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Marchena renunció para que los mensajes de Cosidó no contaminen el juicio contra el ‘procés’ catalán
Manuel Marchena presentó hoy su renuncia a dirigir el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al entender que los mensajes de móvil del senador Ignacio Cosidó a sus compañeros del PP puede afectar al juicio que se va a celebrar próximamente contra los líderes independentistas y, sobre todo, en un hipotético recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) si alguno de los acusados es finalmente condenado.
Fuentes próximas a Marchena señalaron a MONCLOA.COM que esta es la principal causa por la que el magistrado ha roto el pacto entre el PSOE y el PP. Cosidó indicó a los senadores de su grupo parlamentario que la elección de Marchena era una «jugada estupenda», al ser un «gran jurista con muchísima experiencia en el Supremo, que prestigiará el TS y el CGPJ, que falta le hace, y con una capacidad de liderazgo y auctoritas para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0».
Tras ello, destacó que el PP controlaría «la sala segunda desde detrás y presidiendo la sala 61», según el whatsapp al que tuvo acceso El Español. Del mensaje de Cosidó se deduce que Marchena será la persona que controle la Sala de lo Penal que va a juzgar a los independentistas catalanes ya que la alteración en la composición del Tribunal que debe juzgar por rebelión a los presos del procés iba en sentido contrario: la salida de Marchena de esta sala para presidir el Supremo colocaba al progresista Andrés Martínez Arrieta en su lugar y también se daba acceso a este Tribunal a Susana Polo, de corte progresista.
Las palabras de Cosidó colocaban, por tanto, en una posición muy delicada a Marchena. «Pueden influir en el desenlace de Cataluña y sobre todo ante un recurso en Europa. Y para que eso no pase, se marcha», indican las citadas fuentes.
Asimismo, Marchena ha comunicado a sus allegados que el pacto PP-PSOE, con una novedosa mayoría progresista de 11-10 en el CGPJ con él de presidente, y la posibilidad de que las elecciones generales se adelanten, podría provocar que sólo esté al frente del Supremo y del órgano de control de los jueces «durante seis meses».
Ello sería posible si la citada mayoría progresista se conjura contra él. «Para eso, mejor no serlo», subraya un allegado de Marchena, cuyo mandato y el de los vocales serían de cinco años. Aunque no sería fácil sacarle de ambos puestos. La ley orgánica del Poder Judicial sólo contempla una renuncia personal de su presidente o la destitución aprobada en sesión plenaria del CGPJ «por notoria incapacidad o incumplimiento grave de los deberes de su cargo por mayoría de 3/5», es decir que la mayoría progresista de 11 a 10 sería insuficiente para cambiar a Marchena.
«Las palabras de Cosidó pueden influir en el desenlace de Cataluña y sobre todo ante un recurso en Europa. Y para que eso no pase, se marcha»
Otra consecuencia de la renuncia de Marchena al CGPJ es que seguirá presidiendo la Sala de lo Penal. El pasado mes de octubre, Marchena fue el que firmó la admisión a trámite la querella contra Carme Forcadell, presidenta del parlamento catalán, y otros miembros de la Mesa del mismo.
Durante su trayectoria en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo destacó la instrucción de causas contra el exmagistrado Baltasar Garzón. Ninguna de las que tuvo en sus manos prosperó, pero Marchena formó parte del tribunal que condenó a Garzón por las escuchas a los abogados del caso Gürtel.
EL DESEMBARCO DE MARCHENA EN MADRID
Marchena desbancó en la Sala de lo Penal al progresista Cándido Conde-Pumpido. Como fiscal trabajó de la mano de Conde-Pumpido, fiscal general del Estado con el PSOE y canario como él. A pesar de llegar a la Fiscalía con el PSOE, mantuvo una buena relación en la etapa del Gobierno del PP, en que el fiscal general fue Jesús Cardenal.
El que iba a ser nuevo presidente del CGPJ fue el fiscal de Sala más joven y también el más joven magistrado del Tribunal Supremo, ya que alcanzó este puesto con 48 años. Marchena es autor de un libro sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prologado por el exministro del PP Rafael Catalá, precisamente quien ha llevado ahora las negociaciones para la renovación del CGPJ.
Marchena también mantiene una buena relación con los exministros populares José María Michavila y Ángel Acebes. La negociación para la renovación del CGPJ se produjo cuando su presidente, Carlos Lesmes, ha visto fuertemente erosionada su imagen por la crisis vivida en el Tribunal Supremo por la polémica por el impuesto de las hipotecas.
La Mesa del Congreso decidió ampliar el plazo para la presentación de los candidatos elegidos por esta Cámara hasta el 12 de diciembre de forma improrrogable. Las negociaciones se han llevado a cabo también en un contexto en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio por rotas sus relaciones con el líder popular, Pablo Casado. Tal como matizó Sánchez, esta ruptura no era extensible a la interlocución entre los dos partidos.
Otro posicionamiento significativo de Sánchez ha sido cuando manifestó que el poder judicial debe hacer autocrítica por lo ocurrido con la marcha atrás en la doctrina sobre el impuesto sobre las hipotecas. Estas palabras fueron interpretadas como un dardo hacia el actual presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes.
Mohamed VI recibió a Sánchez a 24 horas de lanzar el segundo satélite espía de Marruecos
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo ayer una entrevista con el rey Mohamed VI a poco menos de 24 horas de que el segundo satélite espía de Marruecos sea lanzado al espacio y colocado a una altura cercana a los 694 kilómetros, desde donde vigilará los movimientos de propios y extraños.
Aunque desde La Moncloa se centró la información divulgada sobre el encuentro en la candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos al Mundial de fútbol de 2030 y no se ha hecho la más mínima referencia al tema espacial, parece razonable que Sánchez debe estar debidamente informado por el CNI del inminente despegue.
Incluso es previsible que el propio jefe del Ejecutivo o algún miembro del séquito que le acompaña se habrá interesado por la marcha de los preparativos que desde el día 5 de octubre se llevan a cabo en la base espacial de Kourou, en la Guayana francesa, territorio dependiente de París situado al norte de Brasil.
Cuando Sánchez aterrizó en el aeropuerto de Rabat en torno a las 10:30 horas de ayer lunes, los técnicos de la base espacial procedían a llevar a cabo lo que técnicamente se denomina revisión de aptitud para el lanzamiento, las comprobaciones y verificaciones finales del correcto estado tanto del cohete lanzador como del satélite.
El nuevo espía electro-óptico marroquí está alojado en la parte alta del cohete Vega ‒de 29,9 metros de altura, 3 metros de diámetro y un peso al despegue de 137 toneladas‒, que ya se encuentra instalado en su rampa de despegue, en una amplia superficie talada en mitad de la tupida selva amazónica.
El lanzador está programado para levantar el vuelo a primeras horas de la noche de hoy martes, 20 de noviembre ‒a las 22:42:31 hora de la Guayana francesa‒, pero que ya serán las 2 con 42 minutos y 31 segundos de la madrugada del día 21 de noviembre, hora peninsular española.
El segundo satélite espía marroquí ha sido bautizado en honor del monarca del país ‒al igual que el primero, que fue colocado en el espacio el 8 de noviembre de 2017‒, con la sola diferencia de que el hermano mayor se llama ‘Mohamed VI-A’ y el que ahora surcará el espacio es el ‘Mohamed VI-B’.
MARRUECOS VIGILA AL POLISARIO, ARGELIA Y ESPAÑA
Si el despegue y la colocación en la órbita final del ‘Mohamed VI-B’ resulta un éxito, Marruecos habrá completado en tan solo un año su primera constelación de satélites espía, cuyo tiempo de vida útil en el espacio se prolongará hasta 2022 o 2023, si no surgen anomalías en órbita que hagan disminuir su tiempo de servicio.
