El consejero delegado de Eurobattery Minerals ingresa en prisión preventiva en Suecia y la mina de wolframio de A Gudiña sigue paralizada.
Del juzgado de Estocolmo al consejo de administración
La compañía matriz confirmó la medida cautelar el sábado 7 de noviembre mediante un escueto comunicado regulatorio dirigido a sus inversores. En ese texto, la firma sueca admite carecer por el momento de más detalles sobre los motivos exactos de la detención de Roberto García Martínez, su primer ejecutivo.
El cerco judicial no es nuevo. La Autoridad Sueca contra los Delitos Económicos ya investigaba al directivo por tres presuntos delitos graves de uso de información privilegiada vinculados a la propia compañía. A eso se suma que el presidente del consejo de administración y el equipo auditor dimitieron en bloque en las últimas semanas. Los títulos siguen suspendidos de cotización en los mercados de Stuttgart y el Nordic Growth Market, que además tramita su expulsión.
La caída del consejero delegado llega apenas dos meses después de otra sacudida. En septiembre, el Tribunal Supremo le impuso dos años de cárcel y 3,46 millones de dólares de indemnización por un delito de fraude: la captación de fondos en 2011 bajo la falsa promesa de explotar minas de oro y diamantes en Sierra Leona con empresas que no contaban con licencias válidas.
Nada de esto ocurre en un rincón irrelevante del mapa. El yacimiento que depende de esa estructura societaria es uno de los pocos proyectos de wolframio con permisos vigentes en la península Ibérica, y su futuro se dirime ahora entre un juzgado sueco y un expediente urbanístico municipal.
Europa quiere extraer en casa las materias primas críticas que hoy compra fuera, y el yacimiento llamado a aportar wolframio gallego sigue sin mover una máquina.
De los permisos hasta 2055 al frenazo del Concello
Sobre el papel, el proyecto tiene recorrido. Eurobattery logró el año pasado prorrogar los permisos de explotación hasta 2055, según el registro del Diario Oficial de Galicia, con una estimación de 60.000 toneladas de wolframio extraíbles. Sobre el terreno, los trabajos están parados.
El Concello de A Gudiña ordenó frenar la actividad tras constatar movimientos de tierra irregulares ejecutados al margen del control urbanístico municipal. La decisión municipal apunta al planeamiento y no a la vigencia de la concesión, pero abre un frente que ninguna prórroga administrativa resuelve por sí sola: si el suelo no está ordenado, el permiso minero sirve de poco.
El contexto internacional juega en contra de la parálisis. El wolframio figura en la lista europea de materias primas críticas —se utiliza en herramientas de corte, en electrónica, y en la industria de defensa— y China concentra alrededor del 80% de la producción mundial. El reglamento comunitario de materias primas críticas fija para 2030 que al menos el 10% del consumo europeo proceda de extracción propia. En la península Ibérica, el otro nombre propio del sector es la mina de Barruecopardo, en Salamanca.
En A Gudiña, municipio ourensano de la comarca de Viana con algo más de un millar de vecinos, el yacimiento se presentó durante años como una de las pocas oportunidades industriales del entorno. Hoy es una promesa con permisos de largo recorrido y actividad cero.
El Laboratorio Gallego
La política gallega lleva tiempo coqueteando con la minería metálica como palanca industrial, y este caso muestra el flanco débil de ese discurso. El PPdeG gobierna la Xunta con mayorías absolutas consecutivas desde 2009 y ha convertido la atracción de inversión industrial en argumento recurrente. El BNG, primera fuerza de la oposición, reclama garantías ambientales y más control público sobre los proyectos extractivos.
El PSdeG se mueve entre el respaldo a la reindustrialización y la defensa de la autonomía local, y el asunto, por ahora, se dirime más en los juzgados que en el Parlamento de Galicia, la cámara unicameral de 75 deputados. La lectura nacional es incómoda: la Unión Europea se ha fijado 2030 para reducir su dependencia exterior en materias primas críticas, y cada proyecto que se atasca en litigios aleja ese objetivo.
Galicia ya vivió una fiebre del wolframio: durante la Segunda Guerra Mundial, los viejos cotos de San Finx, en Lousame, surtieron de mineral a media Europa. Ochenta años después, el yacimiento llamado a repetir esa historia depende de un juzgado de Estocolmo. Quedan incógnitas. El Nordic Growth Market tramita la expulsión de la compañía, la investigación sueca sigue en curso y nadie ha explicado quién asumiría la explotación si la sociedad desaparece, ni si los permisos hasta 2055 son transferibles en esas condiciones. La próxima cita no está en Santiago ni en Madrid.
Ficha del Caso
- El caso: La mina de wolframio de A Gudiña, en Ourense, sigue sin actividad mientras su matriz sueca, Eurobattery Minerals, se hunde por la vía judicial y accionarial.
- Datos importantes: Permisos prorrogados hasta 2055 y 60.000 toneladas estimadas; prisión preventiva del consejero delegado en Suecia desde el 7 de noviembre; dos años de cárcel y 3,46 millones de dólares de indemnización del Supremo en septiembre; cotización suspendida en Stuttgart y el Nordic Growth Market; frenazo municipal por movimientos de tierra irregulares.
- Resumen: El yacimiento llamado a reducir la dependencia europea de wolframio queda pendiente de un frente judicial y de un expediente urbanístico, con el horizonte comunitario de 2030 como telón de fondo.
