EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Diecisiete tesoreros y responsables financieros estatales han pedido a la SEC que elimine las normas de divulgación climática de la era Biden, que obligan a las cotizadas —incluidas las españolas— a reportar emisiones de gases de efecto invernadero.
- ¿Quién está detrás? La carta, liderada por el tesorero de Utah, Marlo Oaks, y respaldada por cargos electos del Partido Republicano, fue remitida antes de la fecha límite de comentarios del 3 de agosto.
- ¿Qué impacto tiene? La eliminación de la norma ahorraría unos 4.900 millones de dólares al año a las empresas, aligerando costes de divulgación para grupos como Inditex, Santander o Iberdrola, con intereses directos en el mercado de capitales estadounidense.
Washington sigue ajustando el reloj regulatorio. Diecisiete responsables financieros de otros tantos estados republicanos han remitido una carta a la SEC (la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos) para que derogue definitivamente las normas de divulgación climática aprobadas en 2024 bajo el mandato de Joe Biden. La petición no es simbólica: se produce en pleno proceso formal de revisión de la agencia, que ya dejó de defender la norma en los tribunales tras la llegada del presidente en funciones Mark Uyeda y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
¿Qué exigen los estados y qué coste tiene para las empresas cotizadas?
La misiva, a la que ha tenido acceso Blaze Media, insta a la SEC a «rescindir las Normas Finales» —así se denominan técnicamente— por considerarlas una «expansión ilegal del estado administrativo» que lastra el crecimiento económico del sector privado. Los firmantes gestionan decenas de miles de millones de dólares en fondos públicos de pensiones e inversiones estatales, por lo que su sensibilidad a los costes corporativos es directa. «Cada dólar que pagan las empresas por estas revisiones medioambientales se lo están detrayendo a los accionistas, incluidos los beneficiarios a los que servimos», argumentan.
Las reglas climáticas, adoptadas en marzo de 2024 pero nunca aplicadas por la cascada de recursos judiciales, exigían a las sociedades cotizadas —también a las extranjeras que cotizan en bolsas estadounidenses— medir y publicar sus emisiones de gases de efecto invernadero, así como otros indicadores vinculados al cambio climático. Para una compañía española con negocio en Nueva York, eso implicaba duplicar esfuerzos: cumplir con la taxonomía verde de la UE y, además, con los formularios norteamericanos. Los costes se disparaban.
Ahorro de 7.900 millones y el fin de una «expansión ilegal» del regulador
El cálculo que la propia SEC incluyó en su análisis económico es contundente: derogar las Normas Finales generaría un ahorro anualizado de aproximadamente 4.900 millones de dólares, y un ahorro total acumulado del orden de los 7.900 millones. Son cifras que los firmantes, como el tesorero de Utah Marlo Oaks, subrayan para exigir que la agencia vuelva a su «papel adecuado de regulador financiero neutral». Oaks añade que «durante años, el movimiento ESG intentó usar la SEC para imponer mandatos de divulgación que iban mucho más allá de la información financiera material».
La ofensiva no es aislada. Se suma a la cascada de desregulaciones que Trump ha impulsado en su segundo mandato, incluyendo la anulación por parte de la EPA de la declaración de peligro climático de la era Obama, que desde 2009 catalogaba el CO₂ como contaminante. Jason Isaac, director del American Energy Institute, lo resume así: «Los burócratas de Washington no deberían usar la regulación financiera para presionar a las empresas hacia políticas ESG de extrema izquierda que el Congreso nunca aprobó».
Eliminar las normas de divulgación climática supondría el mayor alivio regulatorio para las cotizadas europeas en Wall Street desde la reforma Dodd-Frank.
Las normas permanecen en los libros, aunque la agencia las congeló en abril de 2024 y, en marzo de 2025, el presidente en funciones de la SEC declinó defenderlas ante el Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito. La carta de los diecisiete estados se presentó antes de que venciera el plazo de comentarios del 3 de agosto, que ya ha concluido. Si la SEC formaliza la rescisión, se borraría un legado regulatorio que nunca llegó a entrar en vigor.
La Lógica de Washington
Desde dentro del sistema político americano, la maniobra tiene una lectura clara: devolver la agencia a su mandato fundacional de proteger a los inversores y velar por la integridad del mercado, sin convertirse en un brazo ejecutor de políticas climáticas que el Congreso no ha legislado. El sector republicano lleva años denunciando que la divulgación ambiental obligatoria es una forma de regulación por la puerta de atrás, que impone costes de cumplimiento desproporcionados y que carece de base legal sólida. No es una guerra contra el clima: es una defensa visceral del principio de que las agencias federales solo pueden exigir aquello que la ley les autoriza expresamente.
El precedente más parecido es el de la era Reagan, cuando la SEC derogó varias normas sobre información no financiera que la administración anterior había introducido vía interpretación administrativa. Entonces, como ahora, se argumentó que esas exigencias excedían el mandato del regulador y que la transparencia material —la relevante para el inversor— no incluía externalidades ambientales. A ese marco se aferra hoy la mayoría conservadora.
Para España, el impacto es doble. Por un lado, las grandes cotizadas con ADR (American Depositary Receipt) o con doble listing —Santander, BBVA, Iberdrola, Inditex o Ferrovial— dejarían de enfrentar costes de reporte duplicados. Por otro, la divergencia regulatoria con la UE se acentúa, lo que obliga a los equipos de cumplimiento a navegar dos mundos cada vez más separados. La Moncloa no se ha pronunciado oficialmente, aunque fuentes del sector financiero consultadas por esta redacción ven con alivio la desaparición de un trámite que no añadía valor para el inversor americano. El ahorro estimado de 4.900 millones anuales —de los que una parte corresponde a empresas extranjeras— se trasladaría directamente a los resultados y, por tanto, a los accionistas.
La proyección inmediata es que la SEC publique la derogación formal antes de que acabe el año, una vez analizados los comentarios recibidos. Si así ocurre, la administración Trump habrá conseguido, en apenas dos años, desmantelar la arquitectura climática que Biden intentó tejer desde el regulador bursátil, con un coste político casi nulo en casa y una recepción pragmática en las empresas europeas que cotizan en Wall Street.
Ficha del Caso
- El caso: Diecisiete tesoreros y contralores republicanos piden a la SEC que elimine las normas de divulgación climática de 2024, que exigían a las cotizadas reportar emisiones de CO₂ y métricas climáticas. La norma, nunca aplicada, sigue vigente formalmente.
- Datos clave: Ahorro anual estimado de 4.900 millones de dólares, total de 7.900 millones. La carta se presentó antes del 3 de agosto de 2026, fecha de cierre de comentarios. La SEC dejó de defender la norma en tribunales en marzo de 2025.
- Para España: Grandes cotizadas como Santander, Iberdrola o Inditex verían desaparecer costes de reporte duplicados. Se acentúa la distancia regulatoria entre Washington y Bruselas, lo que sigue tensionando los departamentos de cumplimiento.
