EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid ha registrado una comisión de estudio sobre la incidencia de la Ley de Nietos en el censo electoral de la región.
- ¿Quién está detrás? El PP de Madrid, que gobierna la Comunidad con mayoría absoluta y sostiene la iniciativa desde la Cámara autonómica.
- ¿Qué impacto tiene? Cerca de un tercio de los inscritos en el CERA desde octubre de 2022 corresponde a Madrid, con 132.771 altas y un alza cercana al 40% del voto exterior.
El PP de Madrid registra una comisión de estudio sobre la Ley de Nietos ante el alza del 40% del voto exterior. La solicitud, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, busca esclarecer por qué un tercio de los nuevos inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) —el registro que agrupa a los españoles que residen fuera y votan desde el exterior— se ha asignado a la provincia de Madrid.
Detrás de la decisión están los casos de Tres Cantos y de Madarcos, dos municipios donde la aplicación de la norma ha dado resultados difíciles de explicar. Con los datos generales ya en la mano, los recelos del PP madrileño se han disparado y el grupo ha optado por llevar el asunto a un instrumento reglado de la Cámara. Los números están sobre la mesa.
Qué estudiará la comisión y hasta cuándo tiene margen
El punto de partida son los datos oficiales más recientes. El escrito popular cita 1.225.188 solicitudes presentadas en consulados, 571.761 expedientes aprobados y 333.696 inscripciones practicadas. Otras estimaciones del Gobierno elevan a 2,4 millones los descendientes que han pedido la nacionalidad por esta vía, de los que unos 306.000 ya estarían inscritos. En términos electorales, el volumen no es menor: los nacionalizados de Argentina podrían convertirse en la tercera o cuarta provincia por número de electores, según subraya el propio grupo.
Su objeto principal es medir la incidencia de esas adquisiciones de nacionalidad en la evolución del censo electoral madrileño. La comisión analizará el número y la evolución de las nacionalizaciones, su desglose estadístico, la distribución de las inscripciones por países de residencia y la coordinación entre registros civiles, oficinas consulares,, el Instituto Nacional de Estadística y la Oficina del Censo Electoral. Se suman los procedimientos de inscripción, actualización y depuración censal.
Para ello podrá reclamar informes, series estadísticas y documentación oficial, y citar a especialistas en derecho de nacionalidad, derecho electoral, demografía y estadística. La composición es de tres diputados por cada grupo parlamentario, con acuerdos adoptados por voto ponderado. Se trata de una comisión de estudio, un órgano parlamentario que analiza un asunto y eleva conclusiones al Pleno sin carácter sancionador. El desarrollo abarca de octubre de 2026 a febrero de 2027, antes de que la Asamblea se disuelva en marzo por las elecciones autonómicas del 23 de mayo. El cierre será un dictamen de conclusiones y propuestas que se debatirá en el Pleno.
Ninguna provincia se acerca a las 132.771 altas de Madrid, y esa distancia es precisamente lo que la comisión quiere poner por escrito.
Tres Cantos, Madarcos y el cinturón rojo: los datos que han encendido las alarmas
Tres Cantos no se constituyó como municipio hasta 1991 y, sin embargo, su censo exterior ha crecido en más de 200 personas, con un supuesto arraigo en años en los que el municipio no existía. Madarcos, uno de los pueblos más pequeños de la región, ya tiene 52 electores en el exterior frente a 54 vecinos. Collado Villalba suma 1.439 inscritos en el CERA, 227 más que en 2022.
El patrón se extiende al sur. Alcalá de Henares, Getafe, Fuenlabrada y Leganés, municipios pequeños durante el periodo del exilio, han visto alterado su censo exterior en más de un 25%. En Madrid capital el incremento roza el 40%. En total, 132.771 altas en el CERA desde octubre de 2022, un tercio de los inscritos en toda España, frente a las apenas 50.000 de Barcelona. El PP madrileño subraya que el conocido como ‘cinturón rojo’ es una de las zonas donde más ha crecido ese censo.
La Ley de Nietos es una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática aprobada en octubre de 2022. Permite adquirir la nacionalidad española de origen a descendientes de exiliados por la Guerra Civil y el franquismo, e incluye a hijos de mujeres españolas que la perdieron al casarse con extranjeros antes de 1978 y a hijos mayores de edad de quienes se nacionalizaron por la Ley de Memoria Histórica de 2007. El PP sostiene que la Instrucción de 25 de octubre de 2022, dictada por la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, desborda el supuesto del exilio y extiende la nacionalidad a cualquier descendiente de español.
El argumento jurídico es que una instrucción de rango inferior a la ley habría modificado los supuestos fijados por el legislador. El Tribunal Supremo exige ahora acreditar el exilio conforme a la norma y ordena distinguir los expedientes de quienes lo justificaron de los que se beneficiaron de la interpretación administrativa. De ese segundo grupo, la inscripción en el censo exterior y sus efectos electorales quedan suspendidos.
El Eje del Poder Popular
La comisión sale adelante sin necesidad de acuerdo externo: el PP de Madrid gobierna con mayoría absoluta, así que no depende de Vox para constituirla. Esa es la primera lectura política de la jugada. Génova no ha tenido que marcar el paso; la iniciativa nace en la federación madrileña y encaja con un argumentario que el partido maneja desde hace meses, el de la seguridad jurídica del censo y la igualdad del voto frente a lo que describe como atajos administrativos.
El aterrizaje territorial es evidente. Getafe, Fuenlabrada, Leganés y Alcalá de Henares están entre los ayuntamientos más poblados de la región y son escenario directo de la batalla municipal. La comisión convierte una sospecha extendida en las juntas locales en un asunto de gestión, y añade un eje propio a la agenda de Ayuso, que ya juega fiscalidad, sanidad y seguridad de cara a la Asamblea de Madrid y a la primavera de 2027.
El precedente es conocido: el PP votó en contra de la Ley de Memoria Democrática en su tramitación de 2022 y advirtió entonces de sus efectos colaterales. Cuatro años después, la doctrina del Tribunal Supremo sobre los expedientes le da parte de la razón. La comisión no puede certificar ni descertificar censos —esa competencia es de la Oficina del Censo Electoral y, en última instancia, de la Junta Electoral Central—, y ahí está su límite real. El riesgo es de calendario: si el dictamen se retrasa más allá de febrero, la iniciativa pierde tracción justo cuando el censo exterior vuelve al centro del debate.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: Limpieza del censo exterior e igualdad del voto frente a interpretaciones administrativas que amplían la ley.
- Protagonista: Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid), respaldada por el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea.
- Próximo hito: Constitución de la comisión de estudio en octubre de 2026 y dictamen de conclusiones antes de febrero de 2027.
