La empresaria Carmen Pano, imputada en la causa Hidrocarburos señaló al ex presidente canario y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Víctor Torres, al declarar que se había reunido con los dos cabecillas de la trama. Pano aseguró ante el juez Santiago Pedraz que cuando fue detenida, el 16 de diciembre de 2024, los agentes de la UCO le preguntaron por dos viajes de Aldama a Canarias y ella respondió que había ido a ver a Ángel Víctor Torres, presidente entonces de Canarias, en avión privado, en compañía de Claudio Rivas y su esposa Estela Duarte con «la intención de abrir un depósito fiscal para descargar en la isla el carburante que se traería desde Venezuela vía República Dominicana y desde Rusia vía Georgia». La trama está acusada de defraudar 231 millones de euros en impago del IVA por la venta de carburante entre 2021 y 2023.
Esta nueva revelación es otro torpedo a la línea de flotación del ministro Torres que ha sido llamado hasta cuatro veces a declarar ante el Senado por el Caso Koldo de compra venta de mascarillas durante la pandemia sin terminar de aclarar su relación con Koldo García y Víctor de Aldama y que ahora puede ser llamado de nuevo por este asunto.
Carmen Pano contestó el miércoles al juez, al abogado del Estado, al fiscal y a la acusación popular, representada en esta causa por la asociación Hazte Oír, y de su propio abogado. No contestó, sin embargo, a las defensas del resto de imputados en esta causa. Ratificó sus declaraciones ante el Supremo, pero dejó este nuevo asunto relativo al ministro Torres sobre la mesa.
Carmen Pano está imputada en la Causa Hidrocarburos porque constaba como apoderada de la empresa Combustibles Lucinala SL, considerada dentro de la trama como operadora, una de las siete empresas usadas como «testaferra» y «para canalizar fondos de procedencia delictiva», según el auto de imputación.
Hay que recordar que en el atestado elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya se recoge la actividad de la trama de Hidrocarburos en Canarias. El documento explica que «para cometer este fraude, Villafuel SL, valiéndose de su condición de operador al por mayor de productos petrolíferos, comenzó a adquirir producto en régimen suspensivo a otros operadores de productos petrolíferos y, ficticiamente, simular su transmisión a las suministradoras interpuestas que actúan bajo su control, entre ellas Canary Islands Fuel Company SL».
Esta empresa fue administrada por Oriana Elisett Aciego Flores, también imputada en Hidrocarburos, y mantuvo «relaciones comerciales con Villafuel SL en el periodo entre noviembre de 2022 a marzo del 2023, pasando de la inactividad inicial a realizar operaciones de compra, a la operadora, por un total de 46.449.645,07 euros durante dicho periodo. Esta mercantil actúa como la suministradora que da comienzo a la operativa defraudatoria, siendo sucedida por Carburante Jalón Plaza SL y actuando de forma simultánea, durante febrero, con Salamanca Fuel Center, habiendo generado una millonaria deuda con el Tesoro».
Por cierto, Oriana Aciego fue la única de los detenidos junto a Carmen Pano que declaró ante los agentes de la UCO de manera voluntaria.
DEPÓSITO FISCAL DE HIDROCARBUROS
Pero en este caso, según Pano, lo que pretenderían Aldama y Claudio Rivas, considerado el segundo cabecillas de la trama, sería instalar un depósito o almacén fiscal. Un depósito fiscal es un lugar donde pueden almacenarse, recibirse, expedirse y, en su caso, transformarse, en régimen suspensivo, productos objeto de los impuestos especiales de fabricación, como son los hidrocarburos. Como la trama necesitaba introducir en Europa el petróleo comprado en Venezuela o Rusia y traído por barco eligieron Canarias como lugar ideal para hacerlo por, supuestamente, cuestiones impositivas.
La UCO reflejó que «desde las cuentas bancarias de la mercantil Canary Islands Fuel Company se realizan transferencias de capital a cuentas portuguesas. Así las cosas, Oriana Elisett Aciego desarrolla funciones de testaferro a las órdenes de uno de los líderes de la presunta organización criminal, Víctor De Aldama, al objeto de desvincular la dirección real de éste de la mercantil y, de esa forma, documentar la gestión administrativa y comercial de la mercantil de forma que permita perfeccionar el fraude fiscal investigado».
El ministro Torres ya compareció públicamente en el Senado en varias ocasiones, siempre con el Caso Koldo, con versiones variopintas, desde su desconocimiento de tener mensajes en su teléfono móvil de Víctor de Aldama hasta descartar haber tenido una reunión con él, pero sin descartarlo tajantemente. Tras las declaraciones de Aldama en el Tribunal Supremo sobre un piso alquilado para Torres en la calle Atocha éste también desmintió haber estado en ese apartamento alquilado.
Aldama llegó a declarar en el juzgado el 21 de noviembre de 2024 que «Koldo (García) me dice que el sr Victor Ángel Torres pide 50.000 €, yo le digo que 30, no voy a pagar más de lo que está acordado y menos otro contrato que depende de él». Victor de Aldama se refería a las comisiones que ya estaban presuntamente acordadas con José Luis Ábalos y Koldo García.
El ministro incluso llegó a afirmar que desconocía quien es Ignacio Díaz Tapia, socio de Aldama, y sin embargo en las actuaciones de los mensajes recuperados por la UCO constan varios whatsapps de 17 de agosto de 2020 cruzados entre ambos sobre la compra de test para realizar pruebas PCR por parte del Gobierno canario. Las adjudicaciones a Eurofins Megalab se produjeron entre el 18 de diciembre de 2020 y el febrero de 2021, por un importe de 5.363.299,73 euros.
Por su parte, Leonor González Pano, que también declaró este miércoles, figura como administradora de la empresa vinculada a la trama Have Got Time SL. Sobre esa mercantil, la UCO indica en sus informes que figura en la lista de morosos de la Agencia Tributaria teniendo una deuda de 64,4 millones de euros relativa al fraude en el sector de los hidrocarburos.
