MoncloaPolítica Española

Su defensa asegura que «no existen elementos que permitan atribuir indiciariamente ningún delito» a Álvarez

La defensa de Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que envió varios correos electrónicos relacionados con la actividad privada de Begoña Gómez, ha recurrido su imputación en la causa en la que se investiga a la esposa del presidente del Gobierno afeando al magistrado que le tendiese «una trampa» al utilizar su declaración como testigo para, precisamente, imputarla.

En un recurso de apelación, su abogado, José María de Pablo, critica que el juez Juan Carlos Peinado le citase como testigo, sin abogado, «con obligación de declarar y con apercibimiento de falso testimonio, para después utilizar el contenido de su declaración testifical como indicio contra ella».

Fue el 20 de diciembre cuando, como testigo, Álvarez confirmó que envió varios correos electrónicos relacionados con la actividad privada de Gómez, explicando que se la nombró para ayudar a la esposa del presidente del Gobierno con temas tanto oficiales como privados. Este mismo mes, el magistrado dictó un auto acordando imputarla.

«Es imposible conocer qué hecho en concreto se atribuye a mi patrocinada», lamenta el letrado, que sostiene que su testifical «no fue autoincriminatoria» y recuerda que «está prohibido valorar el contenido de una declaración en perjuicio del propio testigo».

La representación de Álvarez apunta además que esa declaración fue anterior al 9 de enero, y ya fue tenida en cuenta en la providencia de ese mismo día por la que el juez acordó no imputar a la asesora de Moncloa.

SIN ELEMENTOS INDICIARIOS

Desde ese día, explica su defensa, únicamente se ha practicado la declaración del vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense, José María Coello de Portugal, que «solo aportó el dato de que» Álvarez acompañaba a Gómez en algunas reuniones. «Ese dato ya era conocido cuando se dictó la providencia que rechazó la imputación», critica.

En la resolución por la que acordó imputarla, el magistrado apuntaba a su presunta participación en hechos que podrían ser constitutivos de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

«No existe ningún elemento indiciario que permita atribuir a mi patrocinada (que no es directiva, administradora, empleada ni colaboradora de ninguna empresa mercantil) haber solicitado o aceptado un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza en contraprestación por favorecer indebidamente a otro en la adquisición o venta de mercancías. ¿Cuál es el beneficio o ventaja (el soborno) que según el instructor ha podido obtener u ofrecer mi representada? Resulta imposible adivinarlo», lamenta el abogado.

Según el letrado, el auto por el que se acordó la imputación «no está suficiente motivado, porque solo descansa en una declaración testifical que no puede valorar y unas diligencias de investigación que no identifica y que carecen de contenido incriminatorio». «En la causa no existen elementos que permitan atribuir indiciariamente ningún delito a mi patrocinada», insiste.

CRÍTICAS AL JUEZ

En otro escrito, la defensa de Álvarez recurre la decisión del juez de obtener el registro de llamadas recibidas y realizadas desde su móvil al considerar que se trata de «una diligencia restrictiva de derechos fundamentales». Asegura que la medida no está «suficientemente motivada» y afea que no se haya oído previamente a la Fiscalía. «No es que los indicios en que se funda la medida sea insuficientes: es que ni se mencionan», apunta.

En un tercer recurso, también dirigido a la Audiencia Provincial de Madrid, la defensa critica que el juez utilice el contenido de la declaración como testigo de Álvarez para investigarle y recuerda que «está prohibido. Así, reprocha que Peinado ordene registrar las llamadas de la asesora de Moncloa basándose en lo que ella señaló en su testifical e insiste en que es una medida que vulnera los derechos fundamentales de la ahora investigada.

Cabe recordar que Álvarez está citada a declarar, esta vez como investigada, el próximo 26 de febrero. Ese mismo día comparecerá como testigo ante el juez Alfredo González, la persona que habría propuesto el nombramiento en Moncloa de la propia Álvarez.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y su homóloga de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, han mantenido este lunes sendas reuniones con el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, a quien han trasladado la disposición de España de «anticipar» algunas medidas previstas que el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, aprobado en mayo de 2024.

