Los 3 ministerios que usan IA para cribar ayudas públicas y acumulan errores masivos

La Ley 40/2015 dio nombre y cobertura legal a lo que antes era un limbo: la actuación administrativa automatizada, definida como cualquier acto realizado íntegramente por medios electrónicos «en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público». Ese es el núcleo del asunto. En el bono social eléctrico, el algoritmo BOSCO, desarrollado por el Ministerio para la Transición Ecológica, resolvía por sí solo, sin que ningún funcionario abriera el expediente, y respondía con un «sí» o un «no» sin explicar el motivo. Civio documentó en 2018 que denegaba la ayuda a viudas y familias numerosas que cumplían los requisitos: el programa exigía calcular la renta familiar aunque la norma no lo pidiera en esos supuestos y devolvía «imposibilidad de cálculo». Las comercializadoras trasladaban esa respuesta al solicitante como denegación, sin más motivación. La revisión no existía en ningún punto del circuito.

El patrón no es un residuo de una aplicación vieja. El INSS regula desde 2016 la tramitación automatizada de jubilación, viudedad, orfandad o maternidad; con el sistema Alfa Premium, en marcha desde diciembre de 2020, un 25% de los expedientes de jubilación se resolvían sin intervención de funcionario y un 60% de forma semiautomática, según cifras del propio organismo. En noviembre de 2024 añadió otra pieza: una resolución publicada en el BOE que automatiza los requerimientos de subsanación y las resoluciones que tienen por desistida a la persona interesada, es decir, el cierre del expediente a los diez días y sin lectura humana de quien no subsana. El SEPE ya operaba así desde 2009 con la aplicación SILD. A quien queda fuera no le espera una revisión, sino un recurso de meses: el reglamento europeo de IA califica estos sistemas como de alto riesgo y exige supervisión humana efectiva, y el Supremo obligó en septiembre de 2025 a abrir el código de BOSCO, pero nada garantiza que alguien mire el expediente antes de denegarlo.