5El muro competencial: los ayuntamientos no pueden tocar los vuelos y Moncloa guarda silencio
Ninguno de esos cuatro alcaldes puede hacer lo que pide en privado. El artículo 149.1.20 de la Constitución reserva al Estado los aeropuertos de interés general, el control del espacio aéreo y el tránsito y transporte aéreos: la capacidad de una terminal se fija en su Plan Director y en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), que aprueba el Ministerio de Transportes, y el reparto de vuelos se hace por slots según el reglamento europeo 95/93, que en España gestiona la AECFA desde 2014. La norma obliga al gestor a conceder franja a la aerolínea que la solicite si hay capacidad y deja en manos de las compañías la elección de rutas. Un pleno municipal solo puede aprobar una declaración política. La prueba es que ni una comunidad con competencias turísticas propias ha podido: en mayo de 2025, el Govern balear reclamó a Aena congelar los slots de temporada alta y admitió que el asunto no está en su mano, y en junio de 2025, el Senado pidió la cogestión del aeropuerto de Ibiza y revisar el DORA, una declaración sin efecto práctico sobre el tráfico.
Al otro lado de ese muro, Moncloa no ha abierto ningún cauce para compartir la decisión. Marga Prohens llevó la cogestión a su reunión con Pedro Sánchez y después reconoció que no había logrado el objetivo. Las únicas respuestas han sido técnicas o de rechazo: en octubre de 2026, el ministro Óscar Puente calificó de «hipocresía insoportable» exigir «estrangular» los aeropuertos mientras se conceden licencias de vivienda turística, recordó que Aena no elige quién vuela y situó el grifo en el alojamiento. CCOO advirtió un mes antes de que la cogestión tampoco permitiría limitar vuelos y encarecería tasas y billetes de residentes. Mientras, los récords que los ayuntamientos celebran en público: Son Sant Joan cerró 2024 con 33,2 millones de pasajeros y 243.200 operaciones, e Ibiza registró 9,1 millones en 2025. La factura de la saturación —limpieza, residuos, seguridad, Policía Local— la paga el municipio; la decisión que la genera se toma en Madrid.