En concreto, según ha informado Interior, el ministro Marlaska ha señalado a Brunner que el Pacto constituye una «absoluta prioridad» para España y le ha asegurado que su aplicación avanza «a buen ritmo y de acuerdo con los plazos previstos», de cara a su entrada en vigor en junio de 2026.

En el encuentro que ha tenido lugar en la sede del Departamento de Grande- Marlaska en Madrid, el ministro ha agradecido al nuevo comisario europeo el diálogo «cercano, riguroso y eficaz» de su equipo y le ha adelantado que en junio ya estará lista la Estrategia Nacional de Migración y Asilo. Además, ha mostrado la disposición de España a «anticipar» algunas medidas del pacto, «pero siempre que se respete el equilibro entre responsabilidad y solidaridad» que ha guiado la elaboración del acuerdo «e integrando elementos de la dimensión exterior».

En relación con Frontex, Grande-Marlaska ha urgido a Brunner a promover la modificación del reglamento de la agencia para facilitar su actuación en el exterior de la Unión Europea. «Consideramos una prioridad que Frontex pueda participar en operaciones en terceros países», ha afirmado el ministro, que ha puesto como ejemplo la misión Hera, «decisiva para afrontar la crisis migratoria desde África occidental en 2006 y 2007».

En este sentido, el titular de Interior ha abogado por un aumento de recursos humanos y materiales para combatir las redes de tráfico en el litoral atlántico, una inversión que se incluya en el próximo Marco Financiero Plurianual, según apuntó el ministro, «y que contemple equipamiento y formación de las fuerzas de seguridad locales.

Elma Saiz también se ha reunido este lunes con Brunner, en la sede de su Ministerio, donde le ha transmitido «el compromiso y la apuesta del Gobierno de España por la integración de las personas migrantes, mediante el fomento de la migración regular y segura y su impacto positivo en la economía», ha informado el Departamento ministerial.

«Somos conscientes de que algunas medidas del Pacto pueden adelantarse y estamos trabajando en hacerlo. Es importante que las medidas adelantadas lo sean tanto en el campo de la responsabilidad como de la solidaridad, dos cuestiones clave para la gestión conjunta y coordinada de la migración en nuestro continente. Sin olvidar que este fue el principio rector que se mantuvo en las negociaciones del Pacto», ha señalado la ministra.

En este sentido, Saiz ha puesto en valor el Plan de Integración y Convivencia Intercultural en el que está trabajando el Gobierno, actualmente abierto a aportaciones de las comunidades autónomas, entidades locales, Tercer Sector y agentes sociales. El objetivo es la integración y la cohesión social, y actuará en una serie de áreas clave como la promoción económica y el empleo, la educación, la salud, servicios sociales, participación ciudadana, género y comunidad LGTBIQ+, entre otras», ha destacado el Ministerio.

«España apuesta por la migración regular y segura, pero sin quitar el ojo al exquisito cumplimiento de los derechos humanos. Este Plan constituye una iniciativa política de primera magnitud que demuestra el éxito de la política migratoria del Gobierno de España», ha afirmado la ministra.

ESTRATEGIA EUROPEA DE SEGURIDAD INTERIOR

Durante la reunión con Marlaska, también se ha abordado la elaboración de la futura Estrategia Europea de Seguridad Interior, impulsada desde la Comisión Europea. En este caso, el ministro ha destacado la importancia de fortalecer las capacidades tecnológicas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y «de garantizar el acceso legal a los datos necesarios» para llevar a cabo investigaciones penales.

El ministro ha entregado al comisario una copia de la declaración conjunta aprobada el pasado viernes en la IV reunión ministerial de la Coalición de Países Europeos contra el Crimen Organizado, celebrada en Cádiz. El texto expone las recomendaciones de los siete países miembros (Alemania, Bélgica, España, Francia, Italia, Países Bajos y Suecia), para su inclusión en la Estrategia de Seguridad Interior de la UE, en ámbitos como la prevención, el blanqueo de capitales, el intercambio de información y los centros logísticos.

