La Fiscalía y la interventora del Ayuntamiento de Parla ponen el foco en los contratos menores del alcalde de la localidad madrileña, Ramón Jurado; y de su concejal de Deportes y ‘clown’ de formación, Javier González Serrano; así como a la concejala de Participación Ciudadana, Ana Vanesa Calle; Miguel Fuentes Sánchez, concejal del Área de Juventud, Educación y Transición Ecológica; Gema García Torres, del Área de Presidencia, Cultura e Interculturalidad.
Un contrato sobre los encierros en Parla desató las alertas en el municipio, más cuando la interventora del Consistorio mostró su disconformidad por el «abuso» de este tipo de licitaciones públicas. Miguel Ángel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores (CENAFE) de fútbol y también convecino del alcalde del PSOE, que gobierna el municipio desde 2019 con una irritante opacidad, es el denunciante en este caso de posible fraude de Ley.
Galán, conocido por su combatividad en los tribunales, puso en conocimiento de la Justicia la licitación de la organización de un encierro taurino nocturno, con suelta de reses, que se celebró el pasado 13 de septiembre.
El Consistorio pidió tres presupuestos a tres empresas del sector con los siguientes requisitos: duración de un día, incluyendo suministro y transporte de tres cabezas para lidiar; la contratación del director de lidia y del ayudante, de los servicios veterinarios, del equipo médico necesario, de la UVI movil y el quirófano portátil, del trámite y abono de todos los permisos necesarios ante la Comunidad de Madrid para la obtención de las oportunas autorizaciones que permitan la celebración del festejo que incluirán; así como certificaciones sobre el vallado y la plaza de toros y cuantos documentos sean necesarios.
UN CONTRATO MENOR PARA UN FESTEJO TAURINO, EL DETONANTE
Hasta aquí sería un contrato más para un festejo. Se presentaron tres supuestas ofertas: la Asociación Cultural Parla Taurina, con 14.999 euros más 3.147 euros de IVA; Ofetauro Sur SL, 16.500 euros junto con 3.465 euros de IVA; y Toros Tierra de Campos, por un importe de 15.900 euros, junto con el pago de 3.339 euros del 21% del IVA. La primera se llevó este concurso al ser la «oferta de mejor relación calidad-precio para los intereses del Ayuntamiento». El montante salió de los 334.226.67 euros del presupuesto para programaciones culturales.
Se da la circunstancia de que la adjudicataria es una firma cercana a uno de los asesores del Consistorio, Iván del Pino e hijo de uno de los fundadores de la asociación, mientras que una de las ofertas fue inventada, la de Toros Tierra de Campos, que no llegó a recibir propuesta alguna, tal y como aseguraron desde la firma a El Confidencial.
En base a esto hechos, Miguel Ángel Galán interpuso la denuncia por presuntos delitos de fraude de Ley y corrucpión contra distintos cargos públicos del Ayuntamiento de Parla, siendo el primero de ellos el alcalde del PSOE, Ramón Jurado, quien recientemente ha dejado fuera de una expropiación de terrenos las fincas de su hermano y un grupo de empresarios que se habrían beneficiado en el PAU 05 de Parla; el concejal de Deportes, Javier González Serrano, cuyos estudios pasan por ser ‘clown’ de formación, entre otros talleres y estudios.
La denuncia, a la que ha tenido acceso Moncloa.com está en manos de la Fiscalía, que ha dado su acuse de recibo y abierto una investigación por estos hechos ya que el Consistorio de Parla incluyó a la empresa Toros Tierra de Campos pese a no dedicarse a los festejos con reses, sino al alquiler de las plazas portátiles, según explicó la firma. En el expediente de contratación figura correctamente el CIF de la firma, pero no la dirección actual, ya que se trasladó de Parla a Segovia, un movimiento que se realizó después de la licitación.
El Ayuntamiento echó balones fuera al afirmar que fue un gestoría la encargada de buscar las ofertas del contrato menor, pero ni se facilita el nombre ni tampoco aparece en la licitación. De hecho, que una gestoría o una firma de asesoría de un sector concreto actúe o colabore en un municipio es un hecho habitual, pero casi siempre en concursos de gran envergadura, «casi nunca en un contrato menor», explican fuentes conocedoras de lo público a nivel municipal.
De hecho, otra de las alertas es que la gestoría obtenga una oferta de casi 15.000 euros, el máximo exigido para este tipo de licitaciones, y no haya cobrado un solo euro por la labor.
Este tipo de licitaciones opacas, ya que se adjudican a dedo con independencia de si se invitan o no a entidades o empresas, han sido la tónica desde 2019, pero la Intervención de Parla pone el grito en el cielo en un informe al que también ha tenido acceso este medio.
