«Por la concordia de la sociedad española, espero sinceramente que se pueda hallar una solución consensuada ante un tema tan sensible«. Es la frase clave de la carta, en poder de MONCLOA.COM, que el Vaticano envió al Gobierno español sobre la exhumación de Franco. Esta frase provocó que el Ejecutivo ocultase su contenido para vender que se avalaba su gestión, cuando, por el contrario, Roma le pedía un esfuerzo negociador.
De hecho, así resumieron los medios la misiva: «El Vaticano dijo este sábado que no tiene nada que señalar acerca de la exhumación de los restos de Franco que el Gobierno español trata de llevar a cabo, después de que el prior del Valle de los Caídos se haya negado a facilitar el acceso para tal fin.
O también: «El Vaticano vuelve a la posición de partida. Sí permite la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Está de acuerdo. «No se opone«. Y además recuerda «y seguirá recordando» a la comunidad benedictina que custodia la basílica y que se opone a la salida del dictador que ha de respetar la ley.
Pero lo cierto es que la carta del secretario de Estado del Papa, el cardenal Pietro Parolin, tenía dos partes. En una parte, el Vaticano decía a la vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo, lo que le tocaba aceptar, no lo que deseaba. Eso lo dejaba para la frase final del texto.
Pero incluso en el preámbulo, en lenguaje vaticano, ya encendía las luces al Ejecutivo: «La Santa Sede sigue con atención la cuestión del traslado de los restos mortales del General Franco, que afecta a la familia, al Gobierno español y a al la Iglesia». Nótese que Roma pone como primer afectado al clan Franco, no al Gobierno.
LAS PEROGRULLADAS OBLIGADAS DEL VATICANO
Luego siguen diversas perogrulladas obligadas: que el Vaticano respeta el Concordato y que no quiere intervenir en una cuestión que está sujeta a la jurisdicción española. No dice que sea competencia del Estado, habla de estado de derecho: «La controversia que ahora es objeto de un recurso ante el Tribunal Supremo, es competencia del Estado español y está sometido al Derecho y a la justicia española«.
Dicho eso, la frase que el Gobierno cogió como escudo pierde valor: «La iglesia no se opone a la exhumación de los restos mortales del General Franco, si la autoridad competente así lo dispone». Pero la autoridad que puede disponer…es la justicia, y así lo hacía ver el escrito vaticano. No obstante, el final de la carta es la parte sustancial.
Ahí el Vaticano no dice que lo que le toca respetar. Dice y pide lo que desea: «una solución consensuada ante un tema tan sensible» en favor de la concordia de la sociedad española.
Con la decisión final del Consejo de Ministros para realizar la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos quedan por delante varios obstáculos legales. El Gobierno no descarta ninguna acción legal para sustituir a los monjes benedictinos del Valle de los Caídos y evitar así el veto del prior a la exhumación, pero tiene que ganar el recurso de la familia ante el Tribunal Supremo.
El Gobierno señaló en su momento, cuando acordó llevar adelante los últimos pasos de la exhumación, que para entrar en la basílica solicitaría la autorización a las autoridades eclesiásticas o también podría tomar medidas legales.
Aunque el Ejecutivo explicó a qué medidas se refería, el informe de 2011 de la comisión de expertos sobre el futuro del Valle de los Caídos, como publicó MONCLOA.COM, mostró una vía para conseguir salvar el obstáculo en que se ha convertido el prior del Valle. El Gobierno puede modificar el convenio con la abadía de Silos, que está aprobado mediante un decreto de 1958. También podría sustituir esta comunidad por otra, según este convenio, si no ha cumplido los fines establecidos.
Además de las posibilidades legales que tiene el Gobierno a través del decreto de 1957 que aprobó el convenio con la Abadía de Silos, podrían existir otras vías. El Valle de los Caídos es propiedad de Patrimonio Nacional y, según la ley que lo regula desde 1982, el Gobierno debería haber constituido una comisión que tendría que haber realizado una propuesta sobre qué hacer con el convenio y también sobre “el régimen jurídico de los bienes integrados en el patrimonio de la fundación”.
Desde la aprobación de esta ley de Patrimonio Nacional no se ha desarrollado esta previsión. Además, esta norma ya señalaba que el Gobierno debería adecuar el decreto franquista al régimen jurídico actual y también preveía que decidiera si renovaba o daba por enterrado el convenio con los benedictinos. Esta disposición también hace referencia a que el Ejecutivo debería resolver “el régimen jurídico de los bienes que deban quedar sometidos a la legislación aplicable sobre cementerios y sepulturas”, lo que también podría influir sobre el enterramiento de Franco.
Pablo Iglesias, Carolina Bescansa y Miguel Urbán visitaron a inicios de 2014 la sede de Izquierda Unida para anunciarles que iban a lanzar Podemos y pretendían fundirse en la coalición si se abrían primarias abiertas. IU rechazó el envite con suficiencia y este hecho a punto estuvo de costarle la desaparición estatal.
En 2015 Iglesias, al que las encuestas colocaban ‘asaltando los cielos’ de La Moncloa, devolvió el gesto arrogante y en una entrevista concedida a Público tildó a IU de «cenizos políticos» que eran «incapaces de leer la situación política del país».
El secretario general de Podemos tenía guardada una colección de desprecios para sus entonces rivales políticos: «Seguid en vuestra organización. Presentaos a las elecciones, pero dejadnos en paz (…) Quedaos en vuestro sitio. Podéis cantar la Internacional, tener vuestras estrellas rojas (….) No quiero hacer política con eso. Dejadnos vivir a los demás».
2016: EL AÑO DEL CAMBIO
Podemos salvó las generales de 2015 con un llamamiento a remontada y pretendió rematar el ‘sorpasso’ sobre el PSOE firmando un ‘pacto de los botellines’ con Izquierda Unida, que con solo dos diputados se encontraba en su momento más precario.
Alberto Garzón, coordinador federal de IU y Pablo Iglesias, líder de Podemos. Foto: Flickr.
La coalición liderada por Alberto Garzón, lastrada por una deuda de los tiempos de Julio Anguita de más de 10 millones de euros, se integró en Unidos Podemos y aseguró su viabilidad. Pese a ello Iglesias se quedó sin ‘la medalla de plata’ estatal.
Desde entonces, Iglesias y Garzón han unido sus destinos y el PCE ha forzado que Izquierda Unida se integre bajo el paraguas que tutela Podemos, cuya cúpula valora una fidelidad de sus socios que contrasta con el polvorín interno de los morados en varias comunidades autónomas.
SÁNCHEZ MATO, EL NIÑO BONITO DE IGLESIAS Y GARZÓN
Carlos Sánchez Mato fue el máximo responsable de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Manuela Carmena hasta diciembre de 2017, cuando cayó tras el pulso de Cristóbal Montoro al consistorio madrileño.
El actual concejal y responsable de políticas económicas de Izquierda Unida fue apartado por Carmena, que eligió apoyar el Plan Económico Financiero que le exigía La Moncloa pese a que Ahora Madrid recortó en poco más de dos años 2.000 millones de euros de la mastodóntica deuda que heredó tras casi un cuarto de siglo del PP en el poder.
24 horas después de su relevo, la alcaldesa de Madrid cesó como asesor a Eduardo Garzón, hermano del líder de Izquierda Unida y mano derecha de Sánchez Mato. Aquello fue percibido por Podemos e IU como un pulso de Carmena.
Podemos e Izquierda Unida acordaron acudir juntos a las generales del 28-A. Pablo Iglesias e Irene Montero se reservaban el número uno y dos por la Comunidad de Madrid e Izquierda Unida se conformaba con los puestos 3,8 y 11. Alberto Garzón se hacía a un lado y regresaba a la circunscripción de Málaga para dejar hueco en Madrid a otro compañero.
Carlos Sánchez Mato, avalado por Iglesias y Garzón, anunció que se presentaba y todas las quinielas daban por seguro que entraría en el puesto de salida de IU. Pero unas horas antes de comenzar la votación telemática, el todavía concejal de Ahora Madrid renunció porque era «lo mejor para el proyecto colectivo y para la organización».
Enrique Santiago, líder del PCE desde el año pasado y muñidor de los acuerdos entre IU y Podemos, tenía todas las papeletas para salir derrotado y conformarse con el puesto número ocho. En las generales de 2016, con Iglesias al alza, Unidos Podemos ‘solo’ logró ocho diputados, cantidad que ahora tendrá dificultades de repetir.
La renuncia de Sánchez Mato, contrario a la Operación Chamartín, coloca ‘con pie y medio’ el número tres y por lo tanto en el Congreso a Santiago, que a punto de estuvo de alcanzar el liderazgo de Izquierda Unida en 2004 tras un pulso con Gaspar Llamazares, su eterno enemigo político.
Sánchez Mato, eso sí, mantiene su fidelidad con Iglesias y Garzón y anunció el mismo día de su renuncia que había votado a favor «del referéndum que hace Izquierda Unida para ir junto a Podemos a las elecciones generales y al parlamento europeo. También he dado mi voto a Alberto Garzón como candidato a la presidencia del Gobierno. Seamos realistas, hagamos lo que parece imposible».
