EH Bildu eleva a 3,1 millones el quebranto del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por la deuda prescrita de 1,8 millones de euros a la constructora Zadure. La coalición cifra en esa cantidad el perjuicio para la Hacienda municipal tras conocer el fallo de primera instancia que desestima el intento del Consistorio de cobrar el impago de una operación urbanística cerrada hace dos décadas.
Al importe no recuperado se suman las costas judiciales, que la resolución impone a la institución local. El grupo municipal que lidera Rocío Vitero sostiene que la sentencia confirma la dejación en la reclamación de un crédito que el propio Ayuntamiento tenía reconocido desde 2005 y advierte de que el fallo cierra también la vía del aval bancario.
Qué dice el fallo sobre la deuda de Zadure
La resolución, dictada por un juzgado de primera instancia, sitúa el origen del crédito en septiembre de 2005 y fija la prescripción en diciembre de 2020. El Ayuntamiento no reclamó el pago hasta diciembre de 2025, cuando la alcaldesa Maider Etxebarria (PSE-EE) ordenó una reclamación que el juzgado considera extemporánea.
El texto judicial constata que el Consistorio ‘no reclamó en ningún momento’ la deuda durante veinte años y extiende esa imposibilidad al aval bancario de Kutxabank aportado en 2003 para garantizar la operación. La defensa municipal había sostenido, a través del concejal de Hacienda Jon Armentia (PSE-EE), que ese aval aseguraría el cobro pese al retraso acumulado.
La concejal de EH Bildu Aitziber Salazar ha lamentado la ‘pérdida del patrimonio municipal’ que supone dejar de ingresar 1,8 millones y ha denunciado una ‘manera de proceder y esconder expedientes incómodos en cajones’. La coalición reclama explicaciones sobre la tramitación del expediente y sobre los controles internos que debían haber detectado el vencimiento del plazo.
El fallo sitúa la prescripción en diciembre de 2020 y descarta tanto el cobro a la constructora como la ejecución del aval bancario aportado en 2003.
La versión del equipo de gobierno y el recurso anunciado
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz recurrirá la sentencia, según el anuncio de la alcaldesa, por lo que el asunto volverá a los tribunales en apelación. El equipo de gobierno mantiene que la reclamación de diciembre de 2025 se ajustó al margen legal y remite al contenido del fallo antes de fijar una posición pública más detallada sobre el expediente.
En paralelo, el concejal de Hacienda comparecerá en las próximas semanas ante la comisión municipal de Hacienda para aclarar la cronología del expediente y la razón por la que no se activó antes ni la reclamación de la deuda ni la ejecución del aval. La sesión se celebrará con el fallo ya notificado y el recurso en preparación.
Del convenio de 2002 a la prescripción: el recorrido de la operación
El origen del expediente se remonta a 2002, cuando la constructora y el Ayuntamiento acordaron un convenio por el que Zadure compensaba la cesión de cuatro parcelas urbanizadas con la construcción de 18 viviendas de protección oficial y el pago en efectivo de 55.811 euros. Posteriormente, ambas partes modificaron el acuerdo y la mercantil se comprometió a abonar 1,8 millones cuando se vendieran las viviendas.
Las VPO las terminó construyendo otra empresa. Zadure alega que no pudo hacer frente al pago por el impacto de la crisis inmobiliaria de 2007 y por los retrasos municipales en la normativa urbanística de Salburua y Zabalgana, los barrios donde disponía de suelo para desarrollar proyectos residenciales. El fallo construye su argumento sobre la falta de reclamación durante dos décadas, no sobre las alegaciones de la mercantil.
La suma de principal y costas explica la diferencia entre los 1,8 millones del crédito y los 3,1 millones que EH Bildu atribuye al quebranto. El Consistorio no ha detallado públicamente el importe exacto de las costas ni la partida con la que se cubrirán, y la sede electrónica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz no ha publicado documentación adicional sobre el expediente Zadure.
El calendario institucional queda pendiente de dos citas: la tramitación del recurso de apelación y la comparecencia del concejal de Hacienda ante la comisión municipal, prevista para las próximas semanas. Sobre la mesa estarán los 1,8 millones del principal, las costas y el criterio con el que los servicios técnicos fijaron los plazos de reclamación.
