Bruselas propone 234.300 millones de euros para el Fondo Europeo de Competitividad, del que en Galicia dependen Navantia, Stellantis y la eólica.
Europa ha tardado en admitir algo que los manuales daban por hecho: tener el mayor mercado del mundo no basta para ser una potencia industrial. Estados Unidos pone dinero encima de la mesa para atraer fábricas; China lleva años sosteniendo a sus campeones. Mientras tanto, la Unión Europea encadenaba reglamentos, repartía ayudas entre demasiadas ventanillas y veía cómo algunas de sus mejores ideas acababan fabricándose al otro lado del Atlántico. El Fondo Europeo de Competitividad nace para corregir esa debilidad.
Bruselas pone 234.300 millones sobre la mesa y tres instituciones se pelean por el mando
La propuesta inicial de la Comisión Europea contempla 234.300 millones de euros para el periodo 2028-2034. La cifra impresiona. Lo difícil es el reparto y, sobre todo, quién manda. Los gobiernos quieren vigilar cómo se gasta; el Ejecutivo comunitario pretende que los proyectos avancen sin atascarse; el Parlamento Europeo exige cuentas. El riesgo es construir una maquinaria tan compleja que, cuando lleguen las ayudas, las empresas hayan perdido su ventana de inversión.
Hay una segunda trampa, más silenciosa. El fondo premiará los mejores proyectos y no repartirá cheques por territorios. Sobre el papel es razonable: el dinero público no debe sostener iniciativas flojas para contentar a un gobierno. Pero si ganan siempre quienes ya tienen las universidades más fuertes, y los equipos mejor preparados, la brecha entre el norte y el sur se hará mayor. La excelencia no debería servir de excusa para olvidar la cohesión.
Lo que Galicia se juega: el naval de Ferrol, la planta de Vigo y los parques que no se construyen
Galicia no es un actor secundario en este tablero. El astillero de Navantia en Ferrol encadena las fragatas F-110 para la Armada y arrastra a un centenar de empresas auxiliares. La planta de Stellantis en Vigo es la mayor factoría de vehículos de España por volumen y el corazón de un clúster de componentes que da de comer a media provincia. Y el sector eólico lleva tiempo advirtiendo de que, sin convocatorias claras y sin red, no habrá nuevos parques.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha reclamado más ambición y más rapidez: Europa, sostiene, no puede responder a sus competidores con años de retraso. También pide que el ahorro privado ayude a financiar la inversión. El argumento es sólido. El dinero de los ciudadanos, en cambio, no se moviliza a golpe de eslóganes: hacen falta productos claros y garantías.
Un fondo que premia la excelencia y no el territorio corre el riesgo de confirmar el mapa industrial que decía querer corregir.
Desde Galicia la advertencia es conocida: la comunidad no puede conformarse con esperar a que se publiquen las convocatorias. Su industria naval, sus puertos y sus capacidades energéticas necesitan estar en el diseño. En Bruselas se decide el reglamento; en Madrid se negocia la posición española; en la Xunta de Galicia (el gobierno autonómico con sede en Santiago de Compostela) se preparan los proyectos. Quien llega tarde a esa cadena, llega tarde a todo.
El Laboratorio Gallego
En el Parlamento de Galicia (la cámara legislativa unicameral gallega, con 75 deputados) la aritmética no se ha movido desde 2024: el PPdeG (el Partido Popular de Galicia, la formación gobernante) ocupa 40 escaños y gobierna con mayoría absoluta. Esa mayoría le permite fijar el rumbo industrial sin depender de nadie y le obliga a responder de cada retraso sin coartada.
Al otro lado, el BNG (el Bloque Nacionalista Galego), primera fuerza de la oposición, tiene 25 escaños; el PSdeG (el Partido Socialista de Galicia) suma 9. La política industrial ha sido uno de los pocos terrenos donde el debate gallego se ha mantenido en términos técnicos. Nadie discute la necesidad de los fondos; todos discuten quién los diseña. El pulso real no está en el hemiciclo, sino en la cadena que va de Santiago a Madrid y de Madrid a Bruselas.
Ahí aparece la incógnita. El Gobierno central negocia el reglamento; la Xunta diseña los proyectos; y las empresas deciden si esperan o invierten por su cuenta. Si el criterio de excelencia pesa más que la cohesión, Galicia competirá con regiones que llevan décadas de ventaja. Y si el calendario se estira hasta 2028, algunas decisiones industriales se habrán tomado antes de que exista una sola convocatoria.
No es la primera vez. Los PERTE del automóvil y del naval ya obligaron a Galicia a competir por fondos que se resolvían en Madrid, y dejaron una lección: la comunidad que no llega al diseño del programa compite después con desventaja. El fondo, por sí solo, no resolverá la falta de inversión ni sustituirá las reformas del mercado único.
La proyección es concreta. La negociación del marco financiero 2028-2034 debe encarrilarse a lo largo de 2027 y de ella saldrán los primeros criterios de reparto. Galicia pesa en torno al cinco por ciento del PIB español; su influencia en el diseño de esas reglas está por ver. Lo que se decida entonces marcará qué proyectos llegan a Ferrol, a Vigo y a los montes donde se planifican los parques eólicos.
Ficha del Caso
- El caso: Bruselas diseña un Fondo Europeo de Competitividad dotado con 234.300 millones para 2028-2034; Galicia aspira a colocar en él los proyectos de Navantia Ferrol, Stellantis Vigo y la eólica.
- Datos importantes: 234.300 millones de euros y periodo 2028-2034 según la propuesta inicial de la Comisión Europea; reparto por excelencia de proyecto y no por territorio; tres instituciones implicadas (Comisión, Estados y Parlamento Europeo); 40 escaños del PPdeG, 25 del BNG y 9 del PSdeG en el Parlamento gallego.
- Resumen: La Xunta y el Gobierno central pugnan por llegar al diseño de las convocatorias. Si prima la excelencia sobre la cohesión, la industria gallega parte en desventaja frente al norte europeo.
