lunes, 30 noviembre 2020 06:40

Exdiputados piden a Batet crear una red estable de científicos que asesoren al Congreso

La Asociación de Exdiputados y Exsenadores ha remitido a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, un documento titulado ‘Conectando Parlamento y Ciencia’, en el que proponen la creación de una estructura estable, en la que quieren implicar a entidades como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), para que científicos de distintas disciplinas puedan asesorar a los miembros de la Cámaras y también ayudar a desmontar bulos como los que se han lanzado relativos al coronavirus.

Esta asociación, que engloba a exparlamentarios de un amplio elenco de partidos, reconocen las iniciativas similares que han puesto ya en marcha desde el Congreso, pero subrayan la necesidad de crear una Oficina de Asesoramiento Científico y Tecnológico de apoyo al Parlamento (OACP), similar a las que funcionan en países como Alemania, Francia u Holanda.

En 2018 varias asociaciones científicas, bajo la Plataforma ‘Ciencia en el Parlamento’, comenzaron a mantener reuniones con la entonces presidenta del Congreso, Ana Pastor, para poner en marcha una oficina de estas características y ese mismo año se celebraron unas jornadas de encuentros entre 200 científicos y 100 parlamentarios a los que asesoraron sobre envejecimiento, medio ambiente, inteligencia artificial, conciliación, antibióticos o energía, entre otros temas.

También ha llegado a un acuerdo con la actual presidenta, Meritxell Batet, para iniciar estas prácticas en la actual legislatura. De hecho, en sus Presupuestos para 2021, el Congreso ha previsto ya una dotación de 45.000 euros para esta futura Oficina de Ciencia y Tecnología.

Pero en el documento que han enviado a Batet, los exparlamentarios apuestan por “robustecer y afianzar una conexión sólida entre el Poder Legislativo y los ámbitos de la ciencia y la tecnología” a través de una estructura “formal, perdurable y bien articulada”.

Según explican, hasta ahora los diputados y senadores se han venido “buscando la vida por su cuenta” creando comisiones de estudio y citando a comparecientes para recibir este tipo de asesoramiento, pero, a su juicio, “ha llegado el momento de que las Cortes asuman que, entre los medios que ponen a disposición de los parlamentarios, ha de estar el necesario asesoramiento” en estas materias.

Y quieren implicar al CSIC, a las universidades y a todo instituto público que pueda colaborar. En concreto, sugieren modificar el Estatuto del CSIC para dar cobertura a esas labores de asesoría cuando las Cámaras lo requieran. La idea es poder recurrir cuando sea necesario a las personalidades más relevantes en cada materia para que, además de asesorar a sus señorías, opinen sobre las medidas a poner en marcha.

Además de la oficina que sugieren crear para funcionar como enlace entre el Parlamento y las instituciones o científicos, apuestan por poner también en marcha un patronato mixto, con políticos y profesionales de la ciencia.

Su labor sería ayudar en la gestión pública, de manera que colaboren para seleccionar y priorizar “las cuestiones o desafíos inminentes o futuros que se deberían prevenir, intentando evitar las sorpresas sanitarias, sociales o tecnológicas”. “Sería un modo de evitar la legislación cortoplacista en la que vivimos en este momento”, defienden.

Entre las funciones de la oficina estarían la realización de documentos e informes “rigurosos” sobre los temas previstos por el patronato, la elaboración de información desde el punto de vista científico de cualquier asunto de interés social y la canalización de las consultas al ámbito científico.

También reservan para la oficina una labor de comunicación ciudadana y la creación en su seno de una “plataforma para desmentir, de forma razonada y asesorada por los científicos, las informaciones dudosas y bulos que sobre diferentes ámbitos del conocimiento se están detectando y difundiendo entre la sociedad”.

“Es absolutamente imprescindible reforzar la relación entre la ciencia y el conocimiento con la sociedad. Hemos visto las consecuencias de no hacerlo. Durante la pandemia de la Covid 19; han corrido miles de bulos y medias verdades en la red que han podido poner a los ciudadanos en riesgo grave para su salud”, argumentan.

Dado que, según apuntan, de momento no hay legislación suficiente para estos “infractores y engañadores (muchas veces con intereses económicos)” y teniendo en cuenta el impacto de las redes sociales, es “necesario avanzar cuanto antes y en diferentes niveles en esta acción estratégica de ayudar a la sociedad frente a esta amenaza”.

“El hecho de que la ciudadanía llegara a sentir como referente de veracidad una oficina asesora del Parlamento, no solo sería un gran reto sino, además, un refuerzo para la imagen social dela institución”, indican en su documento.

Respecto a su financiación, sugieren que la oficina se nutra de una partida presupuestaria de las Cortes y que pueda recibir también aportaciones externas “transparentes” mediante contratos o convenios específicos.