OBJETIVO: BORRAR EL RECUERDO DEL «MONO AMEDIO»
Iglesias quiere evitar tensiones internas de cara al 28-A y pretende borrar el recuerdo de 2016. En las generales de aquel año, Podemos escogió como número uno por Almería a Julio Rodríguez, exjefe del Estado Mayor de la Defensa.
Alberto Garzón, coordinador federal de IU y Pablo Iglesias, líder Podemos. Foto: Flickr
La coordinadora provincial de Izquierda Unida en la provincia, Rosalía Martín, anunció que no iba a apoyar la votación al exJEMAD y aseguró que su designación era «una provocación» porque Iglesias les llevaba «a un hombre de la guerra y de la OTAN».
Y remató el asunto: «Si quieren traer al mono Amedio que lo traigan, pero traer a un militar es una provocación a las señas identitarias de Izquierda Unida». Julio Rodríguez no consiguió el escaño y ahora Iglesias no quiere fisuras con el PCE e IU y para ello ha recibido con alegría la renuncia de Sánchez Mato, que posibilitará el escaño para el histórico comunista Enrique Santiago.
Ha sido suspendida la vista que estaba prevista hoy en el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional para decidir sobre la libertad de Enrique García Castaño, alias ‘El Gordo’. El comisario, a través de su defensa, exigió al juez Manuel García Castellón más tiempo para preparar su defensa en las cinco piezas por las que ya le investiga. La quinta es el espionaje del BBVA a los enemigos de su expresidente, Francisco González.
Es el primer caso de investigación judicial (léase imputación) de uno de los presuntos espías por el caso BBVA. El juez ya pidió al banco la entrega de todo el material relativo a la operación Trampa, espionaje a los enemigos de Francisco González con ocasión de la frustrada opa de Sacyr. La entrega de documentación avanza sin alardes de prontitud ni estrépitos de negativas.
Pero el juez, entretanto llena huecos documentales, tiene suficientes indicios para sospechar que el comisario Enrique García Castaño pudo cumplir una tarea similar en Trampa que en las otras piezas sumariales por las que se halla investigado: pieza principal de Tándem, Iron, Land y Kitchen.
En varias de esas piezas se mencionan, sobre la base de los informes de Villarejo, las gestiones de BIG (presuntamente ‘El Gordo’) para conseguir teléfonos y se cita su supuesto número de fax en la Comisaría General de Información para recabar datos para el cliente privado. Para complicar más las cosas, el propio García Castaño ya declaró que le daba a Villarejo cuanto teléfono o tráfico le pidiera porque así se lo ordenó el DAO (director adjunto operativo) Eugenio Pino, algo que éste negó inicialmente a través de personas de su entorno.
La defensa de García Castaño, que pilota Baltasar Garzón, se queja en su petición de retrasar la cita judicial de que algunas de tales acusaciones (o sus informes correspondientes) aún no las había recibido en vísperas de esta cita judicial. Pero más allá del deseo de conocer con más detalle las pruebas judiciales antes de comparecer, el escrito de la defensa aflora otra vía argumental de mayor calado.
La defensa de El Gordo hace cuestión crucial de los secretos oficiales buscando una difícil ecuación: probar que cuando un policía espía a un exministro socialista, a una de las hermanas de García Cereceda, a un rival empresarial del marido de Ana Rosa Quintana o busca información de Gürtel fuera del cauce judicial…está bajo la ley de secretos oficiales.
Esta estrategia apunta veladas amenazas. «El señor García Castaño no puede concurrir a las declaraciones hasta que no se haya oficiado al Consejo de Ministros y se haya producido la dispensa que garantiza que podrá desplegar su derecho a la defensa, explicando pormenorizadamente las conversaciones relativas a operativos policiales y fuentes de información obrantes».
El expresidente del BBVA, Francisco González.
Pero Garzón quiere más. No sólo que el Gobierno acuerde tal permiso para romper secretos oficiales, sino que exige controlar la Prensa. El también defensor de Julian Assange, autor de una filtración mundial de secretos de Estado como fue wikileaks, se queja de que «todo movimiento procesal que se realiza en el ámbito del secreto de comunicaciones es retratada inmediatamente enlos medios de comunicación«.
De hecho, este ex juez, cuyos sumarios fueron profusamente difundidos siempre en la prensa (GAL, Nécora, Ucifa o Gürtel…), se ha quejado en cuatro ocasiones al juez de tales filtraciones. Y su cliente, García Castaño, uno de los policías en España con más contactos en la prensa, ha llegado a denunciar tal supuesto coladero judicial.
Por todo ello, Garzón ha solicitado al juez instructor de Tándem algo insólito: «Que este órgano judicial cumpliera con la obligación relatada y se dirigiera a los medios de comunicación, informándoles que los datos, informaciones y elementos que el señor García Castaño podría revelar en su declaración (información dispensada sólo a efectos judiciales) no podía ser publicada«.
A renglón seguido, el escrito de defensa lanza la última advertencia al instructor: «Sin embargo, hasta el momento no se ha realizado esa comunicación a los medios deinformación, por lo que, de concurrir nuevamente el señor García Castaño, a declarar en el marco de esta causa, la información que vierta podría ser dispuesta por los medios de comunicación produciendo un daño irreparable a determinadas materias vinculadas con la seguridad nacional».
Por todo ello, el abogado de El Gordo se despide de García Castellón pidiendo más tiempo para preparar su defensa mientras le exige que «se dirija orden a los medios de comunicación para que no publiquen ningún dato en relación al eventual contenido de dichas publicaciones».
Pintan bastos para el PSPV, al que prácticamente todas las encuestas sitúan fuera del histórico Palau de la Generalitat. Ximo Puig, al que se le presume un cierto nerviosismo en los últimos tiempos por el desplome que se le presume a sus socios, ha decidido adelantar las autonómicas valencianas al 28-A.
La decisión tenía que ser aprobada por el Consell. Y el pasado lunes cinco de los diez consejeros, los pertenecientes a Compromís, le daban un portazo y el presidente salvaba los muebles gracias a su voto de calidad.
Los socialistas se enfrentan a unas encuestas pesimistas y a algunos preceptos legales (la disposición adicional quinta de la Ley Órganica de Régimen Electoral General y al decreto 87/1983). Pese a ello, se han lanzado a la aventura.
LOS ARGUMENTOS DE PUIG
Ximo Puig explicó que su decisión busca consagrar «el reconocimiento de la Comunidad Valenciana como nacionalidad histórica necesitaba un broche para cerrar esta etapa. Hoy tenemos más voz propia».
Aunque, «ahora toca a los ciudadanos decidir a quién le toca dirigir a la Comunidad hacia el futuro. El problema valenciano no está resuelto porque en muchos aspectos somos invisibles». Su decisión, explicó, «rompe con la inercia de una posición que hasta ahora no nos ha ayudado».
La Comunidad Valenciana, en palabras de su presidente, se «singulariza» con el adelanto frente al «pelotón» de regiones de régimen general y se coloca junto a las ‘regiones históricas’. Respecto a su agrietada relación con Compromís señaló estar «seguro de que primará el interés de los valencianos y valencianas, pero cada uno debe asumir su responsabilidad».
Puig desmintió que la decisión estuviese «viciada de partidismo. Es indiscutible que estamos mejor que hace cuatro años pero no para quedarnos parados, queda mucho por delate. Pero no podemos dar marcha atrás, no podemos mirar a un pasado del que salimos huyendo. Tenemos un a oportunidades y hay que aprovecharla. Hay que rechazar aquellos que quieren la confrontación, el maniqueísmo o la involución democrática».
EL PSPV BUSCA UNA ALTA PARTICIPACIÓN
Las últimas convocatorias estatales han tenido mayor capacidad de convocatoria que las autonómicas y municipales en la Comunidad Valenciana. Ximo Puig pretende que una alta participación y la decisión del voto en clave estatal perjudique a las fuerzas emergentes y a las nacionalistas, que no se presentan con posibilidades al Congreso y que podrían sufrir el ‘ticket’ estatal.
El presidente valenciano, Ximo Puig.
Mónica Oltra, vicepresidenta y líder de Compromís, prefirió no hacer sangre con la decisión y explicó que desde julio de 2015 han «aprobado 5.746 decisiones en beneficio del pueblo valenciano, todas por unanimidad. Hoy (por el lunes) se ha producido la única de las decisiones que no se ha tomado por unamidad. Nos quedamos con las anteriores. El Botánico es eso».
Joan Ribó, alcalde de Valencia, también defendió el papel de su partido, Compromís, y afeó la decisión de Puig: «A mí que este derecho esté me parece bien, ahora, que se ejerza en un momento para ponerlas junto a unas elecciones generales me parece que es la peor aplicación posible de este derecho».
El primer edil señaló que «en todas las comunidades: Galicia, el País Vasco, Cataluña o Andalucía, se hace para resaltar unas elecciones autonómicas frente a un proceso general que son unas municipales. Pero hacerlas coincidir con unas elecciones generales, en las que vas a rebufo de los planteamientos de las estatales, no es la mejor manera para resaltar unas autonómicas».