LOS CONTRATOS MENORES DE PARLA, BAJO SOSPECHA
El contrato taurino no es el único en el ojo del huracán. La Intervención de Parla muestra cómo se ha utilizado esta herramienta política para numerosas licitaciones, a pesar de sus limitaciones fijadas por ley. Según el informe, se habría utilizado este tipo de contratos para servicios de carácter recurrente, es decir, licitaciones que se van a necesitar de uno a otro año. Estas adjudicaciones, además, no están planificadas y un festejo taurino suele programarse con antelación, no a cinco meses vista.
Asimismo, la carrera popular We Run Parla 2024 es un ejemplo de ello. La Concejalía de Deportes, a cargo del aprendiz de ‘clown’ del PSOE en Parla, como el mismo lo afirma en su currículo, tiene la obligación de establecer un «convenio de colaboración» para no hacer «un mal uso del contrato menor, cuyo empleo debe limitarse a gastos de carácter puntual, poco usual e imprevisible».
EL PRESUNTO FRAUDE DE LEY DE LOS CONTRATOS MENORES EN LA PARLA SOCIALISTA
No es el único rapapolvo. La Concejalía de Igualdad también tiene contratos menores que podrían tramitarse como convenios, así como Cultura o Presidencia con el envío de cartas en Navidad de 2023. «De repetirse una operación de la misma naturaleza en el año, o después de un año, constituiría un fraude de ley o cuando menos el empleo del contrato menor no conforme a derecho y que es lo que se pretende hacer también este año, obviando las recomendaciones realizadas por esta Intervención», afirma la Intervención.
González Serrano es el gran señalado por este posible uso fraudulento y que ahora investiga la Fiscalía tras la denuncia de Galán. El relato de los socialistas en Parla es la ausencia de una programación con antelación, es decir, admite una improvisación a la hora de gastar el dinero público, pero para la Intervención esta situación genera «inseguridades jurídicas» y exige una mejor planificación para escoger el mejor procedimiento de cara a la contratación pública.
La propia Policía Local de Parla también hace este tipo de contrataciones menores para ciertos suministros, que son previsibles y por tanto ajenos a la contratación más habitual en el Consistorio. Este tipo de contratos es legal, pero no lo es cuando se excede en el uso de los mismos, como el troceamiento de contratos de mayor cuantía o partidas que se van a repetir en el tiempo.
Galán, en su denuncia, apunta al alcalde de Parla, Ramón Jurado, por la «falta de ejecutividad del presupuesto de ingresos». En este sentido, indica que se ha utilizado el contrato menor para gestionar gastos recurrentes, como el expediente 68/2023. «Es del todo imprescindible que, como indica el técnico en su informe, se proceda cuanto antes a la licitación del Pliego de Servicios de Imprenta para el Ayuntamiento de Parla, puesto que el contrato menor no es el procedimiento adecuado para gestionar este tipo de gastos recurrentes. En la actualidad parece que se ha inciado el expediente de contratación 68/2023», apunta la denuncia.
«En efecto, según dice la intervención del Ayuntamiento de Parla el contrato menor no es el procedimiento adecuado para gestionar gastos recurrentes en España debido a las restricciones legales que limitan su uso a situaciones de escasa cuantía y duración temporal. Estas restricciones están diseñadas para evitar el fraccionamiento indebido de contratos y asegurar la transparencia y eficiencia en la gestión de fondos públicos», destaca el escrito.
LAS LIMITACIONES DEL CONTRATO MENOR, PRESUNTAMENTE ROTAS EN PARLA
Cabe recordar que además de la limitación de los 15.000 euros para los contratos menores en servicios -40.000 para obras-, la tramitación de estos contratos requiere un «informe justificando la necesidad del contrato y asegurando que no se está alterando su objeto para evitar la aplicación de umbrales superiores». Tras poner como ejemplo algunos contratos públicos bajo esta modalidad de licitación, Galán apunta en su denuncia al presunto «fraude de ley si se utiliza para eludir los umbrales establecidos para procedimientos de contratación más estrictos».
Además, se requiere que el contratista no haya suscrito más contratos menores que, individual o conjuntamente, superen el límite establecido, lo que refuerza la prevención de prácticas fraudulentas. Por ello, insta al Consistorio a facilitar la relación de los contratos menores durante los últimos ocho años.
Por otro lado, «la responsabilidad por culpa in vigilando de un alcalde en el contexto del derecho administrativo español implica la obligación de supervisar y controlar las acciones de sus
subordinados para prevenir daños a la Corporación Local o a terceros». Es decir, es responsabilidad del alcalde qué hacen sus propios subordinados.
«Esta responsabilidad se fundamenta en la negligencia grave o dolo, y puede derivar en consecuencias civiles o penales si se demuestra que el alcalde no cumplió adecuadamente con sus deberes de vigilancia», recuerda el denunciante, que pone de manifiesto otros ejemplos en los que se han investigado irregularidades.
