El Senado puede enmendar y vetar, pero no decidir. Su veto es suspensivo: el Congreso lo levanta con mayoría absoluta y, una vez transcurridos dos meses, basta con la mayoría simple. Sobre esa asimetría constitucional, el Ejecutivo ha ido construyendo una caja de herramientas para legislar rápido y con el menor número posible de filtros, utilizada en los últimos años con una intensidad que incomoda a buena parte de la Cámara alta y a no pocos constitucionalistas.
El criterio de esta selección no es el volumen de normas aprobadas, sino el grado en que cada fórmula recorta el papel de la Cámara territorial: desde las que la excluyen por completo hasta las que la dejan sin tiempo material para leer lo que vota. Los atajos aparecen ordenados según ese mismo baremo, y todos comparten un efecto común: desplazan el peso real de la decisión hacia el Congreso, donde el Gobierno conoce de antemano sus números y donde el margen de sorpresa es mínimo.
2El ‘ómnibus’ de urgencia: un solo decreto-ley para reformar materias que exigirían varias leyes
El real decreto-ley 5/2023, aprobado el 27 de junio con las Cortes ya disueltas, es el ejemplo extremo: 226 artículos y 225 páginas con los que el Ejecutivo modificó 47 leyes, derogó otra y transpuso cinco directivas europeas de una tacada, y que la Diputación Permanente convalidó el 26 de julio, tres días después de las elecciones generales. La pauta se repite cada diciembre: el RDL 9/2024 llegó a 140 páginas, cerca de 80 medidas y 36 leyes retocadas, y el RDL 16/2025 volvió a mezclar pensiones, bono social, desahucios, IRPF y cotizaciones. Según el informe de Hay Derecho sobre las Cortes, siete de los veinte decretos-ley de 2022, cinco de los ocho de 2023 y tres de los once de 2024 eran ómnibus. Cuando el Congreso tumbó el de enero de 2025, el Gobierno lo troceó: 29 de las 80 medidas salieron adelante por separado, prueba de que las materias se podían desgajar.
Ahí está el atajo. La convalidación de un decreto-ley corresponde en exclusiva al Congreso —el Senado no interviene—, de modo que una norma que reforma decenas de leyes entra en vigor el día de su publicación en el BOE y se ratifica o se deroga en una sola votación, en bloque y sin enmiendas, sin pisar la Cámara Alta. Solo si el Congreso decide tramitarlo como proyecto de ley recupera el Senado su papel, y lo hace con el reloj en contra: el artículo 90.3 de la Constitución rebaja de dos meses a veinte días naturales el plazo para enmendar o vetar los proyectos declarados urgentes, y el Reglamento de la Cámara Alta ajusta sus plazos a ese ritmo. Además, levantar un veto del Senado exige que el Congreso ratifique el texto inicial por mayoría absoluta, algo que el Ejecutivo no tiene garantizado: con 144 senadores propios, el PP reunió 149 votos en el veto a la amnistía.