La relación entre Ximo Puig y Pedro Sánchez ha estado marcada por los desencuentros: en julio de 2016 Ferraz imposibilitó un acuerdo para el Senado entre el PSPV, Compromís y Podemos. Al año siguiente Puig fue uno de los 17 nombres que dimitieron de la ejecutiva de Ferraz para forzar la caída política de Sánchez.
En 2017 la cúpula del PSPV apoyó a Susana Díaz y Pedro Sánchez, tras recuperar la secretaría general, presentó en las primarias de los socialistas valencianos un candidato afín contra Ximo Puig, Rafa García, que alcanzó un respetable 42,3% de los apoyos.
Sin embargo, Ferraz ahora ha dado su visto bueno al adelanto en la Comunidad Valenciana y Ximo Puig no se ha sumado al coro de barones socialistas críticos con el apoyo del nacionalismo catalán a la moción de censura que posibilitó la investidura de Sánchez.
PODEMOS, EL ESLABÓN DÉBIL DEL PACTO DEL BOTÁNICO
Especialmente preocupantes son las encuestas de Podemos en la Comunidad Valenciana. Al frente de los morados se estrenará el 28-A Rubén Martínez Dalmau, fundador de la CEPS que hizo que a Iglesias lo vinculase con Hugo Chávez y distante con Caracas desde que comparó a Nicolás Maduro con Adolf Hitler.
Rubén Martínez Dalmau, fundador de CEPS y candidato oficialista de Podemos en Valencia. Foto: Youtube.
Martínez Dalmau fue diputado de Podemos en el Congreso, está considerado como cercano a Pablo Iglesias y ganó las primarias hace poco más de tres meses con el 44% de los votos gracias al apoyo, entre otros, del líder del partido Antonio Estañ. Su lista se impuso por doce puntos a la de María Giménez, que contaba con el apoyo del candidato de los morados en 2015, Antonio Montiel.
Manuel García Castellón, titular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, ha avanzado en los indicios delictivos que obran en la causa de Tándem contra el comisario Enrique García Castaño, El Gordo. El juez posee ya testimonios de agentes que han admitido que hacían entregas mensuales de dinero en efectivo a la exesposa e hija de dicho comisario procedentes de García Castaño.
Tales sumas repartidas en mano a ambas mujeres por estos policías recaderos del comisario García Castaño superaban, con mucho, todos sus ingresos oficiales (entre 3.000 y 4.000 euros mensuales a cada una), según han confirmado fuentes de la investigación a MONCLOA.COM. Compañeros de profesión le estiman unos ingresos oficiales de unos 4.000 euros netos.
Por añadidura, estas remesas en metálico de García Castaño a sus parientes, según las pesquisas bancarias que pilota el juez, supuestamente no salían de su cuenta oficial, ya que no registraba dichos movimientos. Por tanto, la hipótesis de los investigadores es que era dinero ajeno a su circuito de nóminas como funcionario de la Policía.
Esta operativa irregular la apuntala el testimonio judicial de varios agentes que hicieron de recaderos. Si se confirman estos trasiegos de dinero ajeno a su salario como comisario de la UCAO (Unidad Central de Apoyo Operativo) de la Comisaría General de Información, quedarían en grave peligro jurídico la exmujer e hija de García Castaño.
Les situaría, de acreditarse las sospechas, en la antesala de un delito de blanqueo de capitales continuado no sólo por su opacidad, sino por su presunto origen delictivo en labores de espionaje o extorsión vinculadas a José Manuel Villarejo. El propio García Castaño, al margen de los documentos de Villarejo que obran en la causa, ya ha admitido que prestó apoyo profesional a dicho comisario por orden de sus jefes.
Pero los investigadores presumen que la colaboración de García Castaño no era gratuita por diversos indicios ya acumulados en la causa. A García Castaño le tocará explicar ante el juez, previsiblemente mañana, de dónde salía tal maná en efectivo que compartía con su exmujer e hija.
Los investigadores tuvieron noticia de un convenio de divorcio por el que García Castaño debía hacer entrega de una pensión similar al 100% de su salario a su exmujer. Esto les planteó a los agentes el interrogante obvio: ¿De qué vivía ‘El Gordo’ si debía entregar todo su salario a su exmujer?
Por otro lado, la investigación ha producido ya serios avances en la práctica delictiva que se le suponía: buscar teléfonos de espiados por Villarejo, identificar al titular de un número y facilitar tráfico de llamadas, algo que ya se apuntaba en al menos dos trabajos de Villarejo (espionaje a una de las hermanas García Cereceda y enemigos de FG) a tenor de la propia documentación que producía el propio comisario hoy preso.
Si el juez envía a prisión a EL Gordo, como previsiblemente pedirán los fiscales y acusaciones, tendrá un claro significado: el juez no se ha creído que diera todos los teléfonos o sus tráficos a Villarejo por orden de sus superiores. O, en todo caso, entiende que este permiso ni está probado ni resulta relevante ya que seguiría siendo una actuación ilegal. Ningún policía debe obedecer una orden ilegal. Es algo que todo funcionario de Interior conoce desde el 23-F.
Pero si cristaliza tal orden de prisión para el comisario García Castaño se lanzaría un segundo mensaje a los miembros de esta trama policial: el juez no se come la coartada de los grandes servicios a la Patria ni los secretos de Estado cuando toca ventilar puras labores de extorsión o espionaje con fines crematísticos.
COCHES EN SOCIEDADES DE VILLAREJO
Meses atrás, en sede judicial, se le preguntó a García Castaño por qué su exmujer y su hija tenían coches BMW registrados en sociedades de Villarejo. El Gordo alegó que para ahorrarse el IVA y, en el caso de su exmujer, para que pasara desapercibido puesto que era muy conocida de ETA. Admitió que dio el dinero en efectivo a Villarejo para que hiciera la transferencia por tales vehículos desde sus empresas.
García Castaño, además, pidió consejo a Villarejo para que le recomendara cómo pagar parte de una casa de su hija con dinero negro. «¿Quién no tiene dinero en B?», argumentó García Castaño ante el juez. Y explicó sin rubor que todos los años reunía 16.000 euros para pagar la anualidad del alquiler a su casero con dinero en efectivo.
La abogada gallega Tania Varela era la única mujer española en la lista de los delincuentes más buscados por Europol, y se vio envuelta en operaciones del narcotráfico gallego, la mafia italiana y la policía española. Fue detenida el año pasado en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y se enfrenta ahora a un juicio en el que está acusada de un presunto delito de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico.
La operación por la que ahora se la juzga está llena de misterios. Uno de los principales es hasta qué punto se trató de un alijo pactado con la Policía, con la intervención de un capo de la mafia calabresa. Este huyó a Marruecos ayudado personalmente por el comisario con el que se habría alcanzado el pacto.
A su vez, el policía, tras ser condenado por esta actuación, consiguió que se anulara la sentencia contra él por un defecto en la autorización de las escuchas telefónicas a las que fue sometido.
Tania Varela está envuelta en esta operación contra el narcotráfico y su nombre terminó por ello en una lista ocupada por peligrosos delincuentes europeos buscados por la policía. Varela estaba huida al menos desde 2013, cuando debía ingresar en prisión para cumplir siete años de condena impuesta confirmada por el Tribunal Supremo.
En la actualidad, por ejemplo, el único español en esta lista, Diego Moreno, integrante de la banda deCasper, considerado el mayor criminal de España, un grupo dedicado al narcotráfico, que se ha visto envuelto en secuestros y asesinato. Su ficha pública en Europol indica que está considerado como extremadamente peligroso.
Ficha policial de la abogada Tania Varela, entre las personas más buscadas por Europol.
La operación contra el narcotráfico en la que cayó Tania Varela se encuentra aún repleta de incógnitas. Ahora, juzgada en Pontevedra por un delito de blanqueo de capitales relacionado con aquel alijo, Varela rechaza haber formado parte de aquella organización criminal y sostiene que mantuvo una relación meramente profesional con el narcotraficante Pérez Lago, sin que supiera a qué se dedicaba.
Tania Varela apareció sólo dos semanas antes de que se produjera la operación policial que capturó dos toneladas de cocaína. Sin embargo, en tan pocos días, según la Policía, ya protagonizó alguna de las acciones más importantes en la operación de narcotráfico.
En concreto, según la investigación policial, habría avisado a David Pérez Lago de un posible seguimiento de la Policía, se reunió con el enlace con la organización colombiana, dueña de la droga, para determinar la entrega de una cantidad de dinero y fue a Oporto con varios de los implicados en el caso.
Tras las detenciones, Varela negoció la venta del gasoil de las embarcaciones que se usaron para trasladar la droga, participó en conversaciones para repartir el dinero de la organización y avisó sobre el lugar donde estaba guardado para recuperarlo antes de que lo interviniera la policía, todo ello según el relato que hace la sentencia del caso. Según algunos testimonios, también se convirtió en la pareja sentimental de David Pérez Lago, aunque ellos la desmintieron en el juicio. Tania Varela, según algunas intervenciones telefónicas, estuvo muy al tanto de operaciones económicas importantes. Alguna de ella se cruzó en el camino del caso Gürtel.
La operación, según sostuvo en algún momento del juicio por Pérez Lago, fue un delito provocado, organizado por la Policía. Esta versión apuntaba a Valentín Bahut, ex comisario jefe de la Brigada de Policía Judicial y jefe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Costa del Sol.