En la escasa información que ha dejado trascender el gobierno del primer ministro, Saadedin Al Othmani, se hace hincapié en que estos satélites se dedican de manera preferente a actividades cartográficas y catastrales, a labores de planificación del territorio y seguimiento de actividades agrícolas. También a proteger el medio ambiente, vigilar del avance de la desertificación, prevenir los desastres naturales y las operaciones de ayuda. Las autoridades de Rabat citan en último término que también se usan “para misiones de vigilancia de fronteras y del litoral”.
En realidad, el control de los 2.300 kilómetros de fronteras terrestres y sus 3.500 kilómetros de litoral es una de las misiones encomendadas por el momento al ‘Mohamed VI-A’, que complementará su gemelo ‘Mohamed VI-B’.
Sin duda, las conversaciones del presidente Sanchez, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y sus colegas marroquíes tratarán sobre la puesta en marcha de nuevos mecanismos para frenar y limitar la corriente migratoria que desde las costas de Marruecos se proyectan sobre territorio peninsular español y de las islas Canarias.
Pero ambos satélites son de mucha mayor relevancia para las misiones de conocer y rastrear «todos los días, cada minuto y cada segundo» los movimientos de los activistas del Frente Polisario, y para vigilar los 2.000 kilómetros de muros de separación levantados por el Ejército marroquí en el Sahara Occidental, tal y como ha reconocido recientemente a la Agencia Marroquí de Noticias Omar Hilale, embajador de Marruecos ante Naciones Unidas.
Y muy especialmente para impedir las incursiones de las partidas yihadistas que intentan infiltrarse en el territorio del reino alauita y conocer de primera mano las novedades en las capacidades militares de sus vecinos, principalmente de Argelia y España.
A pesar de que sus características y prestaciones envueltas en el máximo secreto, se sabe que los ‘Mohamed VI’ son satélites de observación basados en la AstroSat-1000, de la que se derivan los satélites gubernamentales franceses ‘Pleiades’. Los dos ‘Mohamed VI’ exactamente iguales, tienen forma hexagonal, cuentan con tres paneles solares para proporcionar electricidad a sus equipos de a bordo y pesan 1.108 kilos cada uno de ellos.
SATÉLITES FABRICADOS EN FRANCIA
Entregados llave en mano, la compra es el resultado de un acuerdo gobierno a gobierno entre París y Rabat suscrito en abril de 2013, durante la visita a Marruecos del entonces presidente francés, François Hollande, que ambas partes han mantenido en el máximo secreto. Se estima que su fabricación, lanzamiento, puesta a punto de un centro de control y análisis de datos y la formación de un núcleo de técnicos marroquíes se sitúa en torno a los 500 millones de euros.
El contratista principal de los dos satélites ha sido Thales Alenia Space France, que ha desarrollado los ultra secretos sensores ópticos y el crítico hardware asociado. Airbus Defence and Space France ha construido la estructura hexagonal de los satélites y el resto de los equipos a bordo.
¿Y España? ¿dispone de satélites espía? Pues sí. El Ministerio de Defensa español recibe diariamente imágenes ópticas e infrarrojas de los satélites ‘Helios 2A’ y ‘Helios 2B’, un programa multinacional liderado por Francia y en el que además de España participa Bélgica, Grecia e Italia. Con capacidad de reconocimiento con luz diurna y en la oscuridad de la noche, ambos ingenios están casi en el límite de su vida útil y el Gobierno español todavía no ha tomado ninguna decisión respecto a su relevo.
Defensa también cuenta con los datos que le proporciona el avanzado satélite radar de apertura sintética de nombre ‘Paz’, cuyo propietario es la empresa Hisdesat Servicios Estratégicos. Puesto en órbita el 22 de febrero pasado mediante un cohete norteamericano Falcón 9 desde la base californiana de Vandenberg, en septiembre pasado entró en servicio y puede observar el terreno incluso con nubes, ‒algo que no les es posible a los ‘Helios 2’‒, discriminar objetos de un tamaño del orden de los 50-70 centímetros e incluso penetrar en el subsuelo y conocer lo que se oculta a una distancia de la superficie… que evidentemente se mantiene en secreto.
El próximo satélite de observación que España pondrá en órbita se llama ‘Ingenio’, y ocurrirá a finales de 2019 o principios de 2020. Al igual que los marroquíes, es un satélite electro-óptico que ha tenido serias dificultades en su puesta a punto, pero que ya parecen estar resueltas. Su integración final se lleva a cabo en la factoría que Airbus Defence and Space España posee en Barajas (Madrid).
Una vez en su órbita correcta, el ‘Mohammed VI-B’ entrará en servicio en la próxima primavera y proporcionará a Marruecos autonomía y soberanía en sus capacidades de vigilancia espacial sobre todo el mundo.
Girauta acentúa su posición proisraelí mientras Ciudadanos silencia su viaje a Cisjordania
Saber lo que opina Ciudadanos sobre el conflicto entre israelíes y palestinos no resulta fácil, principalmente porque siempre que puede pasa de puntillas sobre esta polémica cuestión. El que no oculta su posición es su portavoz en el Congreso, Juan Carlos Girauta, que expresa abiertamente opiniones proisraelíes, coincidan o no con las del partido.
El propio Girauta reconoció en una entrevista a principios de este año que dentro de Ciudadanos “el tema de Israel suscita división”, aunque cree que “no hay por qué esconderlo” y que lo importante es que lo que dice el partido sobre este tema “es siempre muy sensato y respetuoso”.
El portavoz parlamentario afirmó entonces que la diplomacia española y la europea “se comporta con cobardía”, tratando de “compensar” cualquier acercamiento a Israel con un acercamiento a las autoridades palestinas y actuando, a su juicio, con “un sesgo claramente antisemita”.
La semana pasada, Girauta viajó a Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel, junto a otros nueve políticos y periodistas españoles invitados por el Ministerio de Asuntos Estratégicos israelí y por el Consejo Regional del Valle del Jordán, la Administración de los colonos israelíes en esta zona. Sin embargo, Ciudadanos no ha publicitado esta visita ni las declaraciones de su portavoz.
Allí, el diputado declaró a la agencia Efe que el Estado israelí “tiene derecho a defenderse”. «Es la única democracia de Oriente Medio y no puede permitirse perder una guerra, porque si la pierde, desaparecerá del mapa, y eso hace que por mucho que se le presione desde instancias internacionales, Israel siga haciendo lo que cree que tiene que hacer«, afirmó.
Mientras la delegación española llegaba a Cisjordania, el 11 de noviembre, en la Franja de Gaza continuaba la violencia entre el Ejército israelí y las facciones palestinas. La tensión había aumentado en la zona a raíz de las protestas de los palestinos en marzo, y en ese periodo murieron dos militares israelíes y unos 220 palestinos.
Los políticos y periodistas españoles que viajaron a Cirsjordania, entre los que estaban también John Muller, exdirector adjunto de El Mundo y de El Español, y Cristina Seguí, columnista de Ok Diario y exdirigente de Vox, pudieron visitar empresas y explotaciones agrícolas ubicadas en asentamientos israelíes que emplean también a trabajadores palestinos.
El propósito de las autoridades israelíes con este tipo de visitas es promocionar la producción agrícola del Valle del Jordán y resaltar la cooperación entre israelíes y palestinos, con el fin de contrarrestar al movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), que promueve el boicot comercial, cultural y académico a Israel y la desinversión en su fondos.
Girauta se alineó con el Gobierno israelí y afirmó que las campañas BDS son “una inmoralidad y un error” porque “al boicotear a Israel, se boicotea la paz, ya que la industria israelí une a israelíes y palestinos, mejorando la vida de ambos”.
Para el portavoz de Cs en el Congreso, los boicots a Israel son “una nueva forma de antisemitismo” que se produce porque “los europeos tienen la idea preconcebida de que la vida en los territorios palestinos es peligrosa, que en el día a día hay un conflicto”.