Aporta ‘emails’ de Airbnb que confirman el pago del alquiler de dos pisos para «cuatro huéspedes» por 621,98 euros

El presunto conseguidor del ‘caso Koldo’, el empresario Víctor de Aldama, ha entregado al Tribunal Supremo (TS), tal y como le requirió el magistrado Leopoldo Puente, varios documentos para acreditar sus acusaciones. El material incluye ‘emails’ que confirman el pago del alquiler de dos pisos para «cuatro huéspedes», por un total de 621,98 euros, donde dice que habrían tenido lugar los encuentros con «señoritas», si bien sobre estas gestiones dice que nada puede aportar porque se habría encargado el ex asesor ministerial. Estos hechos han puesto de relieve las complicaciones que pueden surgir en la gestión de apartamentos turísticos en Madrid.

De Aldama aseguró en su declaración ante el TS que, como parte de las presuntas comisiones, habría alquilado varios pisos en Madrid para que el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, el ahora ministro Ángel Víctor Torres y el propio Koldo García disfrutaran de encuentros con «señoritas.

De esos pisos, ha aportado correos confirmatorios de Airbnb a su cuenta de ‘email’ del pago de uno ubicado en la calle Atocha por su alquiler entre el 9 y el 10 de noviembre de 2018 por 323,71 euros.

De Aldama también habría pagado 298,27 euros por otro piso en la calle Ayala que la trama habría disfrutado del 15 al 16 de diciembre de 2018. Según la descripción web, era «un apartamento de lujo» de 120 metros con tres dormitorios –uno principal, uno doble y otro con literas–, dos baños y capacidad para seis personas.

Puente también le emplazó a aclarar quién había gestionado esos encuentro con «señoritas» y, en su caso, quién los pago. Sobre esto, De Aldama explica en su escrito que «él no se ocupó ni de dicha gestión, como tampoco de su abono, desconociendo si lo hubo».

«Sin embargo, sí puede afirmar que era el señor Koldo García Izaguirre quien habitualmente se ocupaba de realizar tales gestiones», sostiene, indicando que, de lo publicado en prensa, se sabe que «disponía de contactos de esa naturaleza» en su agenda.

No obstante, adjunta una noticia donde se ve a Torres en un comité federal del PSOE celebrado en Fuenlabrada (Madrid) en esos días de noviembre de 2018 para poner de manifiesto que éste «se encontraba en Madrid». De Aldama hace esa precisión porque, en su comparecencia ante el TS, le situó en «un único encuentro en un piso de la calle Atocha».

UN CHALET PARA DELCY

El empresario también ha aportado capturas de pantalla de la reserva en Airbnb del alquiler de un chalet en la madrileña calle Oquendo en el que supuestamente se iba a alojar la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

De Aldama pagó, según lo aportado, 3.104,15 euros por la reserva para «cinco huéspedes» de ese domicilio entre los días 16 y 23 de enero de 2020, donde estaba previsto que se quedara la mandataria venezolana durante su estancia en España, finalmente frustrada.

«Recordemos que, tal y como consta acreditado, el avión que trasladaba a la vicepresidenta de Venezuela aterrizó en suelo español la madrugada del 19 de enero de 2020, siendo que mi mandante refirió en sus declaraciones prestadas en sede judicial que los días previos a su llegada a España se estuvieron realizando comprobaciones de seguridad, razón por la que la casa fue alquilada para algunos días antes de su llegada», expone la defensa de De Aldama.

LA LETRA Y LA CARA DE KOLDO

Por otro lado, «abundando en lo ya manifestado», envía al TS lo que describe como «dos nuevos documentos de interés para la causa» que ha encontrado en el teléfono móvil que le devolvió el juez que investiga su presunta implicación en otra trama, la de hidrocarburos, sobre la obra pública «preadjudicada».