Según esta versión, Marco Rollero Torelllo, capo de la N’drangueta calabresa asentado en Málaga y Pérez Lago ofrecieron a la Policía ayuda para incautar un gran alijo de cocaína a cambio de mejorar su situación judicial. El capo italiano era confidente del comisario Valentín Bahut.
EL COMISARIO Y EL MAFIOSO
Finalmente, el italiano Marco Rollero huyó a Marruecoscon la ayuda del comisario Bahut cuando fue reclamado por la Justicia de aquel país. Esto le valió una condena de 18 meses de prisión y 11 de inhabilitación. La condena fue anulada en el Tribunal Supremo por un defecto formal. Para este tribunal, las escuchas telefónicas en las que se basó la acusación no estaban bien motivadas, puesto que se habían realizado dentro de otra investigación.
Los policías que declararon en el juicio del alijo en Galicia confirmaron los contactos con Pérez Lago, pero sin embargo señalaron que no se concretó ningún tipo de colaboración con él.
Finalmente, David Pérez Lago fue condenado a nueve años de cárcel, tras un pacto con la Fiscalía, que en principio había solicitado para él veinte años. Para Tania Varela la petición era de 18 años de cárcel, pero el tribunal consideró que no llevaba suficiente tiempo como para considerarla como líder de organización criminal, como Pérez Lago.
Tania Varela, según cuentan en su círculo, nunca quiso entrar en prisión. Eso explicaría su huida después de que el Tribunal Supremo confirmase su condena. Pero, antes de que llegase al final del procedimiento judicial por el alijo de droga que se conoció como Operación Roble, Varela se vería envuelta en un caso aún más misterioso.
Se trata del asesinato del abogado Alfonso Díaz Moñux. Este fue el letrado que defendió en principio los intereses de Pérez Lago y Tania Varela cuando fueron detenidos en la Operación Roble. Poco después, Díaz Moñux dejó la defensa de Pérez Lago para atender sólo a la de Tania Varela.
El conflicto entre los intereses de Varela y Pérez Lago en este procedimiento judicial fueron la explicación de este cambio. Pero también, a partir de entonces, Varela y Díaz Moñux, su abogado, mantuvieron una relación sentimental.
EL GRAN SUSTO DE LA MÁS BUSCADA
Díaz Moñux terminó siendo asesinado de dos disparos en la cabeza cuando se disponía a entrar con su coche en el garaje. En el asiento de al lado se encontraba Tania Varela, que resultó ilesa. En ese momento había agachado la cabeza. Declaró que se le habían enganchado las llaves en el bolso y que se agachó para poder cogerlas.
La causa del asesinato no se ha sabido, a pesar de que sus autores materiales fueron descubiertos y condenados. Las investigaciones intentaron aclarar si pudo tener que ver el narcotraficante Pérez Lago o si tuvo algo que ver el mafioso ruso Kalashov, uno de los clientes de Díaz Moñux.
Tania Varela, como publicó MONCLOA.COM, relató a la jueza que habían alterado el contenido de una declaración ante la Policía. En ella aseguró que le habían amenazado por haber declarado algo que le contó Díaz Moñux: que habían sobornado a Bahut para sostener la versión del narcotraficante Pérez Lago.
La trayectoria de esta abogada contiene una última curiosidad. El presidente del tribunal de la Audiencia Nacional que condenó a Tania Varela fue Javier Gómez Bermúdez, que dirigió el proceso judicial por los atentados del 11-M. Tania Varela y Díaz Moñux ejercieron como abogados en el llamado caso Pípol, en el que estaba implicado el ex minero José Emilio Suárez Trashorras, la persona que facilitó los explosivos a los terroristas.
Hoy se publica en el BOE el decreto oficial de disolución de las Cortes, que ayer firmaron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y luego el rey Felipe VI de cara a las elecciones generales del 28 de abril. En el boletín también figura el periodo de 15 días de campaña electoral, del 12 al 26 de abril.
La legislatura que hoy acaba ha estado plagada de inusuales sucesos que la convierten en la más extraña de la democracia española. Desde su comienzo, hace tres años y medio, han sido varias idas y venidas bajo el mando de dos presidentes de distintos partidos, algo inédito en.
RAJOY GANA LAS ELECCIONES DEL 26-J
Mariano Rajoy el día de su despedida como presidente del PP. Foto: Flickr PP
Las elecciones del 26 de junio de 2016 fueron la consecuencia del bloqueo político surgido de los comicios de diciembre de 2015. Seis meses después, los españoles prefirieron de nuevo al Partido Popular que ha ganado las elecciones y con un resultado muy superior en votos y escaños al que consiguió en el mes de diciembre. Así, aglutinó el 33% del voto con casi 7,9 millones de papeletas y se apuntó 137 diputados, 14 más que unos meses antes.
Todas las demás fuerzas fueron castigadas por el electorado. El PSOE no consiguió sostener su suelo, ya muy bajo, de los 90 escaños. Sólo sólo 85 diputados con algo menos del 23% del voto y 5,4 millones de papeletas. Los socialistas se dejaron en el camino desde el 20-D más de 120.000 votantes. Incluso, perdió estrepitosamente en su feudo histórico, Andalucía, donde se vio superado por el Partido Popular, en lo que fue el anticipo de lo que luego ocurrió en las andaluzas del pasado mes de noviembre.
Podemos iba coaligado con IU pero obtuvo los mismos 71 escaños de diciembre de 2015. La coalición morada se desinfló en el tramo final pese a que las encuestas pronosticaban un sorpasso al PSOE. Por ello, Pedro Sánchez se felicitó -para sorpresa de muchos- de que su partido fuese la primera fuerza de la izquierda.
Ciudadanos pasó de 40 a 32 escaños tras pasar del 13,9% al 13%. Paradójicamente, esos ocho escaños de menos fueron determinantes para que PP y Cs no llegasen a la mayoría absoluta y lo fiasen todo a un acuerdo con otras formaciones, en especial el PNV, para salir del bloqueo.
EL ‘NO ES NO’ DE SÁNCHEZ
El líder socialista, Pedro Sánchez.
El líder del PSOE rechazó en varias ocasiones la propuesta de Rajoy de una gran coalición de Gobierno como se había hecho en Alemania. Sánchez mantuvo su política de ‘no es no’ hasta las últimas consecuencias, lo que provocó que diferentes miembros de su propio partido se revelaran ante la situación de incertidumbre y el temor a unas terceras elecciones consecutivas.
El 28 de septiembre de 2016, un total 17 miembros de la Ejecutiva federal socialista presentaron su dimisión para así forzar la disolución de este órgano y la llegada de una gestora.
El 1 de octubre, el Comité Federal rechazó la propuesta de Sánchez de convocar un Congreso y este presentó su dimisión como secretario general del PSOE. El partido quedó a manos de una gestora controlada por Susana Díaz que acordó abstenerse en la votación de la investidura de Rajoy.
RAJOY ES PRESIDENTE CON LA ABSTENCIÓN DEL PSOE
Antonio Hernando felicita a Rajoy tras conseguir el líder del PP ser elegido presidente del Gobierno.
Esta vez, Rajoy sí aceptó la proposición del rey Felipe VI y el Congreso de los Diputados convocó un debate de investidura de la legislatura para el día 26 de octubre. Rajoy perdió la primera votación con 170 votos a favor y 180 votos en contra pero finalmente, en la segunda, obtuvo 170 votos a favor, 111 en contra y 68 abstenciones.
La nueva gestora del PSOE -al frente de la cual estaba el presidente de Asturias, Javier Fernández- ordenó abstenerse en la segunda votación en la investidura de Rajoy, pero no logró la unanimidad del grupo parlamentario. Una quincena de socialistas se opuso a Rajoy.
El giro más dramático fue el del propio Sánchez, quien entregó su acta de diputado para así no tener que participar en la votación. A la postre, sería una decisión acertada ya que meses después se impuso en las primarias del PSOE contra la candidata del aparato y la vieja guardia, Susana Díaz, con el mensaje de que él no había permitido la llegada de Rajoy a La Moncloa.
EL 155 INTERVIENE EL GOBIERNO CATALÁN
Puigdemont y Junqueras el 27 de octubre de 2017, tras proclamar la independencia catalana.
El gran problema al que se ha tenido que enfrentar el Gobierno en esta legislatura ha sido el independentismo catalán. Rajoy, una vez en el gobierno, decidió en octubre de 2017 aplicar el articulo 155 de la Constitución ante la proclamación de la República catalana en el Parlamento catalán.
Avalado por el Senado, en el que el PP tenía mayoría absoluta, Rajoy convocó elecciones para la Generalitat catalana en diciembre, sin que el panorama político cambiase mucho en esa región: la novedad es que Ciudadanos quedó como primera fuerza política, pero sin opciones para formar un Gobierno constitucionalista.
Tanto Sánchez, quien había vuelto al PSOE ganando sus primarias, como Rivera, líder de Cs, dieron su apoyo al presidente del Gobierno en la intervención del Ejecutivo catalán. El 155 se ejecutó como una medida extraordinaria, que obligó al cese o disolución de diferentes organismos catalanes que habían llamado a las urnas el 1 de octubre en un referéndum ilegal para votar la independencia de Cataluña.
