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El aforamiento de Miguel Ángel Gallardo, hasta hace poco sólo presidente de la Diputación de Badajoz y ahora diputado en la Asamblea de Extremadura, -o no, porque hay discusiones legales sobre este asunto-, se ha convertido en un nuevo escenario de pelea entre acusaciones populares, abogados de las defensas y la juez instructora en el Caso David Sánchez. Por eso, la acusación Liberum ha cortado por lo sano y ha acudido directamente al TSJEx.

El último e inteligente movimiento ha sido hecho por la asociación Liberum, una de las acusaciones populares, que ha denunciado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) el aforamiento del presidente de la Diputación de Badajoz por su nueva, o no, condición de diputado. Cuando Gallardo fue acusado formalmente de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, pidió ser diputado, saltándose la cola de otros cinco candidatos.

Dicen Liberum en su escrito que «mediante Auto del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Badajoz (Procedimiento Diligencias Previas Procedimiento Abreviado 965/2024) de 27 de noviembre de 2024, se acordó citar en calidad de investigado a D. Miguel Ángel Gallardo Miranda por su supuesta implicación como presidente de la Diputación de Badajoz en los hechos delictivos objeto de investigación cuya, declaración se realizó el 9 de enero de 2025 que, dio lugar al Auto
de fecha 22 de mayo de 2025 (09:55 horas) del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Badajoz (Procedimiento Diligencias Previas Procedimiento Abreviado 965/2024) que acordó la apertura del juicio oral teniéndose por formulada la acusación entre otros contra D. Miguel Ángel Gallardo Miranda por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias».

Explica Liberum que «en las pasadas elecciones autonómicas de 2023, D. Miguel Ángel Gallardo Miranda aparece en la lista electoral del PSOE en el puesto número 23 esto es, a D. Miguel
Ángel Gallardo Miranda asumir el cargo de diputado por la vacante producida por la renuncia de aquella que ocupaba el puesto 8. En total tuvo que producirse cinco renuncias para lograr que la lista corriera hasta el puesto designado al investigado y acusado D. Miguel Ángel Gallardo Miranda».

GALLARDO IBA EN EL PUESTO 23 DE LA LISTA

Sin embargo, el PSOE obtuvo 16 diputados. Dos candidatos, Guillermo Fernández Vara y Rafael Lemus renunciaron al cargo por lo que, la lista corrió hasta el puesto número 18.

«Pues bien, justo el mismo día que la diputada cuya posición en la lista electoral correspondía con el número 8, a la sazón, Doña. María de la Cruz Rodríguez Vegazo renuncia a su acta como Diputada, el investigado D. Miguel Ángel Gallardo Miranda procede a solicitar a la Junta Electoral la credencial de Diputado de la Asamblea de Extremadura, después coincidentemente, de la renuncia de los cuatro candidatos electos, curiosamente, desde el puesto 19 hasta el 22, a saber: D. Pedro Blas Vadillo; Doña Virginia Borrallo; D. Juan Fco. Ceballos y Doña María Dolores Fernández, para que, finalmente, le correspondiera al puesto 23, esto es, a D. Miguel Ángel Gallardo Miranda asumir el cargo de diputado por la vacante producida por la renuncia de aquella que ocupaba el puesto 8. En total tuvo que producirse cinco renuncias para lograr que la lista corriera hasta el puesto designado al investigado y acusado D. Miguel Ángel Gallardo Miranda», añade el escrito.

Liberum cree que «si todo esto es sumamente irregular, es decir, la renuncia de una de las diputadas (a 24 horas de dictarse el Auto de la Apertura a Juicio Oral con la acusación del entonces presidente de la Diputación Provincial de Badajoz) de la Asamblea Parlamentaria de Extremadura, y la renuncia nada más y nada menos, de cuatro candidatos electorales al puesto vacante con los beneficios y ventajas que ello supone, además hay que destacar la relación entre aquella, Doña. María de la Cruz Rodríguez Vegazo y D. Miguel Ángel Gallardo Miranda».

Efectivamente María de la Cruz Rodríguez fue jefa de prensa de Miguel Ángel Gallardo en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, cuando él era alcalde, y más tarde, jefa del Gabinete de Presidencia de la Diputación, convirtiéndose en la persona de confianza de Miguel Ángel Gallardo, como es de sobra conocido en toda la provincia pacense.

El 15 de julio de 2021 María de la Cruz Rodríguez era nombrada funcionaria de carrera, según el DOE número 135, durante la presidencia de Gallardo en la Diputación.

Por eso argumenta Liberum que son evidentes «los fuertes lazos que vinculan las carreras políticas de la diputada saliente y del acusado D. Miguel Ángel Gallardo Miranda. Es más, nada más perder su condición de diputada, la Sra. Rodríguez Vegazo ha sido nombrada Secretaria de
Organización de PSOE en Badajoz, todo apunta a un puesto por otro a modo de recompensa o compensación, salvo que se acredite lo contrario».