Unos días antes de viajar a Cisjordania, Girauta había denunciado en Twitter el boicot de la CUP en Barcelona a la selección femenina israelí de waterpolo, que hizo que el partido contra la selección española se tuviese que celebrar antes de lo previsto y a puerta cerrada. Un día después, Ciudadanos registró en el Congreso una serie de preguntas al Gobierno sobre lo sucedido.
Sin embargo, no es habitual que la formación naranja hable de asuntos relacionados con Israel. Su líder, Albert Rivera, pone a este país como ejemplo de economía dinámica y moderna, sobre todo en lo relativo a las empresas tecnológicas y la innovación, pero apenas se refiere al conflicto con los palestinos.
De las iniciativas de Cs en el Congreso, solo una se refiere al conflicto palestino-israelí, concretamente sobre la reactivación del proceso de paz. Lo demás han sido una propuesta para un programa de intercambio educativo e investigador entre España e Israel y para criticar una resolución de la UNESCO que disgustó al Gobierno israelí.
APOYO SIN FISURAS DE GIRAUTA A ISRAEL
La influencia de Girauta se ve en estas iniciativas y, sobre todo, en la falta de respaldo a los palestinos. Pero el apoyo sin fisuras de Girauta a Israel generó una situación incómoda a su partido el pasado 14 de mayo, cuando celebró el 70º aniversario de la creación de este Estado con un mensaje en Twitter donde hablaba de “Israel, luz de las naciones”.
Mientras tanto, en Gaza, decenas de civiles palestinos morían por disparos de las fuerzas de seguridad israelíes en las protestas contra el traslado de la Embajada estadounidense a Jerusalén, lo que desencadenó una serie de críticas contra el portavoz de Cs.
Fuentes del partido declararon entonces que rechazaban la decisión de EEUU y lamentaban la muerte de “decenas de personas inocentes”, pero de la situación en Gaza responsabilizaban tanto al bloqueo israelí como a “la intransigencia del fundamentalismo de Hamás”.
La posición oficial de Ciudadanos sobre el reconocimiento de Palestina como Estado, expuesta por su portavoz de Asuntos Exteriores en el Congreso, Fernando Maura, es que la Unión Europea debería analizar la posibilidad de hacerlo conjuntamente.
Considera que de esa manera la UE podría impulsar “una política real de existencia de dos Estados conforme a las fronteras de 1967″ y el retorno de las partes a la negociación, aunque también reclama que se garanticen las “legítimas condiciones de seguridad” para Israel.
Cuando los Franco tuvieron que pedir permiso para enterrar al dictador
La familia de Francisco Franco necesitó la correspondiente licencia de sepultura para enterrar al dictador tras su muerte hace cuarenta y tres años. Ahora que se plantea la exhumación de sus restos del Valle de los Caídos, la familia podrá enterrar de nuevo sus restos, pero en esta ocasión no hay que pedir permiso a nadie porque, según la normativa, no es necesario después de haber pasado tantos años.
La “licencia para dar sepultura”, que es su nombre exacto, de aquel 20 de noviembre de 1975 daba cuenta de que se había cumplido el requisito previo de inscribir la defunción en el registro civil del juzgado municipal número treinta de Madrid.
El certificado médico aportado para inscribir la muerte del dictador, según aparece ese documento, señala como causa del fallecimiento “parada cardiaca, choque endotóxico peritonítico”.
Cuando han pasado más de cuatro décadas de aquel entierro, está de plena actualidad si los restos de Franco debían reposar en el Valle de los Caídos. Llama la atención que en la licencia de sepultura se añade, literalmente: “con traslado a la Basílica Sta. Cruz, Valle de Caídos”.
FRANCO, AL VALLE DE LOS CAÍDOS
Sin embargo, el mismo formulario cita los artículos del reglamento del Registro Civil en el que, precisamente, señala que la licencia “servirá para la inhumación en cualquier lugar, al que no hará mención”. No fue así con Franco, sobre el que se subrayó su traslado al lugar donde todavía se encuentra.
El Gobierno ha basado su decisión para sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos en el hecho de que no murió en la Guerra Civil, como sí ocurre con el resto de los que fueron enterrados allí. La familia se ha opuesto a la exhumación, pero hay documentos que relativizan que la voluntad del dictador fuera ser enterrado en el Valle de los Caídos.
Entre los papeles del propio dictador, que se conservan en la Fundación Francisco Franco y en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, se encuentran documentos manuscritos de los que él es autor sobre cómo debía ser el futuro Valle de los Caídos. Pero también unas líneas que no fueron tenidas en cuenta al elegir dónde iba a ser enterrado.
LA VOLUNTAD DE FRANCO
El folio dice: “Para un soldado como yo, que ha visto la muerte a su lado tantas veces en el campo de batalla, que ha perdido tantos compañeros de armas que cayeron con un heroísmo natural y casi anónimo, una tumba en cualquier lugar de España, con una sencilla cruz de madera, es enterramiento suficiente y honroso”.
Según estas líneas, sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos no parece contradictorio con la voluntad expresada. Por otra parte, que se conformara con “una tumba en cualquier lugar de España, con una sencilla cruz de madera”, tampoco se corresponde con la catedral de la Almudena, el lugar elegido por la familia para volver a enterrar sus restos.
Los apuntes manuscritos del propio dictador, con sus ideas sobre cómo tenía que ser el Valle de los Caídos, empezaron a diseñar este lugar. Esas notas tratan sobre la idea de “una iglesia o ¿basílica? donde se celebren los oficios divinos y sufragios perpetuos por el alma de los héroes y de los mártires de la cruzada”.
Sin embargo, durante los últimos meses antes de la muerte de Franco, se sucedieron los preparativos. Entre ellos estaba el del lugar de enterramiento. El detalle terminó de estar atado en los planes oficiales para el momento de su muerte.
La llamada Operación Lucero fue un documento secreto en el que se contenían todas las medidas a tomar tras el fallecimiento de Franco. El “plan general” de dicha operación se había diseñado el 24 de julio de 1975, según los documentos del servicio de inteligencia del régimen, el Seced. La actualización final deja establecido el entierro en el Valle de los Caídos.
EL GOBIERNO Y LA BASÍLICA
Ahora, cuarenta y tres años después, el Gobierno sigue avanzando en los trámites para exhumar los restos de Franco de este lugar. El último paso ha sido el de un acuerdo del Consejo de Ministros en el que se ordena a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, “que se promuevan las actuaciones oportunas para el acceso a la Basílica, al objeto de efectuar, en su caso, la referida exhumación”.
Los fundamentos del acuerdo del Consejo de Ministros recuerdan que la Basílica del Valle de los Caídos, el lugar concreto donde está enterrado Franco, es un “lugar de culto y, por tanto, inviolable” según el acuerdo de España con la Santa Sede de 1978.
La Iglesia católica ha señalado que no se opondrá a la exhumación. Esta posición supuso un cambio en su postura, ya que anteriormente señalaba que seguiría los deseos de la familia. Sin embargo, queda la incógnita sobre qué harán finalmente los monjes benedictinos que están al cuidado de la Basílica.
En cualquier caso, el Consejo de Ministros prevé dos escenarios. El primero es el de “recabar las autorizaciones precisas”, pero también prevé otro menos favorable, en el que la ministra de Justicia tendría que “llevar a cabo las medidas legales oportunas para el acceso a la Basílica”.
Podemos Castilla-La Mancha anda a la gresca entre denuncias y golpes bajos
Podemos irrumpió en 2015 en el Parlamento de Castilla-La Mancha y rompió un periodo de 16 años en los que solo estaban representadas las fuerzas del ‘bipartidismo’. El partido de Pablo Iglesias posibilitó el regreso al poder del PSOE.
Los socialistas habían gobernado durante siete legislaturas, seis de ellas con las mayorías absolutas logradas por José Bono, y el ex alcalde de Toledo Emiliano García Page lograba un pacto con los morados pese a mantener un discurso distante con la ‘nueva política’.
