Las víctimas del terrorismo de ETA han vivido una semana negra de la mano de la Justicia española, que en hasta tres ocasiones se ha posicionado alejada de sus intereses para restablecer su dignidad, algo que, según denuncian, ocurre con lamentable regularidad.
Los reveses de esta semana comenzaban el pasado martes 8 de octubre, cuando la Audiencia Nacional acordaba desestimar la petición formulada por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (Covite) para cancelar la exposición de pintura del etarra Jon Bienzobas inaugurada el día anterior en la Casa de Cultura del municipio vizcaíno de Galdácano, gobernado por EH Bildu.
El magistrado del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal, consideró en su auto que la exposición de Bienzobas, condenado a 266 años de prisión por cometer, entre otros delitos, el asesinato del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid en 1996, no constituye “un acto de humillación y desprecio a las víctimas”.
“¿De verdad creen que no humilla a las víctimas ver que se hace una exposición pública a un etarra por su “compromiso político”? ¿Cuál ha sido ese compromiso? Asesinar y ayudar a asesinar. Si esto no es humillante, quizá habría que establecer una nueva definición del término”, aseveraba Covite a MONCLOA.COM.
En esa misma línea se pronunciaba uno de los hijos del malogrado jurista, Quico Tomás y Valiente, que en diversos medios de comunicación ha mostrado estos días su “preocupación” porque se consienta “reconstruir” la historia desde “el olvido, la manipulación y la normalización de lo que no lo es”.
A la espera de que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre el recurso de reforma presentado por Covite para revocar la desestimación de la prohibición de la exposición, Tomás y Valiente ha subrayado que se trata de un asunto “mucho más claro política y éticamente”, aunque “mejor” si desde una acción judicial pudiera prohibirse.
REBAJA DE LA PENA A LOS CONDENADOS DE ALSASUA
La segunda noticia no se hacía esperar. Al día siguiente, el Tribunal Supremo acordaba rebajar las penas a los ocho condenados por las agresiones a los guardias civiles y sus parejas cometidas en octubre de 2016 en Alsasua (Navarra).
La Sala de lo Penal del alto tribunal, con el voto particular de dos de los cinco magistrados que no eran partidarios de esa rebaja, convenía en suprimir el agravante de discriminación en la actuación de los condenados y de abuso de superioridad en el caso de delito de atentado -que sí se mantiene en los delitos de lesiones-, por lo que las penas se vieron reducidas de entre los dos y trece años impuestos por la Audiencia Nacional a un año y medio y nueve años y medio.
Una resolución que, a pesar de ser más benévola con los condenados, que podrán además empezar a solicitar permisos penitenciarios, no ha sido bien recibida por sus familiares, que anunciaron poco después su intención de apelar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
A pesar de esa rebaja, Covite transmitió a este periódico su satisfacción porque, a su juicio, “ha quedado patente, tanto en la sentencia de la Audiencia Nacional como en la del Supremo, el clima de odio y acoso que vive la Guardia Civil en Alsasua, y que fueron agredidos precisamente por ser guardias civiles, no fue algo casual como intenta vender la izquierda abertzale”.
ARCHIVO DE HOMENAJES A TERRORISTAS
Por último, según su orden cronológico, este jueves la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó las diligencias de investigación abiertas por los actos de homenaje realizados el pasado mes de marzo a los etarras Iñaki Etxarte y Germán Urizar, este último tras cumplir 28 años de prisión por el asesinato del policía José Manuel Cruz Martín en 1991, al considerar que no constituyeron un delito de enaltecimiento del terrorismo.
“La Audiencia Nacional sigue en su empeño de no proteger a las víctimas ante esta nueva victimización que llevan tanto tiempo soportando”, sentenció el colectivo de víctimas, que lleva años persiguiendo en los tribunales este tipo de prácticas.
“Los homenajes públicos a presos de ETA dejan al descubierto un déficit democrático. Ninguna democracia digna, ningún Estado de Derecho consciente del significado de sus víctimas del terrorismo permitiría que los terroristas fueran homenajeados en la vía pública. Que se sigan celebrando con impunidad es incomprensible, decepcionante y muy humillante”, concluyó.
Por su parte, la Fundación Villacisneros, la organización que en este caso interpuso la demanda por estos «ongi etorris» (bienvenidas), anunció el mismo jueves su intención de recurrir el archivo al considerar que vulnera las leyes de protección integral de las víctimas del terrorismo que encomiendan al Estado asumir la defensa de su dignidad.
En definitiva, una sucesión de actuaciones judiciales que no hacen sino confirmar la sensación “de indefensión” que perciben las víctimas del terrorismo por parte de la Justicia.
