Nacionalizar SpaceX y Starlink ha dejado de ser una excentricidad de sobremesa: Robert Reich lo ha propuesto en voz alta y el Partido Demócrata ya toma nota.
Qué ha pedido Reich y por qué ya nadie se ríe
El que fuera secretario de Trabajo con Bill Clinton —y hoy una de las voces más escuchadas del centro-izquierda americano— lo dijo sin rodeos en una entrevista radiofónica difundida esta semana: ‘Tenemos que desfinanciar a Musk… el 75% de su riqueza depende de los contribuyentes que compran sistemas Starlink para el Departamento de Defensa’. Y añadió la parte que importa: ‘Si hay una administración demócrata, los demócratas deberían empezar esto, no solo con audiencias de supervisión, sino sentando las bases para nacionalizar Starlink y SpaceX. Nacionalícenlo. Debería ser una corporación pública’.
La propuesta tiene ya eco institucional. El senador Alex Padilla, demócrata por California, reclama investigaciones federales sobre las empresas de Elon Musk. Y la lectura de la prensa conservadora americana es que Reich no es una voz aislada: el Washington Examiner sostiene que el exsecretario, considerado radical en los noventa, ocupa hoy el centro ideológico del partido. Lo que dice Reich no es el borde: es el termómetro.
Conviene bajar la propuesta al terreno legal, porque ahí se mide su seriedad. La Constitución americana no prohíbe expropiar; prohíbe hacerlo sin indemnización. La cláusula de expropiación de la Quinta Enmienda —el takings clause, la regla que obliga al Estado a pagar un precio justo cuando se lleva propiedad privada— se diseñó precisamente para que un Gobierno no pueda quedarse con un negocio por las ideas de su dueño. Nacionalizar SpaceX exigiría una ley del Congreso, una tasación de una compañía que no cotiza en bolsa y un litigio de años. Nada de eso lo hace imposible. Solo lo hace caro.
Nadie regala un lanzador.
Porque SpaceX no es una empresa cualquiera. Es la que ha abaratado el acceso a la órbita más de un 80% con cohetes reutilizables y la que ejecuta la mayoría de los lanzamientos militares y comerciales de EE. UU. Starlink, y su versión militar Starshield, sostienen las comunicaciones de mando en Ucrania. Quien controla esa infraestructura controla algo más que un balance.
Nacionalizar empresas privadas por las ideas de su fundador era impensable hace una década; hoy hay marco legal, senadores detrás y un precedente estatal que lo hace verosímil.
El precedente que allana el camino: el Estado ya es accionista
El argumento más incómodo no llega desde la izquierda, sino desde los propios conservadores. En los últimos dos años, la Casa Blanca de Donald Trump ha tomado participaciones directas en más de una treintena de empresas americanas invocando seguridad nacional y cadenas de suministro: un 10% de Intel articulado con incentivos del CHIPS Act —la ley de 2022 que subvenciona la fabricación de semiconductores en suelo americano— y un 35% de North American Blue Energy Partners a través del Departamento de Guerra, la nueva denominación del Pentágono. El Estado americano ya no es solo regulador: es accionista.
Washington no pide permiso.
La tesis conservadora es que ese precedente ha roto el tabú. ‘Cuando el capitalismo de Estado lo bendice un presidente republicano, anula las objeciones conservadoras a una nacionalización demócrata’, escribía estos días el Washington Examiner. Es una crítica a la Casa Blanca formulada desde la derecha y conviene leerla como lo que es: una advertencia sobre coherencia doctrinal, no sobre la intención de Trump. Washington lleva dos años discutiendo quién puede ser dueño de una empresa estratégica.
La Lógica de Washington
Conviene separar dos discusiones que en Europa se mezclan. La primera es la lógica de la administración actual: las posiciones estatales en compañías críticas responden a un problema concreto —la fragilidad de cadenas de suministro que se rompieron en 2020 y en 2022— y a una coalición que la sostiene dentro del Partido Republicano, donde el ala industrialista pesa hoy más que el ala libertaria. Es la misma familia de argumentos que llevó a Trump a imponer aranceles por seguridad nacional en su primer mandato. No es una anomalía: es una doctrina con su propia gramática.
La segunda es qué ocurre cuando ese instrumento cambia de manos. Tampoco sería la primera vez: en 2009 el Tesoro americano rescató General Motors y Chrysler y llegó a controlar el 61% del mayor fabricante del país; Amtrak nació en 1970 como corporación pública para salvar el ferrocarril de pasajeros. La diferencia es el motivo. Entonces el detonante era la quiebra; ahora la pregunta es si el detonante pueden ser las ideas del dueño. Ahí está el riesgo real.
La propiedad privada es negociable.
Para España, ese matiz ya no es teoría. El operador español Hispasat forma parte del consorcio SpaceRISE que despliega IRIS², la constelación europea llamada a competir con Starlink y que no estará operativa antes de 2030. Hasta entonces, las comunicaciones tácticas de las Fuerzas Armadas españolas —como las del resto de la OTAN— dependen de enlaces comerciales de órbita baja, en buena medida americanos. Y hay un segundo canal: las empresas españolas con activos en EE. UU. —Iberdrola, Ferrovial, Santander— operan en un país donde la frontera entre seguridad nacional y expropiación se ha vuelto más fina. Nadie expropia una autopista por motivos ideológicos; nadie descarta ya nada.
La proyección es inmediata. Las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre de 2026 —dentro de una semana— decidirán si las audiencias de supervisión sobre Musk pasan de anuncio a citación. Si el Partido Demócrata recupera alguna de las dos cámaras, Padilla tendrá comité; si no, el debate se traslada a la primaria presidencial de 2028, donde ningún candidato quiere ser el que defendió al empresario más poderoso del país. Mientras tanto, SpaceX seguirá firmando con el Pentágono: cada lanzamiento militar es a la vez un ingreso para Musk y un rehén en la discusión.
Queda una semana.
Ficha del Caso
- El caso: Robert Reich, exsecretario de Trabajo, propone sentar las bases para nacionalizar SpaceX y Starlink al considerar que la riqueza de su fundador depende del contribuyente americano.
- Datos clave: el 75% de la fortuna de Musk procede de contratos públicos, según Reich; más de 30 empresas americanas tienen ya participación estatal directa, entre ellas Intel (10%).
- Para España: sin constelación propia operativa antes de 2030, las comunicaciones militares españolas dependen de enlaces comerciales de órbita baja, en su mayoría estadounidenses; Hispasat participa en la europea IRIS².