José García Molina, secretario regional de Podemos Castilla-La Mancha, sacó adelante el acuerdo tras lograr unos números modestos: ‘solo’ tres diputados y menos del 10% del voto. Dos años después este pacto de investidura se convirtió en pacto de Gobierno.
En el verano de 2017 Podemos entró en el Gobierno tras un acuerdo por el cual el Ejecutivo liderado por Emiliano García-Page creaba una vicepresidencia que recayó en García Molina y una consejería que fue a manos de la profesora Inmaculada Herranz, coordinadora del Plan de Garantías Ciudadanas.
Pablo Echenique ‘bendijo’ el acuerdo con su presencia y afirmó que lo ocurrido en Castilla-La Mancha no era «extrapolable a otros territorios», pero esperaba que este pacto marcase «el rumbo de lo que puede pasar en el ámbito estatal», tal y como ocurrió hace unos meses.
García Molina se integró en el Gobierno y en las últimos meses parecía que no iba a encontrar rival interno. Pero su pacto con Page le ha pasado factura y el líder oficialista no tendrá un paseo militar pese a que prometió presentarse para «seguir disputando la posibilidad de ser presidente de esta región».
Las últimas encuestas no solo prevén este hecho, sino que la previsible irrupción de Ciudadanos podría posibilitar el regreso al poder del PP de la mano de su nuevo presidente regional, el alcalde de Almansa Francisco Núñez.
DAVID LLORENTE: LA ALTERNATIVA REAL
El diputado por Guadalajara y portavoz de Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha ha presentado batalla y disputará batalla contra García Molina para «que Podemos no se quede callado y siga denunciando algunos abusos, privilegios y malas prácticas».
Pero lo que parecía un pulso por la conveniencia entre entrar en el Gobierno o mantenerse fuera se ha calentado y en las últimas horas Llorente ha anunciado que ha solicitado «la recusación de 4 de los 6 miembros del equipo técnico» porque formaron «parte de la lista» liderada por García Molina.
Afirma Llorente que los posibles recusados «son personas contra las que ha interpuesto una querella en el juzgado por delito de injurias y calumnias y una denuncia en la Comisión de Garantías Democráticas por atentar gravemente contra su honor».
Y añade: «Obviamente, estas personas tienen un claro interés de parte y no son neutrales en este proceso, por lo que no deben integrar este órgano. Los otros dos miembros del equipo técnico han formado también parte de listas encabezadas por José García Molina en procesos anteriores».
UN DEBATE CALIENTE EN PODEMOS CASTILLA-LA MANCHA
Podemos celebró este pasado domingo en Toledo un debate entre los tres candidatos a liderar el partido en Castilla-La Mancha. García Molina alardeó del «efecto Podemos» en los cambios del Gobierno de Page.
Pero Llorente se preguntó «hasta cuándo se van a tener que seguir tragando sapos» y «cuándo se va a rectificar el error mayúsculo» por entrar en el Ejecutivo. La tercera en discordia, Gemma Heras-Juaristi, criticó el personalismo de ambos favoritos.
«No me vendo, no me callo, no me rindo, no tengo miedo a enfrentarme a Page y cuando lo hago tengo credibilidad»
Llorente elevó el tono y lanzó golpes bajos contra García Molina: «No me vendo, no me callo, no me rindo, no tengo miedo a enfrentarme a Page y cuando lo hago tengo credibilidad. Eso es lo que necesitamos para impulsar una alternativa de cambio, que no funcionara si la encabeza el vicepresidente de García-Page».
La Universidad de Otoño de Podemos vivió una evidente confrontación entre Teresa Rodríguez y García Molina. La candidata de Adelante Andalucía afirmó que no entraría en un Gobierno de Susana Díaz y el secretario general castellano-manchego se mostró contrario a esta tesis.
García Molina afirmó que «o se está en un Gobierno o no se está. Y eso lo cambia absolutamente todo (…) Cuando condicionas a un Gobierno vía presupuestos o vía leyes pero no estás en él, los cuándo y los cómo de la aplicación de esas medidas, quedan en manos del Ejecutivo, el Legislativo no tiene poder suficiente».
Boadilla Connection: Villarejo explicó a Cospedal el origen de Gürtel
“Esta operación la monta el PSOE través de un abogado de Peñas, que es uno que se llama Galindo, que es un tío del PSOE”. El comisario José Manuel Villarejo dedicó una buena parte de su entrevista con Dolores de Cospedal en su despacho de secretaria general del PP a desvelar el origen de las investigaciones del caso Gürtel. Y a identificar a sus agentes principales.
Como ya se sabe, la entrevista tiene lugar a finales de julio de 2009, en los primeros estallidos de la trama Gürtel. Villarejo relata a Cospedal: “Esto no ha trascendido hasta ahora en ningún sitio, que es un concejal de Boadilla, que va por independiente, que lo conocerás de oídas y tal, que su padre es un golfo, tal, Galindo y que el niño que es abogado de… Pero que el niño es del PSOE. Entonces, esta operación, este diseño… se coge a Peñas, se coge al otro, pom, pom, pom, y eso… O sea, ¿quién coño está pagando a Galindo?”
Galindo es Ángel Galindo, aún hoy concejal independiente de Boadilla del Monte, un verdadero azote para el PP desde el consistorio. A la vez, ha sido abogado de José Luis Peñas, exconcejal del PP en Majadahonda, condenado por el caso Gürtel y que ha pasado a la historia como delator de Francisco Correa. Peñas, junto a otro concejal, fueron disidentes del PP cuando se frustró una operación urbanística en Majadahonda tras la que estaba Correa y que ellos apoyaban. Pasados los años, Peñas se volvió contra el jefe de la trama Gürtel.
Villarejo va más allá. En una conversación grabada a Ignacio López del Hierro el 6 de noviembre de 2009, asegura que Galindo, el concejal de Boadilla y abogado de Peñas, ha cobrado 100.000 euros del PSOE. El comisario, entonces adjunto al Director Operativo de la Policía, informa al marido de Cospedal de que Galindo “ha estado tres meses antes de Gürtel” visitando el despacho de Antonio Camacho, secretario de Estado de Seguridad y número dos de Alfredo Pérez Rubalcaba en ese momento. El enlace entre ambos había sido un conocido periodista muy cercano al PSOE.
Galindo, según la versión de Villarejo, es enemigo acérrimo del entonces alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, ‘el albondiguilla’. El entonces alcalde de uno de los municipios más ricos de España protagoniza muchos minutos en la conversación entre Cospedal y Villarejo. Todo indica que la relación entre el policía y ‘el albondiguilla’ es muy cercana.
Villarejo, hábilmente, empieza pidiendo a Cospedal que le de “un tirón de orejas” a Panero, pero poco después lo dibuja como alguien “que pasa muchos datos de Bárcenas”, el quebradero de cabeza de la secretaria general del PP en aquellos momentos.
Boadilla es el germen del caso Gürtel, y a la vez es el lugar de residencia de José Manuel Villarejo. El comisario vive en una gran casa situada en un sitio excepcional, en pleno paraje natural de El Monte, aislada de cualquier vecino molesto. Fuentes de la corporación actual reconocen aMONCLOA.COM que, antes de que vecino Villarejo alcanzara fama por sus irregularidades, aquella casa llamó la atención del equipo de Gobierno: “¿Cómo podía ser que estuviera autorizada una casa en un sitio así, en pleno monte?”, se pregunta un funcionario.
“Lo miramos y efectivamente, estaba autorizada, era muy extraño”. La autorización para semejante casa en el pulmón de la ciudad corrió a cargo de Arturo González Panero, ‘el albondiguilla’, en sus tiempos de alcalde.
LA SEGUNDA CASA DE VILLAREJO EN BOADILLA
Pero Villarejo no solo tenía esa casa en Boadilla, uno de los municipios más caros de España. Tenía otra, un piso, en el centro de la ciudad, mucho más discreta. Hace unos años, el comisario quiso colocar en la azotea del edificio una enorme antena, de cuatro metros, probablemente para potenciar sus dispositivos de espionaje. Pero los vecinos no vieron clara la operación.