HASTA CINCO CANDIDATOS RENUNCIARON

Y añaden que después de «darse esta inusual renuncia al acta de diputada y la remota cascada de cuatro renuncias de candidatos de la lista electoral que dan un paso atrás (en total cinco
personas afectadas), es cuando justamente su Secretario General en Extremadura a unas horas de dictarse el Auto de Apertura de Juicio oral se persona para recibir por la Junta Electoral la credencial de Diputado por la Asamblea de Extremadura el día 21 de mayo».

Como los otros cuatro candidatos por delante de Gallardo renunciaron a recoger su acta como diputados esto significaría para los denunciantes que «queda pues, acreditada la complicidad de voluntades, lo que, obviamente requirió de conversaciones o negociaciones a fin de que, el candidato con el puesto número 23 pudiera acceder al cargo de Diputado de la Asamblea de Extremadura a toda costa porque, de lo que se trata, es de conseguir el nombramiento y por ende, la ansiada inmunidad reconocida en el art. 27 del Reglamento de la Asamblea de
Extremadura por parte del acusado de supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, todos ellos, curiosamente, delitos contra la Administración Pública».

Todas estas circunstancias «abocan a una apariencia de legalidad, a una instrumentalización espuria y abusiva de las normas reguladoras del nombramiento de un diputado, en concreto, en la Asamblea Parlamentaria de Extremadura, lo que incluye tanto el Reglamento de la Asamblea de Extremadura y la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General», dicen los acusadores populares.

El escrito también incluye una de las cuestiones a debate entre expertos: «Que, para adquirir la condición plena de diputado e incompatibilidades de conformidad con el art. 15 del Reglamento de la Asamblea de Extremadura, es necesaria la promesa o juramento de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Extremadura en la primera sesión del Pleno por parte del candidato que, según se ha informado tendrá lugar el próximo día 29 de mayo de 2025. Por lo que, de efectuarse tal acto se estaría culminando un acto que nació viciado y que adolece de legitimación».

EL NOMBRAMIENTO ADOLECE DE NULIDAD

Para Liberum «el acto de otorgamiento de la credencial de Diputado de la Asamblea de Extremadura a favor de D. Miguel Ángel Gallardo Miranda en sustitución de Doña María de la Cruz Rodríguez Vegazo, adolece de nulidad porque se realizó en fraude de ley y abuso del derecho».

Para la acusación popular está claro que «Miguel Ángel Gallardo Miranda ante el eminente Auto de la Apertura del Juicio Oral y su determinación como acusado por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, en el procedimiento de Diligencias Previas 965/2024, del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Badajoz, decidió iniciar y culminar los actos necesarios para alcanzar el cargo de Diputado de la Asamblea de Extremadura con una doble finalidad: (a) conseguir la inmunidad reconocida en el art. 27 del Reglamento de la Asamblea de Extremadura para de esta forma, impedir que el juicio penal se tramitase ante el Juzgado lo Penal establecido por la ley y; (b) en su lugar, el procedimiento se derive ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, albergando el convencimiento de obtener de esta Sala un resultado más favorable, esto es, el sobreseimiento y archivo de la causa, al menos, en lo que respecta a él».

El escrito concluye que «el acto de otorgamiento de la credencial de Diputado de la Asamblea de
Extremadura a favor de D. Miguel Ángel Gallardo Miranda en sustitución de Doña María de la Cruz Rodríguez Vegazo supone una vulneración a la letra y espíritu del derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley que se integra en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE)».

Además, se vulneraría «el derecho fundamental a la igualdad, porque el acusado obtiene un trato procesal privilegiado de forma mutante en detrimento de los otros acusados que, bien pudieran ser juzgado por el Juez Penal en caso de que, el TSJ no decida llevarse la totalidad de la causa, en cualquier caso se produce inseguridad jurídica (art. 9.3 CE) para todos (incluidas las acusaciones), y reiteramos, de forma espuria, en abuso del derecho y fraude de ley o desviación del poder, elemento clave de la desnaturalización e instrumentalización ilegítima de la obtención de la credencial como candidato electo» y añaden que el acto de otorgamiento de la credencial de Diputado de la Asamblea de Extremadura a favor de D. Miguel Ángel Gallardo Miranda (…) es nulo de pleno derecho (…)».

Por todo ello, desde Liberum se pide a la Sala que tenga por admitido el recurso contencioso administrativo especial de protección de derechos fundamentales contra «el otorgamiento de la credencial de Diputado de la Asamblea de Extremadura a favor de D. Miguel Ángel Gallardo Miranda en sustitución de Doña María de la Cruz Rodríguez Vegazo, por la Junta Electoral el pasado día 21 de mayo de 2025, y se reclame el expediente y tras la tramitación pertinente, se ponga el mismo de manifiesto al objeto de formalizar la demanda».