El Parlament vota este jueves la reprobación de Salvador Illa con la que Junts cierra el Debate de Política General. La moción no saldrá adelante. Y esa es, precisamente, la noticia.
La jefa de filas posconvergente, Mònica Sales, anunció el miércoles en el hemiciclo que su grupo someterá a votación la reprobación del president. No había precedentes en estos términos. Sales describió a Illa como ‘el peor presidente de la historia moderna de Cataluña’ y cargó contra su ‘incapacidad de gestionar’, pero sobre todo contra su condición de dirigente ‘sucursalista’, rendido a los intereses del Gobierno central y del PSOE.
Illa no entró al cuerpo a cuerpo con Junts. Tildó de ‘catastrofista’ el diagnóstico de la diputada, tendió la mano a los posconvergentes en el pacto educativo y en el nuevo modelo de financiación, y dejó que fueran los números quienes respondieran: 68 escaños de ERC y los Comuns sostienen al Govern en cada votación relevante, incluida la de este jueves.
La sesión tuvo un telón de fondo incómodo para los posconvergentes. Este 1 de octubre se cumplen nueve años del referéndum del 1-O y, en paralelo, la amnistía que desbloquea la situación judicial de Carles Puigdemont está a punto de llegar. El expresident todavía no ha decidido qué papel jugará. Su vuelta al trabajo parlamentario convertiría a Junts en algo parecido a una oposición real. Un problema nuevo para el Govern, que hasta ahora no había tenido ninguna enfrente.
Una reprobación que nace sin números para prosperar
La mecánica parlamentaria es tozuda. La reprobación de un president no es una moción de censura y no obliga a nada: es un posicionamiento político que se vota, se cuenta y se archiva. Junts lo sabe. Por eso presentó su iniciativa como una moción de censura encubierta y por eso Illa la despachó con sorna: si alguien pensaba en hacerla de verdad, no tiene opción alguna de prosperar. Con el bloque de investidura intacto, el texto morirá hoy en el hemiciclo con la misma facilidad con la que nació.
Lo relevante no es el resultado, sino la foto. ERC ha aprovechado el debate para recordar a Illa que gobierna en minoría y que, ahora que ya tiene aprobados desde junio los presupuestos ‘más expansivos de la historia’, les debe resultados. Josep Maria Jové puso sobre la mesa Rodalies, el escándalo de las pruebas PISA y la infiltración de agentes de los Mossos d’Esquadra en asambleas docentes, el episodio que desencadenó la crisis en la conselleria de Interior y acabó con la dimisión del director general de la policía, Josep Lluís Trapero.
La reprobación no tumba a nadie: sirve para que cada grupo deje constancia de lo que piensa hoy y de lo que piensa cobrar mañana.
ERC cobra en Rodalies y en financiación; Junts cobrará en el Congreso
La financiación singular sigue siendo el nudo. Junts no apoyará el modelo que Illa defenderá en el Congreso porque no es un concierto económico al uso. Sin sus siete escaños en Madrid, el camino del president hacia la bilateral con Moncloa se estrecha. Y hay una prueba inmediata: este viernes, el Congreso convalida los decretos aprobados por el Gobierno central tras la ola de protestas y acampadas que siguió al desahucio de la octogenaria Maricarmen en Madrid. Los posconvergentes dudan, dicen, porque desconocen la letra pequeña.
En vivienda, el Govern se juega su relato. Illa anunció una fórmula para comprar pisos a medias con mayores de 40 años, un plan para crear 20.000 plazas residenciales para personas mayores y personas con discapacidad de aquí a 2030, y el compromiso de pactar con los Comuns un nuevo texto que prohíba la compra especulativa. La última propuesta de la Cámara en este terreno fue tumbada por el Consell de Garanties Estatutàries. Nadie quiere repetir el ridículo.
Los Comuns han sido el socio más cómodo. Jéssica Albiach celebró las medidas y, a la vez, cuestionó la falta de ambición del Ejecutivo catalán. Lluís Mijoler, más expeditivo, llamó ‘nazi’ a un diputado de Vox desde su escaño. Nada que ponga en riesgo la sintonía. La aritmética manda.
La ultraderecha como adversario útil y un tercer año más duro
Illa convirtió el debate en una confrontación entre democracia y autoritarismo, la dicotomía que le interesa porque diluye el marco independentista. Repartió a Vox y a Aliança Catalana sendas reprimendas. A Ignacio Garriga le llamó ‘indocumentado, maleducado y provocador’ y le reprochó su ‘poca memoria familiar’. A Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll, la calificó de ‘demagoga y autoritaria’ después de que la dirigente reivindicara que ‘el Islam es incompatible con Occidente’. El Govern prepara una Conferencia Regional por la Democracia para finales de año, con el crecimiento de ambos partidos en las encuestas como telón de fondo.
El PP de Alejandro Fernández optó por por la ironía. Habló del acto del president inaugurando el eclipse del verano, de su clásico ‘Taula pel Pacte, Pacte per la Taula’, le retó a un examen de catalán y llamó ‘truño’ a la propuesta de financiación, recordando que no pocos barones territoriales del PSOE piensan lo mismo. Illa le pidió ‘menos gracietas’. La CUP, con Laure Vega, tendió la mano al Govern y recibió gesto de vuelta pese a la distancia ideológica.
El balance en la bancada socialista es de satisfacción: determinación en vivienda y liderazgo frente a la ultraderecha, los dos objetivos que se habían marcado. La letra pequeña es otra. Apenas se habló de educación, el frente que hace dos semanas hizo temblar al Ejecutivo cuando el Parlament votó mayoritariamente el cese de la consellera Esther Niubó.
El president ha ganado tiempo. No ha ganado margen.
Quedan dos años de legislatura que serán, con toda probabilidad, más complicados que los tres anteriores. Por la irrupción de Puigdemont como jefe de la oposición y, sobre todo, por un escenario que nadie en el Govern quiere pronunciar en voz alta: un cambio de Gobierno en España que dejaría a Illa sin el socio de Moncloa que hasta ahora le ha facilitado mucho las cosas. La reprobación que se vota hoy se archivará esta misma tarde. Lo que no se archiva es la cuenta de resultados que cada socio empieza a pasar.