“Fue surrealista –explica un conocedor de aquel episodio–, fue a la reunión de propietarios un empleado de Villarejo. Para convencer a los vecinos les dijo que necesitaban aquella enorme antena porque el propietario era un señor mayor al que le gustaba oír Radio Nacional de España y la cobertura allí era mala”. Estupefactos, los vecinos le dijeron al representante de Villarejo que se podía oír perfectamente por internet y que había otras soluciones. La respuesta roza el surrealismo: “Dijo que era un señor mayor al que le gustaban los aparatos de radio”.
Villarejo intentó instalar una enorme antena de 4 metros de alto en su domicilio de Boadilla «para oír mejor Radio Nacional»
Es verdad que a Villarejo le gustaba oír la radio, sobre todo música clásica. En aquella residencia bis en Boadilla, Villarejo tenia montada una guarida alternativa a su casa en pleno bosque. “Era raro –cuenta alguien que ha estado en ella–, porque era como si también viviera allí, había hasta fotos familiares”. Era una especie de “casa espejo”.
AVISO A PÍO GARCÍA ESCUDERO SOBRE GÜRTEL
Villarejo explicó a María Dolores de Cospedal en Génova que le había encargado ni más ni menos que al ‘albondiguilla’ que alertara al PP de la investigación que se le venía encima.
“A Arturo le explico el tema. Un día agárrale de la oreja y dile, ¡mamón!, no te dijo esto, por qué coño… Es decir. Y aún más, para protegerlo, hablo con la brigada, con todos ellos y les digo: este hombre nos puede dar información, que es mentira, no nos dios nada, vamos a protegerlo un poco, para cubrirlo un poco. Entonces él empieza a dar información cuando se ve muy apurado”. Cospedal puntualiza: “Acorralado”.
El ‘Albondiguilla’, según el relato del comisario a Cospedal, dio aviso al partido en agosto de 2008. En palabras de Villarejo, lo elige para informar al PP porque, al ser vecino de Boadilla, “si me pillan hablando con él, como tenemos una serie de cosas en común y tal…”. “Le digo, mira a ver con quién vas a hablar. Me dijo que él iba a hablar, que tenía buena línea con el portavoz en el Senado”.
–Cospedal: ¿Con Luis Peral?
–Villarejo: “No, no, con Pío [Pío García Escudero, actual presidente del Senado]. Yo voy a hablar con Pío. Le digo: búscate la fórmula de hablar con la segunda del partido. Búscate la fórmula.
–Cospedal: No lo hizo, no.
–López del Hierro: Pío había sido el anterior presidente del partido en Madrid y por eso…
–Villarejo: Pero perdóname, que sepas que eso es así…. Es así. Le informo, le voy dando datos, le digo ten cuidado con eso, y a todos los efectos, por favor, lo que sí es importante es que tengamos claro es que si esto que estamos hablando trasciende indirectamente…
LAS LLAMADAS DE BÁRCENAS Y EL SECRETARIO DE AZNAR
El comisario “vende” a Cospedal las virtudes de González Panero como delator de Luis Bárcenas, el tesorero de partido. En otro momento de la entrevista en la séptima planta de Génova 13, Villarejo relata la mecánica de recaudación del tesorero del PP. También mete en el asunto al que llama “el secretario de Aznar”:
Villarejo: Cuando Bárcenas falla, llamaba el secretario de Aznar, ¿eh? Y en una ocasión, me lo ha contado a mi, me imagino que lo repetirá, si no, no tengo ningún inconveniente de que con toda la… los (ininteligible) otra vez, pom y pom, y yo estoy allí, por si me niega algo, vamos, le tiro de la oreja. En una ocasión le llama Bárcenas, le piden que le adjudique no sé qué y el otro dice: “Hombre, así no puedo, no sé qué, va” y al momento le llama el secretario, y le dice: “Hombre que, ya sabes, dónde estoy y qué te pedimos…” Y dice, “bueno, explícame eso de ‘pedimos’ en plural.
–Cospedal: Hum, hum.
–Villarejo: Explícamelo. Quién lo pide. “No hombre, no. Ya sabes dónde estoy”. Y hasta le dice: “No, no, es el presidente el que tiene interés”. Y utiliza el nombre de Aznar para pedir. Me lo ha dicho a mi Arturo. Además, es más, el día que va a , el día que le van a tomar declaración, yo hablo con Juan [Juan Cotino] el día de antes, y le convenzo de que no le diga a nadie…je, je. Pero al mismo tiempo sabe cómo (ininteligible) pues me dicen los otros, “oye convence (ininteligible)”. Entonces claro, hago tal y cuando no declare, “joder, me ha engañado este cabrón”, no sé qué. Y claro, le digo a Juan, digo: “Macho tú di, no, la abogada…”.
–Cospedal: O sea, que el que llama a Arturo, el que lo llamaba era el (ininteligoble) Bárcenas.
–Villarejo: Fundamentalmente. O Bárcenas, o Granados.
En ese momento la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, tiene constancia por el comisario Villarejo de las presuntas actividades de Francisco Granados. No obstante, Granados siguió unos años en su puesto de secretario general del PP de Madrid. La Fiscalía acusa ahora a Arturo González Panero, ‘el Albondiguilla’ de nueve delitos y el cobro de 1,8 millones en comisiones ilegales.
Jueces y fiscales van a la huelga tras una dura gresca con la ministra Delgado
Jueces y fiscales se enfrentan de forma frontal a la ministra de Justicia Dolores Delgado, con una jornada de huelga para este 19-N. Los convocantes señalaron antes de la misma que el paro no se ha organizado contra el actual equipo ministerial, afirmación que también quisieron destacar los responsables de este departamento. Sin embargo, los contactos posteriores a estas manifestaciones terminaron con duros reproches.
La movilización se produce cuando todavía se discute sobre el reparto de influencia de los partidos en el Consejo General del Poder Judicial y aún está reciente la crisis por el cambio de criterio del Tribunal Supremo que vuelve a hacer pagar a los consumidores el impuesto de actos jurídicos documentados.
Las asociaciones de jueces y fiscales echan en cara al Gobierno que se alcancen acuerdos políticos para el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, pero “nunca hay dinero ni interés” para llegar a acuerdos con ellos.
Esta es la segunda ocasión en la que se convoca una huelga con el apoyo de todas las asociaciones de jueces y fiscales. La anterior tuvo lugar cuando la cartera ministerial la ocupaba Rafael Catalá, con el Gobierno de Mariano Rajoy. Tras dar un margen al nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez, las asociaciones han decidieron esta convocatoria al considerar que este realizó maniobras dilatorias para no encarar sus reivindicaciones.
Jueces y fiscales se sintieron engañados porque, aunque este convocó la mesa de retribuciones para negociar, las reuniones se enredaron en cuestiones de procedimiento. Los representantes del Gobierno dirigieron la negociación hacia la elaboración de un reglamento de funcionamiento de esta mesa, en lugar de entrar en el fondo de la negociación.
JUECES EN LA MESA DE NEGOCIACIÓN
La mesa es un escenario de negociación previsto en la ley, en la que se sientan seis representantes del Gobierno, tres de ellos del Ministerio de Justicia y otros tres del de Hacienda. Las asociaciones de jueces y fiscales cuentan con otros seis representantes. Además, otras tres sillas están reservadas para el Consejo General del Poder Judicial y una para la Fiscalía General del Estado.
Después de que las asociaciones de jueces y fiscales le acusaran de una actitud “obstructiva” en las negociaciones, el Gobierno llamó de nuevo a los convocantes de la huelga el pasado miércoles. La reunión fue tormentosa y acabó con las distancias aún mayores entre las dos partes.