RAJOY SACA ADELANTE LOS PRESUPUESTOS
Rajoy en una reunión con Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso.
La fragilidad del Gobierno de Rajoy se materializó en la negociación de los presupuestos con Ciudadanos, PNV y Nueva Canarias, una formación de izquierdas que facilitó su voto a cambio de importantes inversiones y concesiones políticas para el archipiélago canario.
La aprobación de los presupuestos, el 23 de mayo de 2017, fue por la mínima. Con los 176 votos a favor de PP, Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias, y 171 en contra del resto de partidos (PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y EH-Bildu), se han aprobaron en el Congreso las cuentas públicas del Gobierno para 2018.
Los nacionalistas vascos dieron de esta forma oxígeno para Rajoy, quien se las prometía muy felices ya que en su fuero interno estaba el seguir dos años más en La Moncloa y llegar a la primavera de 2020. A la postre, fue la victoria política más efímera de las últimas décadas.
LA SENTENCIA DE GÜRTEL ACTIVA LA MOCIÓN DE CENSURA
Mariano Rajoy responde en calidad de testigo en el juicio de Gürtel.
La corrupción acechó al PP a lo largo de toda la legislatura que acaba de terminar. Un hito muy importante fue el juicio en la Audiencia Nacional a la primera parte del caso Gürtel, en el que Mariano Rajoy se convirtió en el primer presidente del Gobierno en ejercicio que tenía que comparecer en un juicio, en este caso en calidad de testigo.
El tribunal le permitió testificar desde una posición diferente al resto de testigos -al lado del tribunal- pero la posterior sentencia fue demoledora para los intereses del PP. En una sentencia de 1.687 páginas, dos de los tres jueces -el presidente del tribunal se quedó en minoría y tuvo que optar por el voto particular- acreditaron que el PP mantuvo oculta durante más de dos décadas una financiación irregular con la que concurrió a sucesivas elecciones municipales, autonómicas y nacionales.
En concreto, dijeron que la formación de Rajoy se benefició en 245.000 euros de algunas de esas prácticas corruptas. Los jueces indicaron, además, que el partido gobernante disfrutó de «una estructura financiera y contable paralela a la oficial», que ésta existía «desde al menos el año 1989» y que servía para «entregar cantidades a personas miembros relevantes del partido».
SÁNCHEZ, PRIMER PRESIDENTE ELEGIDO TRAS UNA MOCIÓN
Rajoy felicita a Sánchez en el Congreso tras la moción de censura.
El líder socialista fue el primer vencedor de una moción de censura en España tras reunir los apoyos de los diputados de su grupo parlamentario, Unidos Podemos, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís, Bildu y Nueva Canarias para descabalgar al Ejecutivo del PP. Fueron 180 votos a favor, 169 en contra (PP y Ciudadanos) y una abstención (Coalición Canaria), ocho días después de que el partido de Rajoy fuera condenado por la trama Gürtel.
El candidato socialista logró su propósito tras un debate en el que Rajoy rechazó dimitir a ofrecimiento del candidato para detener la iniciativa. El presidente del PP vio la partida perdida cuando el PNV le comunicó que votaría a Sánchez y se refugió en un restaurante durante ocho horas.
Tras ello, puso rumbo al Congreso y en una breve intervención, consideró un honor haber presidido el Gobierno. “Y dejar una España mejor que la que encontré. Ojalá mi sustituto pueda decir lo mismo”, asestó antes de que se suspendiera la sesión para proceder a la votación. En la última réplica de Sánchez al portavoz del PP, Rafael Hernando, el candidato dijo que contaba con su respeto “como expresidente de España”. Hernando comparó a Rajoy con Adolfo Suárez, que dejó el Gobierno por “un acoso similar”.
RÉCORD MUNDIAL DE MUJERES EN UN GOBIERNO
El primer Consejo de Ministros de Pedro Sánchez.
El Gobierno de Pedro Sánchez pasó a la historia por nombrar a 11 ministras en un gabinete de 17, que representan el 64,7% de los miembros. Este hecho convirtió al Ejecutivo socialista con más mujeres del mundo y de la historia de Europa.
El hito español supuso desbancar al Gobierno finlandés de Vanhanen que, en 2007, había nombrado a 12 ministras de un total de 19, es decir, el 63,1% de los integrantes. A día de hoy sigue siendo difícil ver porcentajes similares al español dentro de la OCDE.
A modo de ejemplo, en Grecia, Bélgica o Portugal no superan el 25% de mujeres en el Ejecutivo. Sin embargo, poco a poco las ministras se han ido abriendo paso. Francia o Suecia llegan a un 50%. Costa Rica, con un 56% de mujeres en el Gobierno, o Canadá, con un 51,7%, también han conseguido situarse en las posiciones más altas del ranking.
En España, la tendencia desde hace una década era la paridad de género dentro del Ejecutivo, tanto con el PSOE como con el PP. Buena parte de ello son las cuotas de género que desde 2007 existen en las listas electorales y que ha fomentado que se llegue a cerca de un 40% de mujeres en el Congreso.
LA EXHUMACIÓN DE FRANCO QUE NO LLEGA
Tumba de Francisco Franco en el Valle de los Caídos. Foto: Gtres
Uno de los compromisos de Pedro Sánchez al llegar al poder fue sacar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Pero como dice el refrán: del dicho al hecho hay mucho trecho.
La opción de la cripta de La Almudena está descartada, por el Gobierno, que no por la familia. Y salvo sorpresa mayúscula y silencio administrativo de los nietos de Franco, el caso tiene visos de llegar al Tribunal Supremo.
El Gobierno asumió la semana pasada que la decisión de un juez de suspender la licencia urbanística del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial para permitir la obra necesaria para sacar a Francisco Franco de su «tumba de Estado» en el Valle de los Caídos, puede retrasar la salida de los restos hasta después de los comicios.
LOS INTENTOS DE SÁNCHEZ POR SALVAR SU MAYORÍA
Sánchez y Torra se reunieron en diciembre en el Palacio de Pedralbes.
Pedro Sánchez hizo todo lo posible por mantener la alambicada mayoría que le aupó al poder. Para ello, debía contar con el apoyo de los partidos independentistas catalanes en medio de la instrucción judicial del procés y con el último Govern de Carles Puigdemont en el autoexilio o encarcelado por los delitos más graves desde el golpe de Estado del 23-F.
Desde Madrid hubo gestos con el Govern de Quim Torra y las cuentas de este 2019 incluían grandes ventajas económicas y de inversión para Cataluña, pero la pretensión del secesionismo de negociar una hoja de ruta catalana con la ayuda de un mediador o relator hizo que el Ejecutivo central se plantase ante la presión de la calle. La manifestación de Colón convocada por el PP, Ciudadanos y Vox fue el último empujón que necesitó Sánchez para anunciar la convocatoria de elecciones el 28-A.
No está siendo una tarea fácil para Pedro Sánchez colocar a sus ministros ‘cuneros’ en diferentes provincias de cara a las elecciones generales del 28-A. Desde Ferraz se delibera colocar a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en Ávila y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska en Cádiz. Algo que ya está provocando las primeras tensiones internas en el PSOE de esta provincia andaluza.
Al presidente del Gobierno se le están complicando las cosas a la hora de designar a los candidatos para los comicios de abril. La primera barrera a la que tuvo que hacer frente Sánchez fue las presiones de Susana Díaz desde Andalucía.
La expresidenta sevillana buscó incorporar a sus afines a las listas municipales de abril. Finalmente, el jefe del Ejecutivo cedió y ambos dirigentes pactaron las listas en Andalucía. Sin embargo, en estos momentos, el principal problema de Sánchez reside en las tensiones que están aflorando dentro de su partido por la colocación de todos los ministros en diferentes territorios.
En este sentido, la dirección del PSOE planea sustituir a la ministra Robles por Marlaska en Cádiz para hacer frente al 28-A. Una posibilidad que no ha sentado bien a Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque y aspirante socialista en la provincia gaditana.
Desde Cádiz, la ejecutiva provincial liderada por Irene García ha elaborado una candidatura alternativa a Marlaska que podrá ser votada hasta este martes. De esta forma, el PSOE gaditano, respaldado por Díaz, se niega a situar a Grande-Marlaska como candidato en la provincia.
El titular del Interior todavía no se ha pronunciado sobre esta decisión que barrunta Ferraz, aunque todo parece indicar que terminará siendo el número uno por Cádiz. Si finalmente el ministro se convirtiese en el cabeza de lista en Cádiz, Ruiz Boix caería hasta situarse en el tercer puesto de la papeleta socialista. El vicepresidente de la Diputación de Cádiz se ha mostrado en contra de la imposición de Grande-Marlaska en su provincia.
No es la primera vez que el PSOE conforma a su gusto las candidaturas generales. El exministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, también lideró la lista socialista en la provincia gaditana en 2008. Antes de él llegó a la provincia como ‘cunera’ Carmen Romero, la que fuera esposa del expresidente Felipe González.
