Hay delitos que caben en un carro de la compra y penas que no se miden por lo robado, sino por la reacción al ser descubierto. En un Mercadona de Albacete, una botella de zumo de dos litros ha acabado convertida en una petición fiscal de dos años y tres meses de cárcel.
Los hechos ocurrieron a las 19:30 del 28 de diciembre de 2023. El hombre cogió la botella, pasó por la línea de cajas sin detenerse a pagar y, cuando un vigilante de seguridad lo interceptó y le pidió que abonara el producto, la cosa se torció.
Según la acusación, se abalanzó sobre el vigilante y lo empujó repetidas veces para zafarse de él. Hizo falta un segundo vigilante para reducirlo hasta la llegada de los agentes de la Policía Nacional.
El primer vigilante acabó con contusiones en el costado, y la muñeca izquierda. Ocho días de baja y asistencia médica. Ese es el detalle que lo cambia todo.
De ahí la petición de la Fiscalía Provincial de Albacete: dos años y tres meses de prisión. Veintisiete meses por una botella que cuesta menos que un menú del día. A primera vista, la cifra suena desproporcionada.
No lo es, al menos sobre el papel. La explicación es prosaica y está escrita en el Código Penal: el asunto no es el zumo, ni su precio, ni el valor de lo que se intentó sacar del supermercado. El zumo daba igual.
En el derecho penal español, el importe de lo sustraído desaparece de la ecuación en el momento exacto en que aparece la violencia.
Las tres claves que explican los 27 meses
Todo se decide en la calificación jurídica de los hechos. Estas son las tres piezas que sostienen la acusación.
- Es robo, no hurto: el artículo 237 del Código Penal considera robo el apoderamiento con violencia o intimidación, y no exige que esa violencia sea simultánea a la sustracción.
- El valor de lo robado deja de importar: la cuantía solo pesa en el hurto, donde el delito leve se limita a objetos de hasta 400 euros. Con violencia de por medio, esa cifra sale de la ecuación.
- La tentativa rebaja la pena: el robo con violencia se castiga con dos a cinco años, y con entre tres años y medio y cinco si ocurre en un local abierto al público. Al no consumarse, la pena baja un par de grados.
Sobre esa base, la Fiscalía añade un delito leve de lesiones por los daños sufridos por el vigilante, pide dos meses de multa a 12 euros diarios —720 euros— y 450 euros de indemnización. Conviene recordar que esos 27 meses son el techo al que aspira la acusación, no la condena: la última palabra la tiene el tribunal.
No es un caso aislado
La justicia española lleva años aplicando esta misma lógica. El pasado mes de abril, el Tribunal Supremo confirmó nueve meses y un día de prisión por un robo con violencia de escasa entidad. Los objetos sustraídos: dos perfumes de 24 euros en un Mercadona de Barcelona. Con empujón al vigilante incluido.
La Audiencia de Granada confirmó, en otro proceso, la sentencia que había dictado el Juzgado de Motril: diez meses de cárcel para un hombre que cruzó la línea de cajas con un paquete de galletas y que, ya retenido, dio un puñetazo al vigilante. Dos días de lesiones y 75 euros de indemnización.
El patrón se repite con una regularidad que ya no sorprende a nadie: producto barato, vigilante de por medio y un forcejeo que convierte el expediente en algo mucho más serio. La diferencia entre salir con una multa y entrar en prisión no la marca lo que había en el carro de la compra.
También hay quien sale mejor parado. En 2018, un juez de Sevilla absolvió de robo con violencia a un hombre que se llevó unas gafas de 148 euros y golpeó a un vigilante con el retrovisor en el aparcamiento. El razonamiento fue que el hurto ya estaba consumado cuando llegó el golpe, porque el acusado controlaba el objeto lejos de la vigilancia. La Fiscalía pedía cuatro años y todo quedó en dos multas de 540 euros.
Qué puede pasar con la condena
El acusado de Albacete no tiene antecedentes, y eso abre la puerta a la suspensión de la pena. La norma exige que la condena no supere los dos años, un umbral que la petición fiscal rebasa por tres meses. De ahí que cualquier rebaja tenga un peso enorme en el resultado final.
El otro argumento clásico de la defensa es el tiempo. Han pasado casi tres años desde aquel 28 de diciembre de 2023, y las dilaciones indebidas son una atenuante habitual en procesos que se alargan. No figura en la acusación, pero podría colarse en el juicio.
Tampoco conviene perder de vista que la acusación pública no dicta sentencias: la petición de 27 meses es el punto más alto que maneja el caso sobre el papel, y el tribunal puede fijar una pena inferior atendiendo a las atenuantes que se acrediten.
Al final, todo se reduce a una cifra. Un zumo de dos litros cuesta un par de euros. Intentar salir de un Mercadona con él a empujones puede costar 27 meses. Es pura aritmética penal.