Las asociaciones afirmaron que “en ninguna de las reuniones se nos ha ofrecido nada en concreto” de sus reclamaciones. Jueces y fiscales se sintieron molestos porque el Ministerio de Justicia comunicó de forma oficial que había puesto en marcha iniciativas “para cumplir con las demandas profesionales de ambos colectivos”. Las asociaciones, por el contrario, señalaron que “todo son promesas y largas”.
Donde el Ministerio no da su brazo a torcer es en la negociación salarial, ya que no admite que jueces y fiscales tengan un marco salarial diferenciado respecto del resto de los funcionarios. El Gobierno les remite al acuerdo general con los sindicatos firmado el pasado mes de marzo.
La ministra Dolores Delgado advirtió, tras la última reunión, que la celebración de la huelga supondría la ruptura de las negociaciones. Todas las asociaciones convocantes de la huelga, salvo Juezas y Jueces para la Democracia ni la Unión Progresista de Fiscales, respondieron que se estas fueron “advertencias que recuerdan épocas ya superadas en nuestro país en el que el derecho a huelga no estaba garantizado en la Constitución como derecho fundamental”.
Estas asociaciones responden a la ministra que el derecho a la huelga no es una “concesión graciosa del Ejecutivo de turno, como parece quererse transmitir desde el Ministerio de Justicia”. Jueces y fiscales tienen limitado constitucionalmente el derecho a sindicarse, pero consideran que esta limitación no hace referencia al derecho a la huelga.
Los servicios mínimos son un asunto controvertido en esta huelga. El Ministerio sostiene que no le corresponde fijarlos. Los jueces y fiscales son funcionarios públicos, pero como forman parte del Poder Judicial, no están sujetos a una autoridad laboral convencional que regule estos servicios.
El derecho a la huelga de jueces y fiscales no está regulado específicamente. Los servicios mínimos no los fija el Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces. Por su parte, la Fiscalía General del Estado, tampoco fija los servicios mínimos de los fiscales, pero les ha ordenado que cubran actuaciones urgentes o inaplazables para evitar daños irreparables.
De esta manera, es el comité de huelga el que ha establecido estos servicios. En el caso de los fiscales, estos coinciden con el criterio que ha expresado la Fiscalía General del Estado en sus instrucciones sobre la huelga.
Entre los servicios mínimos se encuentran las medidas cautelares urgentes, entradas y registros, órdenes de protección en materia de violencia sobre la mujer y menores. Las asociaciones han establecido un sistema por el que los jueces comunicarán a los presidentes de los tribunales superiores de justicia que tomarán parte esta movilización y los fiscales a sus superiores.
La huelga de jueces y fiscales es la segunda que vive el sistema en pocos días, ya que la semana pasada se cerró con la huelga de los trabajadores de Justicia. Este paro ha sido el primero al que han sido convocados estos trabajadores en más de veinte años.
Las pullas que no cesan entre Ciudadanos y el PP en la lucha contra el independentismo
Para el Partido Popular y Ciudadanos, el independentismo y el nacionalismo son adversarios a los que hay que combatir políticamente. Lo dicen una y otra vez, públicamente, y no ocultan su deseo de que el separatismo algún día desaparezca.
Pero, a pesar este objetivo común, el enfoque y las propuestas de cada partido para intentar conseguirlo es distinto. Mientras que los populares han impulsado medidas para eliminar o vetar aquello que no les gusta, en la formación liberal prefieren no promover nuevas prohibiciones, aunque en algunos casos puedan acabar apoyando las planteadas por el PP.
Por su férrea defensa de la unidad de España y del cumplimiento de la ley en Cataluña, podría parecer que los discursos de Pablo Casado y Albert Rivera son intercambiables. Y hasta un cierto punto lo son, pero, si se rasca un poco, se observan algunas diferencias.
Un ejemplo claro de esas diferencias es la posición de unos y de otros respecto a la posibilidad de que los líderes independentistas que reciban una sentencia condenatoria sean indultados por el Gobierno.
Ciudadanos, que insiste en que Pedro Sánchez debe aclarar si concederá esos indultos o no, ha emprendido una campaña en las instituciones y en la calle para reclamar que los “golpistas” cumplan íntegramente las penas que les impongan los tribunales.
Sin embargo, con la manifestación convocada para el próximo 24 de noviembre y las iniciativas que ha impulsado en el Congreso y en los Parlamentos autonómicos, el objetivo de Cs es de carácter político –retratar al PSOE y atacar al Gobierno–, no legislativo.
Las iniciativas parlamentarias de la formación naranja contra esos indultos son proposiciones no de ley, es decir, que únicamente buscan un pronunciamiento de la mayoría de la Cámara y no implican ninguna modificación legal.
EL PP SÍ QUIERE CAMBIAR LA LEY DE INDULTO
El PP, en cambio, sí quiere cambiar la Ley de Indulto para prohibir que el Ejecutivo perdone a quienes hayan sido condenados por sedición o rebelión, delitos por los que han sido procesados los miembros del antiguo Govern de Carles Puigdemont en relación con el referéndum ilegal del 1 de octubre y la posterior declaración de independencia de Cataluña.
Los populares plasmaron esta idea en una enmienda a la reforma del PSOE sobre la Ley de Indulto, que se está tramitando ahora en el Congreso, mientras que Ciudadanos no ha planteado ninguna medida similar.
El PP de Pablo Casado también apostó por prohibir cuando pidió aplicar la Ley de Partidos para ilegalizar a los partidos independentistas por “incluir en sus estatutos fines ilegales” o por no condenar la violencia. Posteriormente, presentaron una proposición de ley para tipificar como delito la organización de un referéndum ilegal y castigarlo con hasta cinco años de cárcel.
Rivera no llegó a respaldar los planteamientos de Casado y tan solo le dijo que Ciudadanos estaba dispuesto a debatir sobre la aplicación de la Ley de Partidos a la CUP. Insistió en su propuesta de reformar la ley electoral para que los partidos que no alcancen el 3% de los votos a nivel nacional se queden fuera del Congreso.
“Si realmente les preocupa el papel de partidos que quieren ir contra la Constitución, Ciudadanos plantea una cuestión que está en toda Europa prácticamente: que para estar en el Congreso debes tener votos en toda España, al menos un 3%», declaró el pasado octubre. Si esta barrera hubiera existido en las últimas elecciones generales, ERC y el PDeCAT no tendrían ahora ningún diputado.
La exhibición de lazos amarillos en lugares públicos de Cataluña –para exigir la liberación de los políticos independentistas encarcelados– es otro de los temas en los que el Partido Popular ha tratado de establecer restricciones por ley.
Ciudadanos condena esta práctica porque considera que supone “ocupar” un espacio que es de todos para imponer una ideología que representa solo a una parte de la población. Los naranjas han animado a los catalanes no independentistas a retirar los lazos amarillos de las calles y Albert Rivera e Inés Arrimadas dieron ejemplo haciéndolo ellos mismos.
“Cuando están gobernando no se dedican a defender la nación española, solo lo hacen cuando han perdido el poder”
Pero, ante la proposición de ley del PP para impedir la exhibición de símbolos “excluyentes” como los lazos amarillos o las esteladas, rechazada por el Congreso la semana pasada, Cs se mostró muy crítico. El diputado Miguel Gutiérrez reprendió a los populares por no querer hacer política, sino “electoralismo”, al defender el espacio público “solo cuando les interesa”.
“Cuando están gobernando no se dedican a defender la nación española, solo lo hacen cuando han perdido el poder”, y “no se puede titubear al defender el espacio común de todos los españoles”, subrayó Gutiérrez. Aunque luego los diputados de Cs respaldaron la iniciativa, sabían que sus votos no bastaban para aprobarla.
CIUDADANOS SE DESMARCÓ DEL CIERRE DE TV3
Albert Rivera también se desmarcó del PP cuando, hace un año, Xavier García Albiol sugirió “cerrar TV3 y volver a abrir una televisión con gente normal y que sea plural”. El presidente de Ciudadanos dijo que la televisión pública autonómica no se podía cerrar “al antojo” del entonces líder del PP de Cataluña y que lo que había que lograr es que fuera “plural” y que le costase menos a los catalanes.
