EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Los eurodiputados del PP, encabezados por Dolors Montserrat, han registrado una batería de preguntas parlamentarias para que la Comisión Europea audite la ejecución de las inversiones ferroviarias financiadas con fondos comunitarios y el cumplimiento del hito 87 del Plan de Recuperación.
- ¿Quién está detrás? El Grupo Popular Europeo, con su secretaria general al frente; al otro lado, el Gobierno de España y el Ministerio de Transportes, que responden ante Bruselas por la gestión de esos fondos.
- ¿Qué impacto tiene? El PPE pone bajo lupa los 1.196 millones del Mecanismo de Recuperación pendientes en Transportes al cierre de 2025 —el 61,8% de lo asignado— y el contrato de 93 millones con Thales para renovar la señalización de la línea Madrid-Sevilla.
El PP pide a la Comisión Europea que verifique si el Gobierno ejecuta las inversiones ferroviarias financiadas con fondos europeos. La ofensiva popular, registrada esta semana en el Parlamento Europeo, traslada a Bruselas la batalla política que el partido de Feijóo mantiene abierta en España desde los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), que han dejado 69 fallecidos.
Los eurodiputados del PPE, con su secretaria general, Dolors Montserrat, a la cabeza, han registrado una batería de preguntas para saber si las inversiones anunciadas por el Ejecutivo y pagadas con dinero comunitario se han traducido en infraestructuras y sistemas de protección ‘plenamente operativos’. El texto reclama transparencia, auditorías y una revisión exhaustiva del gasto europeo. También exige ‘asunción de responsabilidades’ si las investigaciones acreditan algún tipo de irregularidad.
Qué preguntan exactamente los populares a Bruselas
El eje del escrito es el hito 87 del Plan de Recuperación, el compromiso que España declaró cumplido y que sirvió para desbloquear nuevos desembolsos. Los populares quieren que la Comisión compruebe si las actuaciones estaban terminadas, instaladas, probadas, y disponibles para la explotación ferroviaria. Y ponen un ejemplo concreto: el contrato adjudicado por Adif a Thales en septiembre de 2021 por 93 millones de euros para renovar la señalización y la protección de la línea Madrid-Sevilla, incluida la sustitución del sistema LZB. El plazo de ejecución vencía en enero de 2026. Diez meses después, según la iniciativa, el LZB seguía operativo.
La batería alcanza también a los contratos que investiga la Fiscalía Europea tras ambos siniestros y al grado real de ejecución de las inversiones en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. El PPE pone cifras sobre la mesa: al cierre de 2025, el Ministerio de Transportes mantenía pendientes 1.196 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (el fondo europeo que financia los planes de reformas e inversiones de los Estados miembros), el 61,8% de los fondos asignados. A eso suma las deficiencias en los sistemas de gestión y control de Adif que advirtió el Tribunal de Cuentas.
Conviene precisar qué es y qué no es una pregunta parlamentaria. No abre procedimiento, no declara incumplimiento y no suspende ningún pago. Obliga a la Comisión a responder por escrito en el plazo que fija su Reglamento y, de paso, fija relato. Hasta que esa respuesta llegue, ninguna de las afirmaciones incluidas en el escrito acredita por sí misma un uso irregular del dinero europeo.
Una pregunta parlamentaria no condena ni absuelve: obliga a Bruselas a poner por escrito lo que hasta ahora solo era ruido de sede.
De Adamuz y Urda al eje Madrid-Sevilla: el mapa de la batalla
El asunto tiene geografía. Adamuz está en Córdoba; Urda, en la provincia de Toledo. La línea Madrid-Sevilla atraviesa Castilla-La Mancha y Andalucía de norte a sur, y es la columna vertebral ferroviaria del sur peninsular. Cualquier discusión sobre su señalización deja de ser un debate técnico y se convierte en agenda política en dos comunidades con gobiernos de distinto signo. Ahí es donde el PP quiere situar la conversación: en la ejecución, no en la inversión anunciada.
El argumentario socialista va por otro camino. El Ejecutivo sostiene que el volumen de inversión comprometida en la red en los últimos años no admite comparación con etapas anteriores y que la prioridad es la investigación técnica de los siniestros y la reparación de las víctimas, no la refriega partidaria. Cabe recordar un detalle procedimental que el escrito popular obvia: el cumplimiento de cada hito del Plan de Recuperación no lo certifica España por su cuenta. La Comisión evalúa y valida cada tramo antes de autorizar los desembolsos, y ese filtro comunitario es exactamente el que ahora el PPE pide revisar.
La lectura que hacemos en esta redacción tiene tres capas. La primera es institucional: el PPE convierte el Parlamento Europeo en una extensión de la sesión de control española, y eso obliga a coordinar respuesta con la Representación Permanente ante la UE y con el gabinete de Transportes. La segunda es territorial: la línea atraviesa Castilla-La Mancha, con Emiliano García-Page al frente, y Andalucía, gobernada por el PP, de modo que cualquier auditoría que Bruselas abriese tendría lectura política en Toledo y en Sevilla, no solo en Madrid.
El Eje del Poder Socialista
En Ferraz y en La Moncloa la lectura es distinta. El PSOE afronta el reto de sostener el relato de la gestión —inversión, fondos europeos y modernización de la red— mientras la oposición traslada el debate al terreno de la ejecución, que es donde todo Gobierno tiene siempre más que explicar. Ahí se juega la partida. La dirección federal ha hecho de la seguridad ferroviaria una prioridad declarada y del cumplimiento con Bruselas un argumento de autoridad europea: España no diseña su plan de recuperación a espaldas de la Comisión, lo negocia con ella hito a hito.
El flanco débil del movimiento popular es de naturaleza, no de detalle. El PP reclama a Bruselas una auditoría sobre fondos que también ejecutan las comunidades que él gobierna, sujetas a las mismas reglas de control y a las mismas obligaciones de verificación. Exigir transparencia es legítimo; exigirla solo para el Ejecutivo central, menos. Y queda un riesgo de fondo para el partido de Feijóo: si la Comisión responde que los hitos se validaron conforme al reglamento, el escrito se convertirá en un aval involuntario del Gobierno.
El calendario manda. La respuesta escrita de la Comisión Europea y el avance de la investigación de la Fiscalía Europea son los dos próximos hitos reales. Ahí se verá si el escrito del PPE se queda en relato o encuentra asidero documental. Mientras tanto, Moncloa tiene un deber que no admite atajos: explicar, con papeles y con plazos, en qué se ha gastado cada euro del mecanismo. Lo seguimos.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: España cumple con Europa y la seguridad ferroviaria se defiende con inversión, mantenimiento y auditoría, no con preguntas registradas para el titular.
- Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE), con el Ministerio de Transportes como escudo técnico ante Bruselas.
- Próximo hito: Respuesta escrita de la Comisión Europea al PPE y verificación del hito 87 del Plan de Recuperación; en paralelo, avance de la Fiscalía Europea.