Sánchez pretende que Robles concurra en las listas por León para los comicios de mayo. Según el entorno de la ministra, “nunca estuvo en sus planes, por razones personales” liderar la capital leonesa. A pesar de que la titular de Defensa naciese en León, se mudó con 11 años a Barcelona donde hizo sus estudios universitarios y comenzó su trayectoria política.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, en su visita de octubre al Archivo General Militar de Ávila. Foto: Ricardo Pérez/MDE
El PSOE leonés mantiene una gran rivalidad con la cúpula, pues defiende que el secretario general de la provincia, Javier Alfonso Céndon, sea quien lidere la lista. La ministra todavía no ha tomado ninguna decisión sobre su futuro, aunque todo apunta a que no declinará la oferta.
Por el momento, la mayoría de los ministros de Gobierno están repartidos por diferentes provincias. A pesar de esto, todavía quedan titulares del Ejecutivo sin ser designados en listas, caso de la ministra de Justicia, Dolores Delgado.
Teruel podría ser una alternativa posible para los ministros que aún no están ubicados. El sociólogo Ignacio Urquizu ha sido cabeza de lista en 2015 y 2016 en la provincia, aunque la dirección general podría apartarlo después de sus encontronazos con Sánchez. La estrategia del líder socialista parece estar clara: en las provincias poco pobladas colocará a los ministros más notables para hacer frente al Partido Popular y así conseguir arañar escaños.
EL RESTO DE MINISTROS
La vicepresidenta, Carmen Calvo, será finalmente ‘número dos’ de Sánchez por Madrid. La dirigente andaluza ha sido la persona de confianza del presidente, al que ha apoyado durante los momentos más difíciles de su legislatura. Por su parte, el presidente socialista siempre deseó colocar a Calvo en una posición preferente al resto de los ministros, donde pudiese estar cómoda de cara a las elecciones.
José Luis Ábalos, secretario de Organización y ministro de Fomento, concurrirá como cabeza de lista en Valencia. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, se ofreció hace unas semanas para liderar el PSOE en Sevilla de cara a las elecciones al Congreso. No obstante, la ministra afirmó que su partido no había tomado una decisión, pues la formación de la lista “va más lento que la realidad del día a día”.
En Almería, el ministro de Cultura, José Guirao, será quién capitanee la lista de la provincia. Guirao no descartó volver a la región donde nació, fue concejal y diputado. “Lo que decida el partido, yo he manifestado mi disposición. Si voy, estupendo y si no voy, también”, subrayó el ministro.
La ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, es la elegida de Sánchez para encabezar al PSOE por Valladolid. Su incorporación supuso una alteración en el orden de la lista, que situaba a Javier Izquierdo como candidato de la Ejecutiva provincial.
Francisco Granados relató en julio de 2009 a varios mandos policiales que había recibido una llamada de advertencia de Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces ministro del Interior, ante los avances en la investigación del caso de los espías de la Comunidad de Madrid, la llamada “gestapillo”. También contó que fue alertado por el entonces fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix.
Ante varios testigos, Granados dijo que fue avisado por el ministro y por Moix de que esa misma semana iban a ser citados a declarar “los tres ‘pikos’ y que pusiera a alguien de por medio”. Granados contó esta confidencia en la boda de la hija del comisario Carlos Salamanca –uno de los implicados en la ‘Operación Tándem’– al comisario jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), José Luis Olivera, el comisario José Villarejo y el periodista de El Mundo Antonio Rubio. Este dato confirma la declaración del comisario Jaime Barrado en el juicio por el espionaje recién celebrado en Madrid y desmiente la versión como testigo de Granados. Barrado acusó a Olivera y Moix de impedirle investigar a los responsables políticos del espionaje.
Villarejo relató el incidente, que enfadó a Olivera por la imprudencia de Granados, al director Operativo de la Policía, Miguel Ángel Fernández Chico, el 27 de julio de 2009, en una charla telefónica que grabó subrepticiamente el propio Villarejo. La conversación fue esta:
V.- Y luego este Granados estuvo charlando, estábamos allí un grupito, estuvo con el Oli (José Luis Olivera), porque llegó este, Antonio Rubio, el de El Mundo, que también estaba y se lo presentó y tal. Y sorprendentemente Granados le dijo al Oli: “No, si ya me llamó el viernes el fiscal del Tribunal Superior de aquí, de Madrid (Manuel Moix) y luego después Alfred (que es como la camarilla de policías suele referirse a Alfredo Pérez Rubalcaba) y me dijeron que tuviera cuidado, que el miércoles iban a llamar a los ‘pikos’ (los guardias civiles acusados de ejecutar materialmente los seguimientos) y que iban a citar a los tres ‘pikos’ y que tal, y que pusiera a alguien de por medio y tal, a ver qué hago y que tal, y que no sé qué”.
A continuación, Villarejo explica a su superior la reacción de José Luis Olivera:
V.- Y entonces le dijo el Oli, “hombre, si ya te lo ha dicho el ministro, que tú mismo, pero que sepas que estas cosas son muy delicadas, que no es bueno que las digas aquí en público”. “No, hombre, aquí estamos en confianza y tal”. Fíjate que estaba Antonio Rubio ahí delante, o sea que fue de lo más imprudente el comentar que…
Fernández Chico: Claro.
V.- Nada, y le dijo que, le reconoció todo al Oli.
FC.- Ahí lo único nuevo que hay es que se los posiciona con los teléfonos, pero bueno, ya se sabía.
V.- No, no, pero los habrá derrotado, que los estaban vigilando, ¿eh? Se lo derrotó al detalle: “¿Y qué hago?”. Pon en medio a alguien y echa la culpa a alguien que esté entre los ‘pikos’ y tú, y si no, como los ‘pikos’ se acojonen alguno de ellos..”.
Villarejo tranquiliza al jefe de la Policía asegurando que controlaron la fuga de información sensible:
V.- Pero en fin, que después hablamos Juan Antonio y Rubio y le dijimos, “oye, no vayas a escribir nada de estas cosas y tal, que esto ha sido un comentario que ha hecho este Granados en plan confidencial, no seas maricón”. “No hombre, no, pero es que la gente es muy desahogada, el tío dice delante mía que el ministro le ha avisado y tal y que vaya con cuidado”. Pero hombre, eso es normal entre políticos. En fin, que el amigo Granados que fue un poquito imprudente, ¿no? Por el comentario innecesario. La gente tiene que cuidarse, porque estaba yo al lado, pero podía estar cualquiera y que no fuera de confianza, ¿no?
FC.- Ya.
ESPIONAJE A POLÍTICOS
El caso de los espías se juzgó hace poco más de una semana en Madrid. El jurado popular decretó la inocencia de los agentes de la Guardia Civil acusados de ejecutar los seguimientos a personalidades del PP de Madrid como el entonces consejero de Justicia Alfredo Prada o el que fue vicealcalde de la capital, Manuel Cobo, entre muchos otros. Los jefes de los guardias, el policía Sergio Gamón y Miguel Camacho, resultaron “no culpables” en una ajustada votación. Estos seguimientos, y su descubrimiento, marcaron uno de los primeros incendios en la guerra intestina del PP de Madrid, que aún no está del todo resuelta.
En el transcurso de las declaraciones de los testigos, el comisario Jaime Barrado, que estaba adscrito a la UDEF que mandaba Olivera, declaró que sus jefes no le dejaron llegar a los responsables políticos que había encargado el espionaje. De hecho, llegó a declarar ante el juez y el jurado, que “no se fiaba” ni de José Luis Olivera ni del fiscal jefe del TSJ, Manuel Moix.
EL PAPEL DE GRANADOS
En el juicio en el que declaró como testigo, Francisco Granados aseguró que “todo era falso” y dijo que se trataba de “una payasada”. Concretamente negó cualquier trato con los guardias que efectuaron los espionajes: «No recuerdo haber visto a Oreja ni a Coronado. No recuerdo haber hablado con ellos desde que se les nombró hasta que saltó la noticia en 2009. No creo que la cosa haya pasado de un saludo”.
Francisco Granados y Alfredo Pérez Rubalcaba han mantenido una estrecha amistad. Ambos se conocieron cuando Granados se hizo cargo de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid y empezó a relacionarse en reuniones de trabajo con Pérez Rubalcaba, ministro del Interior. Entre ambos se desarrolló una afinidad importante que acabó siendo franca amistad, sobre todo por aficiones de ocio comunes. Además, ambos tenían casi los mismo rivales, Esperanza Aguirre y todo un bando del enconado PP de Madrid.
Aunque los principales acusados de esta trama de espionaje eran subordinados de Granados –el jefe de seguridad Sergio Gamón singularmente– y los agentes de la Guardia Civil provenían del entorno de Valdemoro –donde hay importantes instalaciones de la Guardia Civil– localidad de la que fue alcalde Granados, se atribuyó la autoría intelectual de los hechos a Ignacio González.
Dos de los acusados, los guardias José Oreja y Antonio Coronado, declararon en la vista oral que Gamón les había dado «órdenes ilegales» para seguir a otros políticos del PP por «especial interés de Ignacio González», entonces vicepresidente de la Comunidad.
