Las empresas gallegas se ahorran 194 millones de euros cada año gracias a las horas extra que no pagan ni compensan con descanso, según un informe del sindicato CCOO elaborado con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Cuatro de cada diez horas extra realizadas en Galicia no reciben contraprestación alguna.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Un informe de CCOO con datos de la EPA revela que en Galicia se trabajan 347.000 horas extra cada semana, y el 40% no se pagan ni se compensan.
- ¿Quién está detrás? El sindicato Comisiones Obreras, que denuncia «explotación laboral» y señala a la Xunta por su política sobre absentismo.
- ¿Qué impacto tiene? Las empresas se ahorran 194 millones de euros anuales, equivalentes a 3.400 puestos de trabajo a jornada completa que no se crean.
347.000 horas extra cada semana: el mapa de la precariedad laboral en Galicia
El estudio de Comisiones Obreras detalla que el 5,7% de la población asalariada gallega realiza horas extra de forma habitual. Son casi 55.000 personas las que prolongan su jornada de manera regular, y de ellas, más de 25.000 no reciben compensación económica ni en tiempo de descanso.
El cálculo del ahorro empresarial se obtiene aplicando el coste laboral medio del informe estatal. En Galicia, esto supone cerca de 7.700 euros anuales por persona que se dejan de percibir entre salario y cotizaciones sociales. La cifra global —194 millones— equivale, según el sindicato, a 3.400 empleos a jornada completa que el tejido productivo gallego no está generando.
La radiografía por sectores muestra una concentración llamativa. Cuatro actividades agrupan casi la mitad de las horas extra no remuneradas: educación (15,4% del total), actividades sanitarias y servicios sociales (13,2%), industria manufacturera (10,1%) y hostelería (8,9%). Sectores con alta presencia femenina y, en varios casos, con fuerte dependencia del presupuesto público autonómico.
El sindicato no se limita a la denuncia estadística. Califica la situación de «explotación laboral» y subraya que estas prácticas persisten a plena luz del día pese a las sucesivas reformas normativas aprobadas para atajarlas. La paradoja es evidente: se legisla contra la precariedad, pero el goteo de horas no pagadas sigue marcando la realidad de miles de trabajadores gallegos.
El informe añade una capa de lectura institucional. Mientras los datos de horas extra no remuneradas se mantienen estructurales, la Xunta de Galicia (el gobierno autonómico, presidido por el popular Alfonso Rueda) ha puesto en marcha un plan para limitar las bajas laborales que ha encontrado el rechazo frontal de médicos y centrales sindicales.
Casi 25.000 personas en Galicia trabajan horas extra de forma habitual sin recibir un euro a cambio, y el ahorro para las empresas equivale a 3.400 empleos que nadie va a crear.
La Xunta, en el punto de mira de los sindicatos
CCOO ha sido especialmente crítico con lo que considera una doble vara de medir. «Mientras la patronal y ciertos actores políticos, como la Xunta, insisten en criminalizar a la clase trabajadora por el mal llamado absentismo, empresarios sin escrúpulos continúan realizando a plena luz del día este tipo de prácticas», recoge el sindicato en su análisis.
La referencia alude directamente al plan de la Xunta para reducir las bajas por incapacidad temporal, una iniciativa que el ejecutivo autonómico defiende como herramienta de eficiencia y que los sindicatos interpretan como un ataque a los derechos de los trabajadores. El debate, además, se produce en un contexto de negociación estatal sobre la reducción de jornada y el refuerzo del registro horario.
El coste político para la Xunta puede ser limitado a corto plazo —gobierna con mayoría absoluta desde 2009—, pero el informe de CCOO introduce un argumentario que la oposición, encabezada por el BNG (Bloque Nacionalista Galego) y el PSdeG (Partido Socialista de Galicia), puede utilizar en el Parlamento de Galicia (la cámara legislativa autonómica con 75 diputados).
El Laboratorio Gallego
Galicia funciona a menudo como banco de pruebas de políticas que después escalan al debate nacional. En este caso, la contraposición entre el discurso oficial de la Xunta sobre el absentismo y la realidad de las horas extra no pagadas ofrece un ángulo que trasciende lo autonómico. El PP nacional, con Alberto Núñez Feijóo al frente, ha mostrado reticencias hacia la reducción legal de la jornada laboral impulsada por el Gobierno central, y el argumentario de flexibilidad y control del gasto público que defiende la Xunta en Santiago encaja con esa posición.
La dimensión nacional del caso gallego no es menor. Mientras en Madrid se discute si la jornada máxima debe bajar de las 40 horas semanales, en Galicia los datos de la EPA demuestran que casi 55.000 personas trabajan por encima de ese umbral, y la mitad de ellas sin cobrar. La brecha entre el marco legal y la práctica cotidiana es uno de los grandes temas pendientes del mercado laboral español, y Galicia aporta cifras que ilustran la magnitud del problema.
De cara a los próximos meses, el informe de CCOO puede alimentar tanto el debate parlamentario autonómico como la negociación de los presupuestos de la Xunta para 2027. La oposición ya ha pedido la comparecencia del conselleiro de Emprego, y el calendario político gallego —sin elecciones autonómicas hasta 2028— ofrece margen para un debate sosegado, pero también para que el desgaste se acumule en un gobierno que ha hecho de la gestión económica su principal bandera.
Ficha del Caso
- El caso: Un informe de CCOO elaborado con datos de la EPA revela que en Galicia se trabajan 347.000 horas extra cada semana, y cuatro de cada diez no se compensan ni con salario ni con descanso.
- Datos importantes: 194 millones de euros de ahorro anual para las empresas; 25.000 trabajadores no cobran sus horas extra; los sectores de educación, sanidad, industria y hostelería concentran casi la mitad de los casos. Coste por persona: 7.700 euros anuales en salario y cotizaciones perdidas.
- Resumen: La precariedad laboral en Galicia convive con el debate nacional sobre la jornada laboral y muestra una brecha entre la regulación y la práctica que afecta a miles de trabajadores. El informe añade presión a una Xunta que prioriza el control del absentismo frente a la inspección de las horas extra no pagadas.