Y, al contrario que el PP, en febrero el partido naranja se mostró en contra de retirar de la feria de arte ARCO la obra que presentaba como presos políticos a los líderes del proceso independentista catalán. “El arte es libre y nosotros no hubiéramos tomado esta decisión”, afirmó Inés Arrimadas.
Las tres claves de la guerra sindical en RTVE contra Rosa María Mateo
Guerra abierta en RTVE por el sonoro divorcio de UGT con Rosa María Mateo. Parecía que el cambio de gestión de la Corporación Pública iba a conllevar una paz sindical que solo ha durado cien días. Y es que el sindicato liderado por Josep María Álvarez no parece comulgar demasiado con la nueva administradora única.
Cierto es que el distanciamiento entre UGT y el PSOE, enraizados desde sus orígenes, viene de atrás. Pero la salida de Cándido Méndez y la decisión de Pedro Sánchez de colocar en las listas por Madrid a Irene Lozano en 2015 en vez de Mari Luz Rodríguez, ‘representante’ de UGT en el Grupo Socialista que acabó dando un portazo en 2016, han agriado más si cabe las relaciones.
En RTVE la batalla a pecho descubierto entre UGT y la periodista elegida por el PSOE y sus aliados, Rosa María Mateo, ha provocado un notable enfado en la administradora única y su equipo de confianza.
LA GOTA QUE COLMÓ EL VASO: LA FILTRACIÓN
UGT echó la gota que colmó el vaso de la paciencia de Rosa María Mateo. En una nota afirmaban que la administradora única se habría reunido con El Terrat, productora propiedad de Andreu Buenafuente, a la que según el sindicato «se le habría planteado la posibilidad de producir un debate de actualidad para TVE».
El sindicato liderado por Álvarez es consciente de las ampollas que se levantaron en todos los sindicatos con presencia en RTVE la decisión de la anterior dirección de contratar a dos productoras privadas, Secuoya y Zebra, para poner en pie dos fallidos proyectos liderados por Buruaga y Herrera.
UGT recalca que «los contenidos de actualidad tienen que ser producidos por nuestros Servicios Informativos y en ningún caso por medios externos, y por eso desde UGT interpusimos una demanda contra el programa de Buruaga ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia».
El sindicato afirma que este proyecto sería «ilegal» porque atenta contra la Ley 17/2006, que establece que «la Corporación RTVE no podrá ceder a terceros la producción y edición de los programas informativos y de aquellos que expresamente determine el mandato marco».
El mandato marco en su artículo 35 afirma que «la programación informativa de la Corporación será de producción propia, debiendo actuar como productor y editor principal» y que «el 100% de producción interna en programas informativos, programas de carácter institucional y contenidos de autopromoción».
Y advierten a Mateo: «No sabemos muy bien aún que piensa hacer con el poder excepcional que la ley le ha otorgado como administradora única, pero ya le decimos que si piensa regalar la producción de nuestros Servicios Informativos nos tendrá enfrente, muy enfrente».
RTVE se ha saltado su norma tradicional de no contestar a casi nada publicado y han negado que El Terrat vaya a producir ningún debate político, síntoma del creciente enfado de Rosa María Mateo y su equipo de confianza contra el sindicato de tradición socialista.
UGT, EN SINTONÍA CON EL CONSEJO DE INFORMATIVOS
El Consejo de Informativos se convirtió en un látigo fustigador de José Antonio Sánchez durante su segunda etapa como presidente de RTVE. Este órgano celebró la llegada de Rosa María Mateo y la elección de Begoña Alegría como directora de los servicios informativos de Televisión Española… pero tras los cien días de rigor ya han comenzado a hacer exigencias.
El CdI ha pedido el regreso de un espacio de análisis por la cancelación de ‘El Debate de La 1’, un aumento horario de ‘Informe Semanal’, un mejor horario para ‘Crónicas’ y ‘En portada’ y el regreso de la edición de ‘La Noche en 24 horas’ de los viernes.
Tanto el Consejo de Informativos como UGT están de acuerdo que este espacio de debate sea de producción propia. El sindicato también está reivindicando que se elimine la brecha salarial de género porque las mujeres cobran de media el 6,6% menos que los hombres en RTVE.
UGT vigila que no se apruebe un debate producido por una empresa privada, pero hay otras dos claves que la distancian de Rosa María Mateo. El sindicato reclama en plena transición de RTVE que se apruebe un III Convenio.
Otros sindicatos no están de acuerdo y UGT ha expresado su malestar: «Nos hemos encontrado con la sorpresa mayúscula de que CCOO y CGT no querían negociar la sustitución del II Convenio por uno nuevo».
Y añaden: «Sorprende sonoramente cuando ellos han sido los que durante toda su vigencia han basado su acción sindical en atacarlo y demonizarlo (…) a CCOO no le interesa incomodar a la dirección, a la actual, a Rosa María Mateo y a Fran Llorente (el presidente real de RTVE)«.
Según UGT, Comisiones prefiere «ceder derechos de los trabajadores y trabajadoras. Prefieren estar todas las semanas en el despacho de Rosa María Mateo, con ella y con Fran, para repartirse el bacalao de los puestos».
Este hecho quizás sea el origen del malestar de UGT contra Mateo. Ellos ganaron las últimas elecciones sindicales en 2015 y la administradora única no les ha dado la relevancia que creen merecer. La cercanía de la cúpula a Comisiones Obreras y CGT les ha dejado fuera de foco y la guerra podría no haber hecho más que comenzar…
Los obispos buscan con urgencia un portavoz que lidie con la pederastia, Franco o el IBI
Los obispos tienen que encontrar urgentemente una persona que se convierta en su portavoz en un momento delicado, en el que tienen que lidiar con las polémicas sobre la pederastia, la inhumación de Franco en la catedral de la Almudena, el pago del IBI o las inmatriculaciones.
El actual portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo renuncia a prorrogar su cargo. La Santa Sede decidió nombrarle nuevo obispo de Ávila sólo quince días antes de que el Episcopado decidiera sobre su continuidad. Gil Tamayo anunció entonces que prefería dedicarse en exclusiva a su diócesis. Los obispos elegirán su sucesor el próximo miércoles, dentro de su Asamblea Plenaria.
La decisión de no continuar pilló desprevenidos a los obispos, que afrontaron la noticia con muy poco tiempo para reaccionar. Para el nuevo periodo de cinco años, lo más probable es que hubiera repetido Gil Tamayo, según fuentes episcopales. El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal es la persona que se convierte en la cara pública de la Iglesia católica española y tiene que responder sobre los temas de actualidad.
El adiós de Gil Tamayo se produce cuando se han recrudecido varios frentes muy sensibles para la imagen de la Iglesia católica. El primero de ellos es el de la pederastia. Ante los testimonios sobre nuevos casos y el papel jugado por los superiores jerárquicos de los que los cometieron, la Conferencia Episcopal ha reaccionado reconociendo el “silencio cómplice” de la Iglesia.
Sin embargo, el episcopado matiza que los casos de abusos en la Iglesia son un porcentaje pequeño en relación con el total de los que se producen. Con este argumento, los obispos piensan, en palabras del propio Gil Tamayo, que se habla más de estos casos en el seno de la Iglesia católica de forma intencionada y para desacreditarla.
La persona que se convierta en el nuevo secretario general también tendrá que afrontar el asunto de la posible inhumación de los restos del dictador Francisco Franco en la catedral de la Almudena. El Gobierno ha advertido que podría impedir la entrada en la cripta de esta catedral si se producen actos de exaltación del franquismo, en el caso de que la inhumación se realizara finalmente en este lugar.
