Alfonso Rueda acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de aprobar los decretos de vivienda con una «inseguridad jurídica enorme».
El presidente de la Xunta de Galicia (el gobierno autonómico gallego, con sede en Santiago de Compostela) reprocha al Ejecutivo central que haya sacado adelante sendos decretos en materia de vivienda «contrarreloj» y con «una inseguridad jurídica enorme». Lo ha dicho en la Conferencia Empresa Hoy, organizada por Nueva Mutua Sanitaria bajo el título «Tres desafíos de la empresa española: competitividad, marco legal y absentismo laboral».
Dos decretos «contrarreloj» y un contenido que el PPdeG dice no conocer
«Dos decretos cuyo contenido íntegro no conocemos», señala Alfonso Rueda, que preside el PPdeG (el Partido Popular de Galicia, la formación gobernante con mayorías absolutas consecutivas desde 2009). Las normas aprobadas por el Consejo de Ministros incluyen protección frente a los desahucios, la prohibición de compra de viviendas por fondos buitre hasta 2028 y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028, según el relato del propio presidente gallego.
Sobre el fondo, ha convertido el marco legal en el eje de su intervención. «Marco legal es tanto como decir estabilidad», ha aseverado. «. «La cantidad de cosas que no se pueden hacer cuando no hay presupuestos», ha sentenciado, antes de remachar: «Esto pasa cuando no hay estabilidad». El mensaje funciona a la vez como crítica al Ejecutivo central y como reivindicación del modelo gallego.
En competitividad, ha definido el objetivo como «poner las condiciones para que cada uno haga lo que pueda» y «remover obstáculos que muchas veces no deben estar». Ha reclamado que los proyectos que «vengan a Galicia y cumplan» tengan «derecho a establecerse», y ha admitido que la falta de mano de obra «no tiene una solución fácil»: la Xunta negocia con Madrid para facilitar los permisos de trabajo.
El marco legal es, en palabras de Rueda, tanto como decir estabilidad: el argumento con el que Galicia quiere distinguirse en el gran debate nacional sobre la vivienda.
El tercer desafío, el absentismo, ha ocupado también buena parte de su intervención. Lo califica como «un evidente problema»: «En Galicia supone al año un coste de casi el tres por ciento de nuestro PIB», ha expuesto. Casi tres puntos del PIB gallego que, a su juicio, obligan a abordar la cuestión «sin demagogias, sin planteamientos ideológicos».
Rueda distingue entre el trabajador «que tenga una razón objetiva que le inhabilite para trabajar», que «tiene todo el derecho del mundo a estar de baja», y «aquel que no tenga una razón objetiva para estar de baja». Como respuesta, defiende el plan pactado por la Xunta con UGT y los empresarios, que abarca «desde la prevención hasta el acompañamiento» en las reincorporaciones, y pone el foco en las bajas de larga duración, y en el papel de las mutuas.
Vivienda, presupuestos y permisos: la agenda con la que la Xunta responde al Gobierno
El eje del discurso es la vivienda, un asunto que ha dejado de ser solo competencia autonómica para convertirse en terreno de confrontación. La Xunta gestiona suelo, ordenación y promoción pública; el Gobierno central mueve los decretos, la fiscalidad y la normativa estatal. Cuando ambas administraciones empujan en direcciones distintas, se acumulan normas superpuestas que los operadores tardan meses en digerir.
Su crítica se apoya más en la forma que en el fondo: dos decretos aprobados esta semana cuyo contenido íntegro —dice— no se conoce, con efectos «fáciles de aventurar» pero difíciles de medir. Las medidas tocan de lleno a promotores, arrendadores e inquilinos, y su aplicación práctica dependerá de cómo se desarrollen después.
A eso se suma el calendario. La Xunta se ha comprometido a tener unas cuentas en vigor el 1 de enero, un horizonte que en clave gallega significa certidumbre para las empresas y que Rueda usó como contraste con la situación estatal. La estabilidad presupuestaria, en Galicia, funciona como argumento político antes que como dato contable.
En el Parlamento de Galicia (la cámara legislativa unicameral gallega, con 75 deputados), el PPdeG no necesita apoyos del BNG (el Bloque Nacionalista Galego, primera fuerza de la oposición) ni del PSdeG (la federación gallega del PSOE) para sacar adelante sus presupuestos. El pulso con Madrid se libra, sobre todo, en el terreno del relato.
El Laboratorio Gallego
Galicia es, desde 2009, un territorio de mayorías absolutas del PPdeG. Alfonso Rueda llegó a la presidencia de la Xunta en 2022, cuando Alberto Núñez Feijóo dio el salto a la política nacional, y desde entonces mantiene un patrón reconocible: gobernar con la estabilidad como bandera y contrastarla, en cada comparecencia, con lo que ocurre en Madrid. El discurso de esta semana encaja en ese molde. No parece casual que un foro sobre «la empresa española» haya sido el escenario elegido para hablar de vivienda, permisos de trabajo y absentismo.
La dimensión nacional es evidente. La vivienda se ha instalado entre los grandes ejes de la agenda política española, y el PP ha hecho de la seguridad jurídica su bandera en ese terreno. Rueda no habla solo como presidente autonómico: habla como barón de un partido que aspira a capitalizar el malestar con el acceso a la vivienda. En Galicia, además, la bandera tiene respaldo material: unas cuentas garantizadas para el 1 de enero y un plan de absentismo pactado con los agentes sociales.
La proyección se mide en el Parlamento. Con mayoría absoluta, el PPdeG tiene margen para aprobar sus cuentas sin concesiones al BNG ni al PSdeG, y la incógnita se sitúa fuera de Galicia: si el argumento de la estabilidad, que aquí funciona como seña de identidad, resiste el traslado al conjunto del país. De momento, Rueda lo está ensayando en voz alta.
Ficha del Caso
- El caso: El presidente de la Xunta critica en un foro empresarial de ámbito estatal los decretos de vivienda del Gobierno y reivindica la estabilidad normativa y presupuestaria de Galicia.
- Datos importantes: Dos decretos con protección frente a desahucios, veto a los fondos buitre hasta 2028 y prórroga de dos años de contratos; el absentismo cuesta casi el 3% del PIB gallego; la Xunta prevé tener cuentas en vigor el 1 de enero.
- Resumen: Galicia vuelve a usar su estabilidad como argumento frente al Gobierno central en un asunto, la vivienda, que el PP ha convertido en eje de su agenda nacional.
