El PSN y EH Bildu acuerdan en Navarra un impuesto a la eólica y la solar desde el 1 de enero de 2027. El pacto se enmarca en la negociación de los presupuestos de la Comunidad Foral para el próximo ejercicio y se concretará en una proposición de ley foral que ambos grupos registrarán en el Parlamento de Navarra.
Los parques eólicos y las plantas fotovoltaicas instalados en territorio navarro quedarán gravados, según la información publicada por El Periódico de la Energía el 6 de noviembre. Los grupos que sostienen al Gobierno de Navarra y EH Bildu-Nafarroa han cerrado el principio de acuerdo tras varias reuniones en las que la fiscalidad ambiental ha sido el primer capítulo del entendimiento presupuestario.
Qué grava el tributo y cuándo entra en vigor
El texto pactado establece que el impuesto sobre parques eólicos y fotovoltaicos tendrá efectos a 1 de enero de 2027. La fórmula elegida es una proposición de ley foral, una iniciativa parlamentaria y no un proyecto del Ejecutivo autonómico, lo que obliga a completar el recorrido ordinario en la Cámara: registro, debate de totalidad y trabajo en comisión.
Los firmantes justifican la figura en clave de fiscalidad verde. En el documento de el acuerdo presupuestario sostienen que, ‘a pesar de los innumerables beneficios que producen las energías renovables, no podemos decir que los métodos de generación renovable de energía sean totalmente inocuos para el medio ambiente’. El texto añade que ‘Navarra no se puede quedar atrás en la implantación de esta fiscalidad verde’.
Navarra cuenta con un régimen fiscal propio amparado en el Convenio Económico con el Estado, que le permite configurar sus tributos y gestionarlos mediante la Hacienda Foral. Esa potestad habilita la creación de una figura nueva por ley foral sin necesidad de modificar la normativa estatal. El pacto no detalla bases, tipos ni cuotas, extremos que deberán fijarse durante la tramitación.
El impuesto navarro a la eólica y la solar se tramitará como ley foral con efectos desde el 1 de enero de 2027, sin que el acuerdo concrete todavía tipos ni bases.
El precedente de Castilla y León y la reacción del sector
La iniciativa navarra llega después de que la Junta de Castilla y León, gobernada por PP y Vox, incluyera un impuesto ambiental a la energía solar en su proyecto de Ley de Medidas Tributarias para 2027, que se suma a las figuras ya existentes sobre eólica, nuclear y centrales térmicas. El anuncio castellano y leonés provocó el rechazo del sector renovable.
‘Es absolutamente recaudatorio e injustificado que penaliza una actividad que genera desarrollo socio económico local y ofrece competitividad a todos los consumidores, particulares e industrias’, afirmó José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).
En el ámbito estatal, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, advirtió el 27 de octubre en el XIII Foro Solar de que le cuesta ‘muchísimo entender’ que haya quien quiera resucitar ‘recetas fracasadas’ en materia fiscal, en referencia al conocido como impuesto al sol. Las declaraciones se produjeron diez días antes de que se conociera el acuerdo navarro.
El encaje foral y el calendario parlamentario
La preocupación expresada por el sector es que este tipo de actuaciones fiscales se extiendan por el resto del territorio y penalicen las inversiones previstas en renovables. En paralelo, el criterio que defienden las administraciones que ya han implantado figuras similares es que cada territorio grave, la actividad que se desarrolla en su suelo.
El caso navarro tiene una singularidad institucional: la Comunidad Foral se rige por el Convenio Económico, no por el concierto vasco, y dispone de amplia capacidad normativa sobre sus tributos, además de una aportación anual al Estado por las competencias no asumidas. Por eso la decisión se adopta en el Parlamento de Navarra y no en el Congreso de los Diputados.
La comparación con el resto de comunidades arroja también diferencias de procedimiento. En Castilla y León la figura viaja en el proyecto de ley de medidas tributarias que acompaña a las cuentas, mientras que en Navarra se ha optado por una proposición de ley foral independiente, con efectos fijados al 1 de enero de 2027.
El calendario es ajustado. Los presupuestos de 2027 de la Comunidad Foral están pendientes de aprobación definitiva y la proposición de ley foral aún no ha sido registrada, según la información disponible. El texto deberá superar el debate de totalidad y la fase de comisión antes de llegar al Pleno, el hito que determinará si el tributo entra en vigor en la fecha prevista o lo hace con retraso.
