Manuel Marchena, un magistrado conservador que hasta ahora presidía la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, será el nuevo presidente del Poder Judicial. Partido Popular y PSOE han llegado a un acuerdo por el que en lugar de repartirse a medias los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Partido Popular cede uno de ellos, por lo que los progresistas tendrán mayoría en este órgano.
El nuevo presidente del CGPJ iba a ser el presidente y ponente de la sentencia del juicio a los líderes independentistas catalanes, por lo que ahora tendrá que ser sustituido. Ahora se encargará de ello el progresista Andrés Martínez Arrieta, el magistrado más antiguio en esta Sala.
Los negociadores han llegado a un acuerdo claramente más ágil que en anteriores ocasiones porque querían despejar el horizonte judicial en un momento en el que se dilucida el futuro de los políticos catalanes encarcelados.
En cualquier caso, Marchena, al ser elegido presidente del CGPJ, se convertirá también el el presidente del Tribunal Supremo, donde se juzgará a los políticos probablemente por los delitos de rebelión y sedición, aunque no intervenga directamente en el proceso.
El pasado mes de octubre, Marchena fue el que firmó la admisión a trámite la querella contra Carme Forcadell, presidenta del parlamento catalán, y otros miembros de la Mesa del mismo.
Durante su trayectoria en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo destacó la instrucción de causas contra el exmagistrado Baltasar Garzón. Ninguna de las que tuvo en sus manos prosperó, pero Marchena formó parte del tribunal que condenó a Garzón por las escuchas a los abogados del caso Gürtel.
EL DESEMBARCO DE MARCHENA EN MADRID
Marchena desbancó en la Sala de lo Penal al progresista Cándido Conde-Pumpido. Como fiscal trabajó de la mano de Cándido Conde-Pumpido, Fiscal General del Estado con el PSOE y canario como él. A pesar de llegar a la Fiscalía con el PSOE, mantuvo una buena relación en la etapa del Gobierno del PP, en que el fiscal general fue Jesús Cardenal.
El que será nuevo presidente del CGPJ fue el fiscal de Sala más joven y también el más joven magistrado del Tribunal Supremo, ya que alcanzó este puesto con 48 años. Marchena es autor de un libro sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prologado por el exministro del PP Rafael Catalá, precisamente quien ha llevado ahora las negociaciones para la renovación del CGPJ. Marchena también mantiene una buena relación con los exministros populares José María Michavila y Ángel Acebes.
La negociación para la renovación del CGPJ se ha producido cuando su presidente, Carlos Lesmes, ha visto fuertemente erosionada su imagen por la crisis vivida en el Tribunal Supremo por la polémica por el impuesto de las hipotecas. Ahora heredará una Justicia convertida en una auténtica olla a presión.
La Mesa del Congreso decidió ampliar el plazo para la presentación de los candidatos elegidos por esta Cámara hasta el 12 de diciembre de forma improrrogable. Las negociaciones se han llevado a cabo también en un contexto en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio por rotas sus relaciones con el líder popular, Pablo Casado. Tal como matizó Sánchez, esta ruptura no era extensible a la interlocución entre los dos partidos.
Otro posicionamiento significativo de Sánchez ha sido cuando ha manifestado que el poder judicial debe hacer autocrítica por lo ocurrido con la marcha atrás en la doctrina sobre el impuesto sobre las hipotecas. Estas palabras han sido interpretadas como un dardo hacia el actual presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes.
HUELGA DE JUECES
El crispado ambiente judicial tiene su guinda con la huelga convocada para el próximo 19 de noviembre por todas las asociaciones de jueces y fiscales. Con el paro reivindican incrementos salariales y más medios materiales.
En el ámbito de los jueces, la posición de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo que dio marcha atrás en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD), para que lo siguieran pagando los consumidores, fue fuertemente contestada por la progresista asociación Juezas y Jueces para la Democracia. Todo ello sin olvidar que el PP ha pedido la dimisión de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por las grabaciones del excomisario Villarejo.
La elección de Manuel Marchena aparca la posibilidad de que el Poder Judicial fuera presidido por una mujer, como barajaban los socialistas. Encarnación Roca, vicepresidenta del Tribunal Constitucional, era una de las mujeres que lo podría haber logrado. El rango de su posición actual juega a su favor entre los favoritos en el PSOE.
Del total de veinte vocales, ocho han sido preseleccionados por las asociaciones judiciales. En esta lista ha sido Gema Espinosa, magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona y esposa de Pablo Llarena, instructor de la causa contra los líderes independentistas catalanes, la que ha conseguido más apoyos entre sus compañeros de la judicatura.
PODEMOS Y CIUDADANOS
A pesar de que los dos principales partidos son suficientes para sacar adelante la votación, los equilibrios parlamentarios que sostienen al Gobierno podrían llevar a que alguno de los vocales fuera propuesto por los grupos que apoyan al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Esto podría llevar a la jueza Victoria Rosell a formar parte de ellos, cuya candidatura estaría apoyada por Unidos Podemos, de cuyo grupo fue diputada. En todo caso, este no es un punto crítico en la relación entre este grupo y los socialistas. Ciudadanos no comulga con el actual sistema de elección, ya que propugna que los vocales sean elegidos sin participación del Parlamento.
El nuevo CGPJ posiblemente funcione con la reforma en trámite parlamentario que rebajará en parte el carácter presidencialista que tiene actualmente. Esto será así debido a que su comisión permanente será rotatoria y, por lo tanto, no será cercana de forma estable al presidente de la institución.
