La empresaria Carmen Pano Sánchez, que dijo haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE, y su hija Leonor González Pano, imputadas en la Causa Hidrocarburos y testigos en el Caso Koldo, han sido denunciadas por el robo de documentos pertenecientes a una de las empresas que el juez de Hidrocarburos, Santiago Pedraz, ha ordenado investigar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El tema arranca cuando Carmen Pano y su hija aportaron ante la Audiencia Nacional documentación relativa a las mercantiles Grufium Combustibles y Olivia Petroleum. Pano declaró en su día ante el Tribunal Supremo haber llevado 90 mil euros en metálico, en dos viajes, a la sede del PSOE en la calle Ferraz por orden de Aldama, extremo que éste niega. La supuesta «mordida» sería a cambio de lograr una licencia como operador de Hidrocarburos para la empresa Villafuel SL. Su hija, administradora de Have Got Time, empresa que compró el chalet que luego alquiló al ex ministro José Luis Ábalos, también está imputada en la misma causa y declaró como testigo en el Supremo en el Caso Koldo.
LA EMPRESARIA QUE LLEVÓ DINERO AL PSOE
Ambas mujeres están denunciadas por la mercantil Grufium Combustibles, acusadas de haberse llevado documentación de la misma para aportarla ante el juez Pedraz dentro de la causa Hidrocarburos.
Hay que recordar que Carmen Pano dijo en el Supremo que había llevado 45.000 euros en metálico al PSOE para pagar una mordida por orden de Aldama.
El 4 de marzo la empresa Grufium denunciaba ante el juzgado de instrucción que por turno correspondiera a ambas mujeres por «un delito de descubrimiento y revelación de secretos de empresa (…) y/o alternativamente, de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 197 del Código Penal».
Claudio Rivas Ruiz-Capillas, uno de los considerados cabecilla de la trama Hidrocarburos junto con el empresario Víctor de Aldama, consta como apoderado de esta sociedad desde el 29 de junio de 2021.
La denuncia incluso está dirigida contra «todas las personas que puedan aparecer como responsables de los hechos delictivos a lo largo de la instrucción, como podrían ser la representación procesal y la defensa letrada de las principales denunciadas en las diligencias previas 147/2024, seguidas ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 por lo que enseguida se dirá». La defensa letrada de Carmen Pano es el conocido penalista y ex magistrado Javier Gómez Bermúdez, ex presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y presidente del Tribunal que juzgó los atentados del 11M.
Dicen los denunciantes que «el pasado 25 de febrero de 2025, la representación procesal de ambas investigadas presentó un escrito aportando numerosa documentación mercantil de Grufium Combustibles SL y otra empresa llamada Olivia Petroleum SAU».
El abogado de la empresa denunciante alega además sobre Carmen Pano y su hija que «ninguna de las denunciadas ostenta ni ha ostentado cargo alguno en Grufium Combustibles ni guarda relación alguna con la empresa. Tampoco existe -no puede existir- ninguna forma legalmente válida de que las ahora denunciadas hayan obtenido (…) documentación aportada en aquel procedimiento, de la que se han apoderado y que han hecho pública de forma absolutamente ilícita» y a modo de confirmación explica que «en el escrito referido aportado como documento número 1, se dice que disponen físicamente de la información y que la pondrán a disposición de quien se determine por el Juzgado; es decir, las aquí denunciadas han hurtado los originales de los documentos referidos».
Además, advierte el representante de la empresa que «en la documentación ilícitamente incautada por las denunciadas, aportada al Juzgado y publicada en Prensa aparecen datos personales de transportistas, conductores y, en fin, personal de distintas empresas que, ahora, inevitablemente y de forma absolutamente injustificada e injustas aparecen vinculados a una trama presuntamente delictiva que está siendo investigada en el Juzgado Central de Instrucción nº 5».
Por tanto, la empresa Grufium propone en su denuncia que presten declaración ambas mujeres como investigadas y que «se libre exhorto al Juzgado Central de Instrucción 5 para que en relación con las diligencias previas 147/2024 (Hidrocarburos) remitan testimonio del escrito presentado por (…) Dª Carmen Pano Sánchez y Dª Leonor González Pano el 25 de febrero de 2025, incluyendo la documentación adjunta».
La denuncia ha sido adjuntada al sumario de la causa Hidrocarburos porque nada más ser presentada, justo un día después, el abogado de Claudio Rivas interponía recurso de apelación, ante la decisión del juez Pedraz de que la UCO investigase dos nuevas empresas, que «la documentación aportada por la representación de María del Carmen Pano y Leonor González es de origen ilícito y la propia aportación de la misma a este procedimiento puede ser en si misma, constitutiva de delito».
El escrito explicaba que se había presentado un recurso de reforma previo a que el juez enviase los citados documentos a la UCO para su estudio pero no se había admitido porque «no consta la denuncia a que se alude en el escrito». Por eso en esta apelación el abogado de Claudio Rivas aportó esa denuncia de la empresa.
Pero finalmente el juez Pedraz inadmitió el recurso de apelación por una cuestión procesal en una providencia dictada el 19 de marzo: «no ha lugar a admitirlo a trámite por cuanto contra las resoluciones que acuerdan la práctica de una prueba en la instrucción no cabe otro recurso que el de reforma, sin que quepa recurso de apelación».
Pero la denuncia por sustracción de documentos sigue su camino.
