El PSC y Comuns han cerrado su alianza para el Senado para frenar el pacto entre el PP y Vox en Cataluña. Los comunes retiran sus candidaturas a la Cámara Alta en Girona, Lleida y Tarragona y los socialistas se comprometen a designar un senador autonómico a propuesta de la formación de Ada Colau, según el acuerdo suscrito por ambas partes de cara al 29-N.
La operación responde a la entente que el PP y Vox cerraron el pasado lunes y que contempla, entre otros puntos, que los populares no presenten candidato alguno en las provincias de Girona y Tarragona en beneficio de la formación que preside Santiago Abascal. Es la primera vez que el partido de Alberto Núñez Feijóo cede esas circunscripciones a Vox; también en Guipúzcoa, donde tampoco concurrirá.
La aritmética que explica el pacto del PP y Vox en el Senado
El Senado no se reparte con listas cerradas ni con un criterio proporcional puro. Cada provincia elige cuatro senadores con listas abiertas y voto parcial mayoritario, un sistema que prima de forma indirecta a la candidatura más votada: en la práctica, el partido ganador se lleva tres actas y el segundo, una. En Cataluña eso significa 16 escaños en juego, cuatro por circunscripción.
De ahí la lógica de la entente. Al no presentarse en Girona y Tarragona, el PP evita dividir un voto que en esas provincias disputa con Junts per Catalunya y con Esquerra Republicana, y a cambio deja a Vox la condición de referencia del espacio constitucionalista en dos territorios donde hasta ahora no tenía opciones reales de acta. El cálculo es doble: concentra y ensancha.
El umbral que da sentido a todo es la mayoría de tres quintos, es decir, el 60 % de la Cámara. Con esa mayoría el Senado designa a cuatro de los doce magistrados del Tribunal Constitucional, tal y como fija el artículo 159 de la Constitución, y ese mismo listón se exige para la renovación de otros órganos constitucionales. Por eso cada acta cuenta en la Cámara Alta, y por eso el PSC habla de forma explícita de ‘control de instituciones del Estado’.
Si el Senado fuera irrelevante, el PSC no cedería un senador autonómico ni los comunes tres candidaturas para intentar frenar a Vox.
Qué cede cada parte en el acuerdo de PSC y Comuns
El reparto es asimétrico en la forma y equilibrado en el fondo. Los comunes desaparecen de la papeleta del Senado en tres de las cuatro provincias catalanas; el PSC se queda el resto del espacio y paga con un senador autonómico. El Parlament de Catalunya designa ocho senadores en proporción al peso de cada grupo, un mecanismo que convierte ese acta en moneda de cambio habitual entre socios.
‘Es una responsabilidad democrática de las fuerzas progresistas y catalanistas cerrar el paso a la derecha y la extrema derecha en el Senado’, sostienen ambos partidos. En el comunicado que acompaña al acuerdo, PSC y comuns afirman que el pacto del PP y Vox ‘tiene el objetivo de controlar la Cámara para que se convierta en un instrumento de regresión democrática y control de instituciones del Estado’.
El argumento tiene un problema de simetría. Lo que los socialistas catalanes reprochan al PP y a Vox —concentrar el voto para decidir la Cámara— es la operación que ellos acaban de ejecutar en Cataluña. La diferencia es de forma: los comuns retiran candidaturas en tres provincias y el PP renuncia a presentarse en dos, además de Guipúzcoa. La lectura que hacemos es otra: ambos bloques han llegado a la misma conclusión por caminos distintos, que el Senado ya no es un trámite.
Los datos de 2023 marcan el terreno. El PSC logró entonces los tres senadores a los que aspiraba en cada una de las cuatro provincias, doce de los dieciséis en juego; el cuarto escaño fue para Junts en Girona y para Esquerra Republicana en Barcelona, Lleida y Tarragona. Repetir esa foto exige ahora que el voto de la izquierda no se disperse, y de ahí el acuerdo.
La lectura estratégica: el 29-N convierte el Senado en campo de batalla
Cataluña ya ensayó esta fórmula. La Entesa Catalana de Progrés unió al PSC, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya Verds y Esquerra Unida i Alternativa en las generales de 2000, 2004 y 2008. Tras el final del Govern tripartito, los republicanos se apearon en 2011 de una coalición rebautizada como Entesa pel Progrés de Catalunya, que se disolvió en 2015, cuando la izquierda del PSC se reorganizó en En Comú Podem.
La diferencia es que aquella Entesa nacía de una afinidad política y esta nace de una urgencia aritmética. El acuerdo catalán llega, además, después de varias jornadas de negociaciones bloqueadas y deja a Cataluña al margen de la coalición nacional entre el PSOE y el Frente Amplio bajo la marca Senado de Progreso. Ese desajuste dice mucho del valor que cada parte concede a la Cámara Alta según dónde le apriete la cuenta.
Queda el pulso de fondo. El PP ha aceptado por primera vez que Vox lidere la papeleta en tres circunscripciones, y ese gesto pesa más que cualquier discurso: instala la tesis de que el Senado decide y de que el espacio de la derecha se ordena en torno a Vox allí donde el PP no llega. La izquierda catalana ha respondido con el mismo manual, y ninguna encuesta permite dar por cerrada la disputa por el último escaño de cada provincia. El 29-N dirá quién gana la partida.