En el primer documento, con «anotaciones manuscritas» que atribuye a Koldo, se recogerían «determinadas obras ofertadas por la Dirección General de Carreteras y preadjudicadas a cinco determinadas empresas constructoras» que ya mencionó De Aldama en su declaración como imputado ante el TS del pasado 16 de diciembre.

Se trata de un listado impreso que recoge 21 obras en distintas carreteras donde se destacan cuatro –dos en Valladolid, una en Valencia y otra en Asturias– por un total de más de 278 millones de euros. Al margen, en bolígrafo, hay anotaciones que mencionan a varias constructoras y se añade: «Más una, la que quieras».

En cuanto al segundo documento, es un pantallazo «en el que puede verse reflejado el rostro de Koldo». Y «se refiere igualmente a determinados contratos ofertados por la Dirección General de Carreteras».

Consiste en una «Nota sobre los contratos de la DGC con Asignia Infraestructuras» que contiene unas obras de conservación en Castellón por 6 millones de euros y otras para la construcción de un tramo en la provincia de Soria por 30 millones de euros que, según De Aldama, le fue remitida.

LA CONSTRUCTORA AZVI

Por otro lado, se refiere a la constructora andaluza Azvi, de la que dijo que contrató a Koldo como asesor en 2023 para abrir nuevos negocios en América Latina, en base a una relación que se habría fraguado con anterioridad y por la cual la empresa habría conseguido varios contratos de obra públicas del Ministerio de Transportes entre 2018 y 2021.

En concreto, aseveró que Azvi había participado en la obra del ‘Tren Maya’ en México y que pagó 18.000 euros el 9 de octubre de 2019 a la empresa Pilot Club Natación de Sevilla, propiedad de De Aldama, «como compensación por la obra pública adjudicada con su mediación».

El presidente del Grupo Azvi, Manuel Contreras, pidió al Supremo permiso para poder querellarse contra De Aldama por estas afirmaciones, pero Puente se lo denegó indicando que, por ahora, las acusaciones del presunto conseguidor no están «mínimamente contrastadas».

De a cara a la declaración de Contreras como testigo el próximo 27 de febrero, De Aldama aporta «nuevos documentos» que, a su juicio, acreditan la «relación directa» entre ambos por «las licitaciones públicas donde dicha constructora participaba».

Se trata de un correo electrónico que, según De Aldama, se refiere a «un contrato entre Azvi y Grupo Vivir –vinculado al presunto conseguidor– por el que Azvi se reservaba las obras de construcción en el solar del antiguo Club de Natación de Sevilla».

«De este modo entendemos que se regula la relación entre Grupo Vivir y Azvi, teniendo acceso a las entidades financieras para poder intentar conseguir la financiación de 4,5 millones de euros de capital que estáis intentando levantar», reza el ‘email’ enviado el 14 de mayo de 2019 desde Azvi a varios destinatarios del Grupo Vivir, incluido De Aldama.

Para el empresario, este documento corrobora su declaración judicial en cuanto a que «para las constructoras es mucho más fácil contratar obra existente para poder pagar una comisión, o para hacerte una rebaja en esa obra que vaya a realizar, que pagártelo en efectivo».

EL CORREDOR MEDITERRÁNEO

De Aldama asegura al TS que «la relación era tal que, incluso, Azvi remitía las ofertas que se presentaban a la licitación por parte ADIF de los trabajos para la construcción de los tramos de las obras de ejecución del proyecto de construcción de la Plataforma del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almería».

Sobre esto, adjunta una cadena de ‘emails’ de 20 de febrero de 2019, entre los que destaca uno donde Azvi pide a otra empresa su «mejor oferta y carta de compromiso para el suministro extendido y compactado de Mezclas Bituminosas», teniendo en cuenta que «la fecha de presentación de la licitación es el próximo 4/03/19».

De Aldama señala que «escasas horas después, a las 21:09 horas del mismo día, ese correo electrónico, junto con los documentos adjuntos, que contenían las ofertas», le fue reenviado «manteniendo idéntico asunto, si bien, sin texto». Así, insta a Puente a preguntar a Contreras por qué se le remitían estos ‘emails’.