Fuentes del PP de Madrid explican a MONCLOA.COM que, en privado, Esperanza Aguirre siempre atribuyó toda esta operación, y otras que cercaron a su partido, a la autoría intelectual de Alfredo Pérez Rubalcaba. El ex ministro del Interior, jefe jerárquico de todos estos policías, negó rotundamente en una entrevista concedida al periodista deportivo José Ramón de la Morena en Onda Cero, cualquier trato con Villarejo: “Nunca vi, ni hablé, ni encargué nada a Villarejo, nunca saldrá mi voz hablando con él”.
El caso del espionaje de Madrid fue el primero de muchos otros incidentes de guerra sucia entre diferentes rivales del PP de Madrid. Los antagonistas eran dos personalidades enfrentadas aún a día de hoy, el entonces vicepresidente Ignacio González, y su consejero de Interior, Francisco Granados. Ambos han acabado en prisión y acusados por graves casos de corrupción que han dado pie a grandes causa judiciales, Púnica en el caso de Granados, Lezo en el de González.
LA BODA DE LA HIJA DEL COMISAIRO SALAMANCA
La conversación entre Villarejo y Miguel Ángel Fernández Chico tuvo lugar el 27 de junio de 2009. El director Operativo de la Policía es quien llama a Villarejo, al parecer como continuación de otra llamada efectuada desde otros teléfonos. Villarejo se dedica a informar a su superior de lo acontecido en la boda de la hija del comisario Carlos Salamanca, que tuvo lugar unos días antes.
El comisario Villarejo relata que las únicas ausencias reseñables fueron el entonces magistrado Baltasar Garzón “está en un curso de verano, que va el Rey” y un sindicalista de la Policía, José Sánchez Fornet. Sí acudió al enlace casi toda la cúpula policial del momento –como José Luis Olivera o Juan Antonio González– y el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.
La primera coincidencia que relata Villarejo a Chico es un asunto relacionado con conversaciones con el secretario de Estado de entonces, Antonio Camacho, probablemente en el contexto de la Operación Gürtel.
V.- El Gordo (Enrique García Castaño, comisario jefe de la UCAO) me comentó que cuando llamó Balta (Baltasar Garzón) a, este le derrotó que había hablado con el secretario de Estado, con Camacho, y que este se lo había contado todo.
FC.- ¿Cómo que le había contado todo?
V.- Vamos, que le había dicho, oye, sí, yo estuve cenando con Balta, me pidió datos, o sea que esos datos, lo que me imagino que ya le adelantaste a Alfred (Rubalcaba), que el otro se lo comentó después, o sea que a todos los efectos Balta se cree que ha sido Juan Antonio el que ha derrotado todo.
FC.- Ya, ya, ya.
V.- Porque me dijo, le dijo al Gordo, es que con este tío no se puede hacer nada, no te puedes fiar de él, no sé que le dijo Balta al Gordo. Le dijo, “hombre joder, si le llama el secretario de Estado, le pega un apretón, no le queda más remedio”. No, pero estas cosas hay que callarlas y tal.
A continuación, la conversación íntegra entre el jefe Operativo de la Policía, Miguel Ángel Fernández Chico y el comisario Villarejo.
El asalto a la embajada de Corea del Norte en España, acaecido el pasado 22 de febrero con gran profesionalidad y precisión, cada día se parece más a una película de la Guerra Fría: la última novedad es que los asaltantes utilizaron en los días previos un maletín de espionaje para captar las llamadas entrantes y salientes del personal diplomático norcoreano, según supo MONCLOA.COM de fuentes del los servicios secretos españoles.
Ello fue posible a que el 2 de febrero, veinte días antes del asalto, hubo un pequeño incendio en el transformador de electricidad que existe justo al lado de la embajada, que incluye también una antena de telefonía que da cobertura a la zona, según desveló El Confidencial.
La compañía Iberdrola pudo arreglar la avería técnica en unas pocas horas, pero justo en ese lapso de tiempo es cuando se pudieron ‘pinchar’ los teléfonos de la legación norcoreana con un sofisticado equipo de interceptación de llamadas, no más grande que un maletín.
Pese a que se restableció el funcionamiento del transformador y la antena de telefonía, los terminales telefónicos norcoreanos quedaron a merced de dicho maletín de espionaje durante más de dos semanas si la persona que lo manejaba se encontraba a una corta distancia, según las citadas fuentes.
Los investigadores españoles creen que los organizadores del asalto pudieron escuchar del 2 al 22 de febrero las conversaciones que llegaban o salían de la embajada de Corea del Norte y decidir así, cuándo era el mejor momento para entrar en el chalé en el que se ubica la legación.
MALETINES DE FABRICACIÓN ISRAELÍ
Este tipo de maletines de espionaje salieron recientemente en la información que atesoró el comisario José Manuel Villarejo para el BBVA. En la documentación a la que tuvo acceso MONCLOA.COM aparecieron las gestiones para la compra de esta herramienta, llamada ITC y que en la jerga de los servicios secretos se conoce como “la maleta”. Estos dispositivos son ilegales en España y el precio en el mercado clandestino de este tipo de dispositivos ronda en la actualidad los 500.000 euros.
La “maleta” o ITC es un dispositivo que se suele utilizar embarcado en un vehículo, que en realidad actúa como una antena de telefonía. Los móviles del área bajo su influencia se conectan a esta antena como si fuera de una compañía de teléfonos convencional. Es cuando se consigue interceptar la llamada. También es utilizado para descubrir el móvil que usa la persona investigada, que puede no estar a su nombre.
En el documento “Big-Maleta 4-1-05”, Villarejo detalló por ejemplo la empresa a la que estudiaba adquirir el ITC. Se trataba de la compañía Retemsa. La nota decía textualmente: “Otro posible contacto para adquirir el ICT, es una empresa llamada RETEMSA (al parecer amigos de RALI). Figra (sic) como HARRY 1.0. Contactaron el 4.6.03 Oferta JHR030604-47”. A esta nota acompañaba una detallada ficha sobre la empresa, radicada en Leganés (Madrid) y sus posibilidades tecnológicas.
El espionaje de llamadas del equipo montado por Villarejo para el BBVA hace 15 años se basó en la identificación de titulares, el análisis de las llamadas entre ellos y a terceros, y finalmente en la interceptación de algunas llamadas, lo que se conoce como ‘pinchazos’. En estos figuraría la interceptada de un teléfono de la Presidencia del Gobierno entre Miguel Sebastián, María Teresa Fernández De La Vega y un directivo del Santander.
El alto precio de este tipo de dispositivos electrónicos, medio millón de euros, así como el manejo del mismo –los más demandados son de tecnología israelí– hacen que estos ‘maletines’ sólo estén al alcance de los servicios secretos. Y a cada paso que avanza la investigación española, más claro tiene el Gobierno de Pedro Sánchez que una potencia extranjera está detrás de dicho asalto a la embajada norcoreana.
Tania Varela fue la única española en la lista de los más buscados por Europol, la policía europea. Fue detenida el año pasado y ahora se enfrenta a un nuevo juicio, acusada de blanqueo de capitales, sobre un alijo de droga en el que se vio envuelta hace trece años. Varela señaló a la Policía un presunto caso de corrupción policial que, sin embargo, desapareció misteriosamente de su declaración.
El recorrido de esta abogada de Cambados (Pontevedra) le había llevado desde un alijo de dos toneladas de cocaína en Galicia, protagonizada por el narcotraficante David Pérez Lago, hijastro del histórico narcotraficante Laureano Oubiña, a presenciar el asesinato de su posterior pareja sentimental, el abogado Alfonso Díaz Moñux, sentado a su lado en el coche que conducía.
Unos meses después del asesinato del abogado, en abril de 2009 Tania Varela fue llevada a declarar ante el juez que llevaba la investigación sobre este suceso. Se trataba de ratificar sus declaraciones realizadas ante la Policía. En aquel momento la investigación trataba de dilucidar si el narcotraficante David Pérez Lago pudo tener algo que ver con el asesinato. Según algunas versiones, Tania Varela también había mantenido una relación sentimental previa con el narco gallego.
Díaz Moñux, el letrado asesinado, había sido el abogado de Pérez Lago y Tania Varela cuando fueron detenidos tras la incautación de dos toneladas de cocaína en lo que se conoció como Operación Roble. Posteriormente, Díaz Moñux abandonó la defensa de Pérez Lago para hacerse cargo solamente de la de Tania Varela, de la que terminó siendo pareja sentimental.
En el momento de la citada declaración ante el juez, unos meses después del asesinato de Díaz Moñux, Tania Varela manifestó que quería seguir teniendo la protección policial de la que gozaba y que se había retirado. La jueza ante la que prestó declaración le respondió entonces que la Policía le había informado sobre la imposibilidad de mantener protección permanente porque Varela les despistaba.
La abogada negó esos extremos a la jueza y le pidió mantener la protección. A continuación, Varela le contó a la jueza el origen de su miedo. Tania Varela manifestó que había recibido amenazas para que cambiara unas declaraciones relacionadas con el alijo de cocaína en Galicia.
EL SOBORNO DEL COMISARIO
Según la abogada, había declarado tras la muerte de su pareja, el también abogado Díaz Moñux, que el entorno de David Pérez Lago había pagado trescientos mil euros a un comisario para que declarase a favor de la versión del narcotraficante en el juicio sobre el alijo de cocaína. En el entorno del narcotraficante, no obstante, niegan categóricamente el relato de la abogada.
