La Unión de Oficiales de la Guardia Civil mantiene su ofensiva judicial contra la Orden INT/859/2023. La norma creó una comisaría de la Policía Nacional en Roquetas de Mar y retiró del municipio al instituto armado.
La UO (Unión de Oficiales, la asociación profesional integrada por oficiales de la Guardia Civil) sostiene que el instituto armado presta en la localidad un servicio «integral, eficaz y plenamente consolidado» desde hace décadas y que no concurren «motivos racionales, ni operativos, ni en términos de eficiencia de los recursos» que justifiquen su sustitución. Lo que nació como denuncia pública ha acabado en los tribunales.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha ocurrido? La Audiencia Nacional ha declarado nula la creación de la comisaría local de la Policía Nacional en Roquetas de Mar prevista en la Orden INT/859/2023.
- ¿Quién impulsa el litigio? La Unión de Oficiales de la Guardia Civil, que defiende el servicio consolidado del instituto armado en el municipio.
- ¿Qué está en juego? La salida de la Guardia Civil de una ciudad de más de 110.000 habitantes y una inversión de más de cinco millones de euros en dependencias policiales.
La orden que sustituyó a la Benemérita
La Orden INT/859/2023, firmada el 21 de julio de 2023 por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, establecía la creación de la Comisaría Local de la Policía Nacional en Roquetas de Mar, en la provincia de Almería. El texto implicaba la cesión de la mitad de un edificio municipal de 12.000 metros cuadrados para alojar las dependencias policiales y la incorporación de más de 200 agentes.
La operación institucional se completaba con una inversión pública superior a los cinco millones de euros. En la práctica, suponía la salida de la Guardia Civil de un municipio de más de 110.000 habitantes que el instituto armado venía cubriendo desde hacía décadas, sin que se articulara una fórmula de coexistencia entre ambos cuerpos.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional anuló esa previsión el 19 de octubre. El fallo constata «la ausencia de cualquier tipo de informe o estudio previo que permita apreciar una motivación específica» en relación con la creación de la comisaría local y estima parcialmente las pretensiones de la asociación.
La resolución no es firme: puede recurrirse ante el Tribunal Supremo, de modo que la decisión definitiva sobre qué cuerpo asume la seguridad ciudadana en Roquetas de Mar sigue pendiente. El pronunciamiento, en todo caso, no entra a valorar el trabajo de la Policía Nacional, cuya profesionalidad no se discute en el fallo: el reproche judicial es de naturaleza procedimental y se limita a la falta de motivación documental de la orden.
La Audiencia Nacional no cuestiona la labor de la Policía Nacional: anula la comisaría al no constar informe previo que justificara su creación.
El pulso por las competencias compartidas
La asociación rechaza el modelo de reparto que subyace a la norma. «No compartimos un modelo de competencias compartidas en el que la Guardia Civil quede relegada a las zonas rurales o a la protección del campo, mientras la Policía Nacional asume las competencias de seguridad ciudadana», señala la UO, que advierte de que el instituto armado «no puede ser sustituido ni convertirse en un cuerpo residual».
El criterio demográfico está igualmente sobre la mesa. «Si la Guardia Civil debe abandonar los municipios cuando crecen, cabría preguntarse también si la Policía Nacional está dispuesta a ceder aquellos que pierden población, o apenas alcanzan los veinte o veinticinco mil habitantes», plantea la organización. El fallo incide en esa línea: ni informe ni estudio previo justificaban la medida desde parámetros demográficos u operativos.
El Ayuntamiento comparte el fondo del reproche. El alcalde, Gabriel Amat, ha defendido que «la Benemérita, bajo ningún concepto, se puede marchar de Roquetas de Mar» y ha calificado de «incomprensible» que la Guardia Civil abandone la ciudad «para que llegue la Policía Nacional», recordando que existen numerosos municipios donde ambos cuerpos coexisten. El Consistorio ha paralizado la cesión del espacio previsto para la nueva comisaría hasta conocer la decisión definitiva.
El contexto institucional
El caso condensa un debate estructural sobre el despliegue territorial de los dos cuerpos generalistas del Estado. La Guardia Civil, con una plantilla que ronda los 80.000 efectivos, es el cuerpo de referencia en la mayoría de los más de 8.100 municipios españoles. La Policía Nacional, con alrededor de 75.000 agentes, concentra su esfuerzo en las capitales de provicia, las áreas metropolitanas y las infraestructuras críticas. El marco general lo fija la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con solapamientos que el Ministerio del Interior resuelve caso por caso.
Ninguno de los dos cuerpos está en cuestión en términos operativos. Ambos sostienen el dispositivo que el Ministerio del Interior presenta cada año en su balance de criminalidad, y su coordinación frente al crimen organizado y el terrorismo se canaliza a través del CITCO (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el órgano del Ministerio del Interior que integra la inteligencia de la Policía Nacional y de la Guardia Civil). El litigio de Roquetas de Mar es un conflicto de encaje organizativo, no de resultados policiales.
La resolución de la Audiencia Nacional deja dos escenarios abiertos: el recurso ante el Supremo y la negociación entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento sobre el futuro del edificio municipal. Mientras se despeja el calendario, no consta que el instituto armado haya interrumpido su actividad en la localidad y la cesión del espacio permanece bloqueada. La decisión última sobre el modelo de seguridad de Roquetas de Mar no llegará antes de que el alto tribunal se pronuncie.
