Los principales partidos políticos de España han presentado sus propuestas económicas de cara a las próximas elecciones generales del 28 de abril, entre las que se incluyen algunas vinculadas con el sector del automóvil, y que se centran en el impulso de los vehículos eléctricos y la infraestructura de recarga. Aunque ni siquiera en estos terminan de estar de acuerdo, y eso que existe del consenso de que la sociedad debe ir a una progresiva electrificación de la economía.
Así, las elecciones generales llegan en un momento difícil para el sector del automóvil, que acumula siete meses a la baja de matriculaciones de turismos y todoterrenos, y en el que el consumidor no sabe qué coche comprar debido a la incertidumbre generada en torno a los motores de combustión.
La producción española de automóviles también encadena cuatro meses de caídas y las principales asociaciones del sector denuncian que una transición acelerada hacia la electrificación puede poner en peligro la competitividad de las fábricas.
En España se producen 42 modelos diferentes en la actualidad y en los próximos 18 meses tendrán lugar 15 nuevas adjudicaciones. Además, las factorías nacionales pasarán en menos de dos años a ensamblar 13 vehículos de energías alternativas, frente a los cinco que producen en la actualidad.
El sector del automóvil factura más de 64.000 millones de euros al año, supone el 10% del PIB del país y engloba al 9% de la población activa. Ante estos datos, la automoción ha reclamado en distintas ocasiones prudencia a la estampa política antes de lanzar mensajes que puedan crear incertidumbre y desconfianza en el consumidor.
PROPUESTAS
De cara a las elecciones generales del próximo 28 de abril, el PSOE recoge en su programa electoral el Plan Estratégico de Apoyo Industrial al Sector de la Automoción, con el que el partido socialista propone 2.634 millones de euros para acompañar al sector en su proceso de transición hacia un nuevo modelo de movilidad sostenible, conectada e inteligente.
Asimismo, para lograr una movilidad más eficiente y sostenible, Pedro Sánchez contempla acompañar el Marco Estratégico de Energía y Clima con la elaboración de la Estrategia de Movilidad Sostenible, para dar respuesta a retos como la lucha contra el cambio climático, el incremento de la desigualdad en las oportunidades de movilidad, la transformación digital del transporte y la necesidad de planificación y eficiencia de las inversiones en la infraestructura de transporte.
El PSOE durante su paso por el Gobierno ha impulsado el vehículo eléctrico, pero a medias
Sánchez certificó el pasado mes de febrero que el anteproyecto de Ley de Cambio Climático del PSOE recogerá 2040 como fecha límite para permitir la matriculación y venta de coches que utilicen combustibles que emitan CO2 (diésel y gasolina e híbridos), ya que el objetivo será llegar a 2050 con un parque de turismo y vehículos comerciales ligeros sin emisiones de dióxido de carbono (CO2).
En diciembre del año pasado, el PSOE relanzó el contrato de relevo (una figura una figura de especial incidencia para el sector de la automoción) a través de un Real Decreto Ley de Medidas Urgentes, por el que se prorroga hasta el 1 de enero 2023 la aplicación de la normativa relativa a la jubilación parcial con simultánea celebración de contrato relevo, dado que el 31 de diciembre de 2018 finaliza el plazo de aplicación de la Disposición Transitoria cuarta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
REFORMA DEL IMPUESTO DE CIRCULACIÓN
Por su parte, el programa con el que Partido Popular afronta las próximas elecciones incluye un cambio en la fiscalidad para la adquisición de vehículos nuevos, con medidas como la reforma de la tasa de circulación (transferida a los ayuntamientos) para los vehículos nuevos matriculados, de forma que se fijará en función de las emisiones y del consumo energético de los automóviles.
También destaca entre las medidas del partido que lidera Pablo Casado el rechazo a las prohibiciones de los vehículos de combustión, de forma que deben ser la evolución tecnológica y las decisiones de los consumidores las que marquen el ritmo de sustitución de unas tecnologías por otras.
En esta línea, el texto refleja la intención del PP de aprobar planes, tanto de carácter autonómico como local, para la renovación de los vehículos que tienen un mayor nivel de emisiones contaminantes, al tiempo que prevé apoyar las inversiones en I+D+i de las industrias y ampliar las ayudas a la instalación de infraestructura de recarga y los recursos destinados a la financiación de los vehículos eléctricos. Otra de las propuestas de la formación de Génova es garantizar un «marco jurídico estable» en el conjunto de la cadena de valor del sector del automóvil. Igualmente, asegura que impulsará el establecimiento de un marco regulatorio para el vehículo autónomo y que promoverá la sustitución, en los municipios, de los vehículos de transporte público contaminantes por otros de cero emisiones, como parte de su compromiso de promocionar la movilidad eléctrica desde y dentro de la Administración Pública.