La versión a la que se referían era que se había tratado de un delito provocado, una operación en la que la policía pretendía desarticular un clan colombiano de narcotraficantes gracias a la participación de Pérez Lago. Varela mostró entonces su preocupación por el hecho de que se hubiera filtrado el contenido de aquellas declaraciones policiales y hubiese llegado a oídos de David Pérez Lago.
Es entonces cuando la jueza le preguntó cuándo había declarado este asunto. Varela señaló que en dos declaraciones ante la policía. La magistrada quiso asegurarse de lo que había pasado y le inquirió sobre si se trató de un comentario de pasillo o de una declaración formal. Varela confirmó que se trató de una declaración formal.
Este relato, sin embargo, había desaparecido de su declaración. La jueza le preguntó a Varela “si pudo ser el antepenúltimo párrafo del folio 7 de la declaración policial de 22 de diciembre de 2008” que era la única de la abogada sobre la muerte de Alfonso Díaz Moñux, ocurrida el 18 de diciembre.
En ese momento fue cuando Tania Varela le dijo a la jueza que ella “no se limitó a decir lo que consta en el antepenúltimo párrafo del folio 7 referido”, sino que en su declaración relató cómo el abogado Díaz Moñux le había contado sobre el presunto soborno al comisario policial.
El contenido de esa declaración habría llegado al entorno del narcotraficante, y por eso se lo recriminaron, según Varela. Esta señaló a la jueza, según consta en su declaración, que no entendía “por qué la policía no recoge lo que ella declara” y que entendía aún menos cómo ha podido trascender el contenido de su declaración. Es por esa razón por la que solicitó que le mantuvieran la protección, ya que consideraba que el riesgo al que estaba sometida había aumentado con estos hechos.
Tania Varela siguió en España durante unos años, a la espera de que el Tribunal Supremo decidiera sobre el recurso a la condena de siete años de cárcel que le impuso la Audiencia Nacional por tráfico de estupefacientes y pertenencia a organización criminal.
LA MÁS BUSCADA POR EUROPOL
El Tribunal Supremo rechazó el recurso presentado por Tania Varela. Sin embargo, cuando la gallega tenía que ingresar en prisión en enero de 2013, no lo hizo. Desde entones, Tania Varela se encontraba desaparecida y se convirtió en la única española en la lista de los más buscados por Europol.
La aventura de Varela terminó en marzo del año pasado, cuando fue descubierta y detenida en Vilanova i la Geltrú, en Barcelona. Precisamente unas semanas después iba a celebrarse el juicio por el asesinato de su expareja, el abogado Díaz Moñux, ya que el autor principal estaba en Brasil, huido de la Justicia, hasta su detención en octubre de 2017.
Tania Varela declaró como testigo en este juicio. Ahora ha vuelto a comparecer ante un tribunal acusada de un presunto delito de blanqueo de capitales en aquella operación con dos toneladas de cocaína en la que empezó su periplo, y de la que conoce los secretos que alguien hizo desaparecer de una declaración policial.
En el juicio se decidirá si Tania Varela jugó un papel activo en la organización de David Pérez Lago. Tania Varela defiende que la relación con el narcotraficante como abogada se limitó a unas pocas gestiones sin relación con el narcotráfico. Una curiosidad de esta actividad es que los pinchazos telefónicos a los que fue sometida atrajeron la atención de otro juez de una causa muy diferente, que tenía que ver con el caso Gürtel y con Baltasar Garzón.
Iván Redondo ha demostrado su talento político en los últimos años. El ‘spin doctor’ asesoró con acierto a en el pasado a los líderes populares José Antonio Monago, Xavier García Albiol y Antonio Basagoiti, que lograron gobernar en Extremadura, Badalona y desalojar al PNV en Euskadi.
La mano derecha de Pedro Sánchez apostó porque sus asesorados se distanciasen del discurso del PP nacional y confeccionasen su perfil propio. De cara al 26-M tanto Monago como García Albiol se mantienen como ‘versos sueltos’ respecto a Génova 13 y han mantenido algunas señas de identidad que proyectaron bajo la asesoría de Redondo.
El PP sabe que pueden recuperar Extremadura y Badalona, dos tradicionales bastiones socialistas que serán clave el 26-M. La comunidad autónoma es una de las escasas baronías autonómicas que podría mantener el PSOE, hecho que facilitaría que Sánchez siga al frente de Ferraz, y un triunfo en Badalona sería la inyección que necesita Alejandro Fernández.
El presidente de los populares catalanes que sigue eclipsado en por Ciudadanos, que podría perder pegada en Catalunya por el ‘adiós’ de Inés Arrimadas al Parlament para liderar a la formación naranja en el Congreso de los Diputados por la circunscripción de Barcelona.
GARCÍA ALBIOL: SEGURIDAD, SEGURIDAD Y SEGURIDAD
El triunfo de Pablo Casado en las primarias del PP señaló el camino de salida a Xavier García Albiol, muy lastrado por los decepcionantes números de 2017. El político renunció al liderazgo autonómica en octubre y señaló que regresaba a Badalona «para poder seguir impulsando el proceso de modernización de mi ciudad, que se vio interrumpido por el pacto de los partidos perdedores».
García Albiol, asesorado por Redondo en 2007, fue capaz de tejer su propia agenda con ciertas críticas al colectivo inmigrante, discurso con el que hoy hace negocio electoral Vox. En los últimos días el exalcalde ha utilizado sus redes sociales para mostrar su argumento estrella: la seguridad.
Hace unos días se reunió con vecinos de los barrios de Sant Roc y Artigues y explicó en Twitter que escuchó «los muchos y graves problemas que sufren en el barrio. La CUP, ERC y el PSC llevan cuatro años dándoles la espalda, si en mayo soy alcalde volveré a defenderlos y a trabajar por su seguridad».
En otro tuit denunció la situación «inadmisible» de Badalona: «Enganches ilegales al agua y a la luz por parte de okupas que ponen en riesgo a los vecinos. El balance del último incidente es alarmante: un electrocutado y herido grave y el desalojo de todo un edificio por el riesgo», señaló.
EL MILAGRO CATALÁN DE ALBIOL
Xavier García Albiol arrancó en política sin compañeros: en 1991 fue el único concejal del Partido Popular elegido por los vecinos de Badalona. En 2007, tras una larga trayectoria, se puso en manos de Iván Redondo y dio un salto de altura.
Los populares consiguieron siete concejales que cuatro años después se convirtieron en once, lo que posibilitó la elección como alcalde de Albiol, que no pudo repetir en 2015 pese a haber liderado la lista más votada.
El PP, residual electoralmente en Catalunya, conquistó hace ocho años la cuarta ciudad más poblada de la comunidad autónoma. Y ahora lo quiere volver a repetir. No lo tendrá fácil porque sus rivales políticos han articulado un frente ‘anti-Albiol’.
ERC anunció la pasada semana que renuncia a sus siglas en la ciudad y se integrará en una lista con la CUP y los ‘comuns’ que liderará la exalcaldesa independentista Dolors Sabater, líder de Badalona en Comú y desalojada del poder en junio del pasado año tras un acuerdo entre PSC, Ciudadanos y PP, que ya sin Albiol utilizó sus concejales para apoyar la candidatura socialista.
MONAGO NO LO TENDRÁ FÁCIL
José Antonio Monago rompió en 2011 la hegemonía del PSOE en Extremadura tras más de tres décadas después de formalizar un acuerdo con Izquierda Unida. A este pacto ‘antinatura’ contribuyó que el líder extremeño tuviese su perfil propio y se hubiese distanciado de Rajoy tras apostar por un discurso regionalista que cocinó Iván Redondo, su jefe de Gabinete durante cuatro años en Mérida.
Guillermo Fernández Vara parte como claro favorito para repetir en 2019, pero no está descartado que Monago regrese a la presidencia. El PP acaba de lanzar una campaña para relacionar a Fernández Vara con Pedro Sánchez titulada «Si Vara y Sánchez se quedan, ¿sabes qué ocurre?».
El actual presidente extremeño ha marcado las distancias con Pedro Sánchez, con especial vehemencia en el asunto catalán. Aun así, Monago tiene la intención de relacionarlos: «Vara es el escudero más fiel que tiene Sánchez en toda España», señaló la pasada semana.
Monago también ha utilizado el tema catalán y en 2012 fueron famosas sus palabras contra Xavier Trías. El entonces alcalde de Barcelona cuestionó la viabilidad del AVE extremeño y el presidente le contestó: «Si tiene ‘collons’, que me diga que el AVE es una catástrofe».
La campaña del PP extremeño hace hincapié en que los presupuestos de Pedro Sánchez disparaban un 66% la inversión en Catalunya. Es evidente que los independentistas ganaron terreno con el discurso de «España nos roba» con el PER como aliño estrella. Y ahora, desde Extremadura, Monago también quiere su parte de negocio electoral con esta guerra política.
Monago no es ajeno al ciclón Vox y quiere frenar su irrupción anunciando la creación, si gobierna, de una Consejería de Agricultura, unamirada a la España rural en la que se supone que crecerá el partido de Santiago Abascal.
