SUMA negocia con el Banco Sabadell la compra de la antigua sede de la CAM en Alicante, un edificio protegido de 4.000 metros cuadrados.
El inmueble está en el número 40 de la calle San Fernando, a un paso de la Explanada y de la zona bancaria histórica de la ciudad. Su destino, si la operación llega a buen puerto, es convertirse en la sede central de SUMA Gestión Tributaria, el organismo de la Diputación de Alicante encargado de la recaudación de impuestos en la provincia, el equivalente a una agencia tributaria provincial.
La entidad lleva tiempo buscando espacio. Sus oficinas actuales, en la Rambla de Méndez Núñez, ocupan un edificio residencial y se han quedado pequeñas. Las instalaciones han alcanzado sus límites de capacidad, admite la propia Diputación.
La operación: 10,5 millones, una línea de crédito y un pleno el 20 de noviembre
Para mover ficha, el Consejo Rector de SUMA aprobará el lunes una modificación de crédito que incorpora remanentes por valor de 10,5 millones de euros, según ha informado la institución provincial. Ese importe se destinaría a la adquisición y a los gastos derivados de la misma. La cifra no cierra la compra: es el paso administrativo que permite tener dinero disponible cuando la negociación con el banco concluya.
El calendario aprieta. La modificación pasará por la Comisión de Hacienda y necesitará el visto bueno de un pleno extraordinario, que se prevé convocar para el 20 de noviembre. En paralelo, SUMA activará una operación de crédito para financiar la compra. La negociación con el Sabadell sigue abierta y sin acuerdo cerrado.
Si la firma llega, el edificio entrará en una reforma integral de entre dos y tres años. El proyecto respetará las partes protegidas: la fachada, la escalera y todo el exterior. El resto se adaptará a las necesidades de una institución moderna, con espacios de atención al público y un auditorio para jornadas, formación y encuentros con la sociedad.
Comprar 4.000 metros cuadrados en el centro y reformarlos durante tres años es la manera que tiene una institución de decir que piensa quedarse.
De la Rambla a San Fernando 40: qué gana SUMA y qué deja atrás Alicante
La compra permitiría concentrar servicios hoy dispersos, mejorar la coordinación interna y ganar espacios institucionales. Es una operación patrimonial de calado para una institución provincial, acostumbrada a gestionar presupuestos ajenos y poco habituada a los titulares.
El presidente de la Diputación, Toni Pérez, la ha defendido como una “inversión estratégica” y una “apuesta por la recuperación y puesta en valor del patrimonio arquitectónico de la ciudad”. En su argumento hay dos ideas: la nueva sede permitiría una organización más eficiente e integrada, y el edificio, de carácter protegido, se rehabilitaría compatibilizando conservación y uso administrativo.
No es la primera idea que se pone sobre la mesa. La Diputación había anunciado su intención de trasladar la sede central de SUMA a uno de los edificios del futuro complejo del Palacio de Congresos, en la zona de poniente del puerto de Alicante. Ese proyecto se ha revelado más lento de lo previsto y las necesidades de espacio no esperan, así que la institución mira ahora al centro.
El destino de la sede vieja queda abierto. El Consejo Rector y la Diputación estudiarán qué hacer con las instalaciones de la Rambla, sin descartar su venta para financiar la compra y la reforma. La operación no está cerrada por el lado del gasto: primero se adquiere, luego se reforma, y más tarde se decide si se vende lo que se deja atrás.
Queda el valor del inmueble. Un edificio protegido en el centro de Alicante, con fachada y escalera tuteladas, que cambiará de uso sin cambiar de piel. La rehabilitación será tan importante como la compra: de ella depende que el nuevo uso institucional no borre lo que el edificio fue.
El Escenario Valenciano
La operación de SUMA parece un asunto de contabilidad provincial. Vista desde Valencia, dice algo más sobre cómo se mueve el poder institucional en la provincia de Alicante. La Diputación de Alicante está presidida por el PP, con Toni Pérez al frente, y SUMA es su principal instrumento recaudatorio: gestiona tributos de decenas de municipios y su sede no es solo una oficina, es la cara visible de la institución.
En la Generalitat, el Consell de Juanfran Pérez Llorca sostiene el pacto entre PP y Vox que gobierna desde diciembre de 2025, mientras el PSPV y Compromís fiscalizan en las Corts Valencianes cada contrato y cada modificación de crédito. La Diputación alicantina responde a otra lógica, con mayoría popular y una operación patrimonial de calado, pero comparte escenario: en la Comunitat, cualquier compra pública relevante se lee en clave provincial.
Tampoco es un caso aislado en España. Los grandes bancos llevan años adelgazando red y desprendiéndose de inmuebles heredados de las cajas de ahorros, y las administraciones han encontrado en ese mercado una vía para comprar en lugar de alquilar. El precedente más cercano es el de la propia CAM, intervenida por el Banco de España en 2011 y adjudicada al Sabadell ese mismo año. Quince años después, su sede vuelve al mercado con comprador institucional.
La próxima cita es el pleno extraordinario del 20 de noviembre. Si la modificación de crédito sale adelante, SUMA tendrá 10,5 millones disponibles y un edificio en el punto de mira. Si la negociación con el Sabadell se rompe, el dinero volverá a la casilla de salida y la sede seguirá en la Rambla. En el mejor de los casos, entre compra, reforma y mudanza, el traslado no llegaría antes de 2029.
Ficha del Caso
- El caso: SUMA Gestión Tributaria, organismo de la Diputación de Alicante, negocia con el Banco Sabadell la compra de la antigua sede de la CAM en la calle San Fernando 40 para instalar allí su sede central.
- Datos importantes: modificación de crédito de 10,5 millones de euros; edificio de 4.000 metros cuadrados; reforma integral de entre dos y tres años con fachada, escalera y exterior protegidos; pleno extraordinario previsto para el 20 de noviembre.
- Resumen: si hay acuerdo, la sede de la Rambla de Méndez Núñez podría venderse para financiar la operación y el centro de Alicante recuperaría un inmueble patrimonial con uso institucional.