La tensión en este punto se ha hecho evidente no solo con la Iglesia española, sino también con el Vaticano. La Santa Sede publicó de forma excepcional un comunicado para corregir al del Gobierno español tras la visita de la vicepresidenta Carmen Calvo al secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin. En este documento desmintió haber acordado nada en concreto con el Gobierno español sobre el lugar a donde vayan a parar los restos de Franco.
En el terreno doméstico, la propia vicepresidenta ha presionado al arzobispado de Madrid a actuar, como dueño de la Almudena, para que el asunto no quede sólo al albur de la voluntad de la familia Franco.
El procedimiento de la exhumación avanza, una vez que ha culminado el periodo de alegaciones de la familia y el Gobierno afronta ya el paso de acceder a la Basílica del Valle de los Caídos. Como lugar de culto, su interior es inviolable, según los acuerdos del Estado con la Santa Sede, por lo que deberá contar con el consentimiento de la Iglesia. Tanto desde España como desde el Vaticano se ha expresado que la Iglesia no pondrá impedimentos a la exhumación.
LOS OBISPOS ANTE LA EXENCIÓN DEL IBI
Otros asuntos que se han calentado en los últimos meses están relacionados con el dinero. El primero de ellos es la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que gozan los lugares de culto. El segundo es la polémica sobre las conocidas técnicamente como inmatriculaciones, la anotación de bienes inmuebles en el registro de la propiedad a nombre de la Iglesia con la prueba única de su propia declaración.
El portavoz de los obispos tiene por delante responder a las críticas desde los colectivos contrarios al estatus tributario de la Iglesia católica. Además, tendrá que hacer frente a los pasos que dé el Gobierno, que sacó el tema del régimen fiscal de la Iglesia ante el secretario de Estado Pietro Parolin sin que fuera tratado previamente con los obispos españoles.
El secretario general de la Conferencia Episcopal es un puesto clave. Su mandato alcanza cinco años, frente a los tres que tiene el de presidente. De esta manera, la persona elegida imprime carácter, por su continuidad, a la institución. El antecesor de Gil Tamayo, Juan Antonio Martínez Camino, se mantuvo en el cargo durante diez años, el límite máximo de dos mandatos.
José María Gil Tamayo fue elegido en 2013 cuando estaba a punto de terminar la presidencia del cardenal Antonio María Rouco Varela. La elección de Gil Tamayo fue interpretada como una apertura de los obispos a los nuevos aires del papa Francisco. Además, los obispos tuvieron que votar pensando en las características del presidente que relevaría más adelante a Rouco.
Ahora, los miembros de la Conferencia Episcopal elegirán a un secretario general que entre sus características tendrá que incluir la de poder trabajar en sintonía con el presidente, Ricardo Blázquez, cuyo mandato no caduca hasta 2020.
Según los estatutos de la Conferencia Episcopal, no hay ninguna condición explícita que deban cumplir los candidatos. Aunque se ha especulado con que los obispos pudieran elegir algún día a una mujer, no parece probable que suceda en esta ocasión.
Mariano Rajoy sigue siendo el presidente del PP…. en su perfil de Linkedin
Mariano Rajoy mantiene el mando del Partido Popular de forma virtual en uno de sus perfiles sociales, concretamente en Linkedin, la red social orientada a las empresas, los negocios y el empleo.
Curiosamente, Rajoy actualizó su perfil en Linkedin después de su salida traumática de la Moncloa con la moción de censura que ganó Pedro Sánchez, pues en su presentación hace una mención expresa a su condición de expresidente.
«Estoy orgulloso de haber sido vuestro Presidente del Gobierno. Hice todo lo posible y todo lo necesario para dejar las cosas mejor de lo que las encontré. Y juntos lo hemos logrado. Ahora debemos seguir trabajando para defender la unidad de España y el interés general, y para salvaguardar la recuperación económica con el fin de que pueda llegar a todos«, afirma Rajoy, quien sin embargo se olvidó de cambiar su perfil tras el congreso nacional del PP en el que cedió el testigo en la presidencia del partido a Pablo Casado.
Rajoy subraya en su perfil de Linkedin que ha tenido la oportunidad de servir a España como ministro «en las carteras de Administraciones Públicas, Educación y Cultura, Interior, Portavocía del Gobierno, Presidencia y como vicepresidente primero del Gobierno» en tiempos de José María Aznar.
Su paso por la Moncloa se condensa «en seis años y siete meses», desde diciembre de 2011 a junio de este año, tras lo cual se quedó al frente del PP hasta que en julio se celebraron las primarias internas y el posterior congreso nacional con el voto final de los compromisarios. «Como Presidente del Partido Popular, sigo trabajando para lograr un futuro mejor para todos los españoles», remacha Rajoy.
Este olvido de Rajoy es extensible a otros dirigentes del PP, entre ellos su propio sucesor, Pablo Casado, quien aparece como diputado de Ávila -cosa que es cierto a día de hoy- pero con el cargo que contaba en la anterior Ejecutiva popular: el de vicesecretario de Comunicación del PP.
Casado relata en su perfil de Linkedin su trayectoria política que empezó como asesor de Alfredo Prada, vicepresidente segundo de Esperanza Aguirre antes de que la presidenta madrileña colocase en dicho puesto a Francisco Granados, y su etapa como director de gabinete de la oficina del expresidente Aznar de mediados de 2009 a finales de 2011, entre otros cometidos.
También incluye su polémico máster en Derecho Autonómico y Local en la Universidad Rey Juan Carlos, así como sus programas de posgrado que impartieron las universidad norteamericanas Georgetown y Harvard en Madrid.
Otra exdirigente del PP que lleva varios meses sin actualizar su perfil en Linkedin es María Dolores de Cospedal, que mantiene en esta red social su antigua condición de presidenta del PP de Castilla-La Mancha -cargo que cedió unas semanas antes de los polémicos audios con el comisario José Manuel Villarejo-, así como su anterior puesto orgánico en el PP de Rajoy, el de secretaria general.
Precisamente, esta misma semana se ha sabido que la exministra de Defensa ha solicitado su reingreso como abogada del Estado después de anunciar su adiós a la política. Cospedal ha decidido, por tanto, pedir la vuelta a su puesto de funcionaria pública tras anunciar en un comunicado su marcha tras las grabaciones publicadas por MONCLOA.COM.
Con los datos desactualizados de Rajoy, Casado y Cospedal en Linkedin se podría pensar que el PP se ha olvidado de esta red social, pero no es así ya que hay otros dirigentes populares, caso de Javier Maroto, que sí que han puesto al día su nueva condición política dentro del PP.
Así, Maroto deja bien claro su nuevo cargo de vicesecretario general de Organización y Electoral dentro del PP de Pablo Casado, y en el que lleva cinco meses. Además, lejos de limitarse a poner sin más su currículum, el exalcalde popular de Vitoria incluye actividades políticas cada pocas semanas.
El PP incluye en su web una página en la que se invita a los internautas a participar en redes sociales para que ayuden «a que el proyecto político del Partido Popular en Internet siga creciendo y mejorando».
Es más, desde la página oficial se hace hincapié en la cercanía que se quiere tener con los afiliados y simpatizantes. «Queremos estar cerca de ti: intercambiar ideas y conocer tus propuestas y preocupaciones. Puedes encontrarnos en:»… y una de las ocho redes sociales que se incluyen es, precisamente, Linkedin.
RAJOY Y EL RESTO DE MIEMBROS DEL PP EN LINKEDIN
«Sigue al principal partido político español y forma parte de esta gran organización que tiene como tres grandes objetivos la unidad y prosperidad de España, la libertad de todos y cada uno de sus ciudadanos y nuestro apasionante reto #Empleo2020. Únete y participa», se indica en el perfil del PP en esta plataforma que ayuda a la búsqueda de empleo.
En dicho perfil hay 284 empleados del PP que forman parte de Linkedin a través de sus cuentas personales. Desde concejales en pequeños ayuntamientos hasta el mismísimo presidente popular, Pablo Casado… aunque la información no sea la correcta.
