reclamación al Parlamento de Canarias. La plataforma que agrupa a los opositores quiere que los grupos de la Cámara (70 escaños) aclaren si en aquel proceso selectivo se vulneraron la igualdad, el mérito, la capacidad y la transparencia.
La abogada Ángeles Padilla, representante legal del colectivo, se reunió con con la diputada socialista Nayra Alemán el pasado viernes en la Cámara. Sobre la mesa quedó el relato completo de una convocatoria, la de 2023, que desembocó en los juzgados y que todavía no ha cerrado su recorrido administrativo.
Una causa penal abierta y cuatro principios en entredicho
En ese encuentro, los opositores pidieron al Grupo Socialista que analice la documentación que han ido acumulando y que respalde las iniciativas parlamentarias destinadas a aclarar si existieron actuaciones contrarias a la ley. No piden un trato de favor. Piden respuestas.
La causa penal está en manos de un juzgado de instrucción de Las Palmas de Gran Canaria. La jueza mantiene citado como investigado a Ángel Nichel Acosta, presidente del tribunal calificador, por presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y nombramiento ilegal.
En la misma condición figura José Manuel González Afonso, director general de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública del Gobierno canario y el alto cargo que designó al presidente del tribunal.
Los opositores aportaron audios y registros de pagos por Bizum para sostener que el presidente del tribunal ejercía como preparador en una academia privada durante el periodo legal de incompatibilidad de cinco años. Ese material abrió la puerta a la causa penal.
Cuestionar ante la jueza el acceso a la función pública no es un problema administrativo: es una grieta en la confianza de miles de opositores.
En su comunicado, el colectivo insiste en que no pretende interferir en las competencias de los tribunales ni prejuzgar responsabilidades individuales. Lo que exige es que la administración deje de callar. “Después de todo lo ocurrido, los afectados no podemos conformarnos con el silencio. Queremos respuestas, transparencia y garantías”, señalan.
Un cuerpo policial joven y un Gobierno que guarda silencio
La plataforma reclama la actuación inmediata de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, y del presidente del Gobierno de Canarias.
Fernando Clavijo y su consejera pertenecen a Coalición Canaria, el partido nacionalista que gobierna la comunidad en coalición con el PP desde 2023. El colectivo les pide que activen “los mecanismos políticos y administrativos pertinentes” y que el procedimiento se revise con todas las garantías que exige la ley.
La Policía Canaria es el cuerpo autonómico de seguridad creado en 2008 y dependiente del Ejecutivo regional. No llega a las dos décadas de recorrido y su despliegue ha sido lento desde el primer día. Cada convocatoria se sigue con lupa.
El Pulso Territorial
El caso aterriza en la Cámara en un momento delicado para el Ejecutivo de Coalición Canaria y el PP, que gobierna en minoría desde 2023 con el respaldo externo de Agrupación Herreña Independiente y Agrupación Socialista Gomera. La aritmética es estrecha: 36 escaños en un Parlamento de 70.
El PSOE canario, primer grupo de la Cámara con 23 diputados, tiene aquí una palanca cómoda para forzar comparecencias y registrar iniciativas de control. Nadie en el Gobierno quiere que un asunto judicial se convierta en el eje del próximo curso político.
La comparación con otros territorios ayuda a medir el caso. Canarias, con más de 2,2 millones de habitantes, es una de las pocas comunidades del país con cuerpo policial propio de ámbito autonómico. A diferencia de la Policía Foral de Navarra, con décadas de despliegue consolidado, la canaria sigue construyéndose. Cualquier duda sobre cómo se eligen sus agentes pesa el doble.
Los siguientes pasos son dos. En el juzgado, los investigados están citados a declarar, aunque la fecha no ha trascendido. En la Cámara, el Grupo Socialista debe decidir si registra preguntas o solicita una comisión de investigación. Las elecciones autonómicas, previstas para mayo de 2027, dejan margen para que el caso se aclare antes de que los canarios vuelvan a las urnas.
Ficha Autonómica
- El caso: Un grupo de opositores sostiene que el proceso selectivo de 141 plazas de la Policía Canaria, convocado en 2023, vulneró los principios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia. La causa está judicializada en Las Palmas de Gran Canaria.
- Datos importantes: 141 plazas convocadas en 2023; dos investigados por prevaricación, falsedad documental y nombramiento ilegal; audios y pagos por Bizum como prueba; un periodo legal de incompatibilidad de cinco años.
- Resumen: La plataforma ha pedido al Grupo Socialista que registre iniciativas en el Parlamento y reclama a Clavijo y a Barreto que actúen. La instrucción continúa y la fecha de las declaraciones no ha trascendido.
